Viejas recetas

Recuerdo cuando en los años 70 circulaban pegados en los parabrisas de algunos autos stickers con la frase “achicar el Estado es agrandar la Nación”.

Se le atribuye al Ingeniero Álvaro Alsogaray, quien fuera ministro de economía, fundador del partido Unión del Centro Democrático (UCD), que agrupó, principalmente a empresarios y jóvenes de clase media y alta que defendían los modelos de libre mercado.

Al igual que en estos tiempos, parte de la agenda política pasaba por reducir el tamaño del Estado mediante la reducción de su intervención, como moderador de las relaciones entre privados y privatizando empresas públicas.

Diversas circunstancias políticas, particularmente, la sucesión de gobiernos militares con una visión más nacionalista, postergaron el achicamiento de las incumbencias públicas.

En los años 90, junto con el primer mandato de Carlos Menem, el espíritu privatizador retomó impulso, concretando en este caso, varias acciones que condujeron a la desintervención del estado y a la venta de empresas públicas.

Una de las principales críticas que se le hicieron a aquel modelo privatizador fue permitir a los compradores endeudar a las empresas para recuperar rápidamente sus inversiones

Un papel fundamental ocupó el Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos, quien diseñó la estructura jurídica de las privatizaciones. Una de sus frases más famosas fue “Nada de lo que deba ser estatal seguirá en manos del Estado”, oportunamente pronunciada en el acto que dió inicio al proceso de ventas de empresas públicas.

Para ubicar este momento histórico, Argentina acababa de salir de un proceso de hiperinflación, iniciando el plan de convertibilidad (una cuasi dolarización) y el mundo miraba con expectativa a aquel caudillo riojano que cautivó con gran carisma tanto a los Estados Unidos como a Rusia.

Sin embargo, los inversores internacionales demandaron importantes concesiones para adquirir los activos estatales.

Entre alguna de ellas podemos mencionar:

● El pago con bonos defaulteados que se tomaban a valor nominal, de esta forma el valor realmente erogado para comprar las empresas era considerablemente menor.

● La preparación previa de las compañías en cuestiones financieras y laborales, es decir que, la reducción de las nóminas de personal, la cancelación de deudas y cualquier otra cuestión como pudieran ser las deudas fiscales, quedaron del lado de los vendedores, es decir el estado Nacional.

● Incremento de tarifas, para el caso de los negocios relacionados con servicios públicos, tales como generación y distribución eléctrica, telecomunicaciones, distribución de gas o agua, los argentinos comenzamos a pagar las tarifas más altas de la región, duplicando, en algunos casos las que se abonaban por servicios similares en países vecinos.

Una de las principales críticas que se le hicieron a aquel modelo privatizador fue permitir a los compradores endeudar a las empresas para recuperar rápidamente sus inversiones, de hecho, en algunos casos, los compradores recuperaron el total invertido en menos de dos años.

Años después, el mismo Dromi confesó que si hubieran restringido en algo las holgadas condiciones que aceptaron, probablemente las empresas no se habrían vendido.

Indudablemente, invertir en Argentina demandó y demandará concesiones y condiciones superadoras a las que puedan acceder otros países.

En el pasado reciente, concretamente, durante la presidencia de Mauricio Macri, se propusieron alternativas para que los privados inviertan en obras de infraestructura para brindar servicios públicos.

Los resultados de estas acciones fueron mixtos, al menos, en apariencia.

Por el lado de las PPP, en referencia a la participación público y privada, los proyectos relacionados con infraestructura vial y eléctrica fracasaron pues las condiciones de financiamiento y los precios de las obras, y por ende de las tarifas que el gobierno debía garantizar volvía mucho más cara esta alternativa.

Otros programas que alcanzaron relativo éxito fueron las distintas rondas de RenovAr, de gran impacto en la promoción de las energías renovables.

Sin embargo, las concesiones que hizo el país para seducir a inversores locales e internacionales fueron onerosas y extraordinarias, repasando algunas destacamos:

● Contratos de compra de energía garantizados por 20 años. En el mundo estos proyectos se hacen a riesgo de los inversores y la venta de energía sigue el curso de la oferta y demanda, lo mismo que los precios que se pagan por ella.

Indudablemente, invertir en Argentina demandó y demandará concesiones y condiciones superadoras a las que puedan acceder otros países.

● Precio asegurado durante todo el plazo contractual en función a la energía disponible. El mercado global paga, principalmente, la energía efectivamente suministrada, es decir que los proyecto de RenovAr, significaron un flujo de fondo estable y permanente.

● Cross Default, que es una cláusula típica de contratos de deuda que permite al acreedor exigir la cancelación de la deuda si el deudor incumple otro contrato de deuda que tenga firmado. En este sentido, posiciona al contrato de servicio con similar garantía soberana que proporciona un bono o una deuda con un organismo multilateral.

● Ventajas arancelarias para los suministros importados, que ingresaron con excepciones impositivas, en trámites aduaneros abreviados y con acceso a tipos de cambio oficiales en momentos en los que habían importantes brechas cambiarias.

● Foder, o Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables, que cuenta con los fondos aportados por el tesoro nacional y créditos del Banco Mundial para garantizar los pagos por la compra de energía.

Claramente migrar de la inversión pública a la privada, al menos, en lo que en materia de infraestructura representa, será difícil y costoso.

Los antecedentes crediticios y de cumplimiento de contratos de nuestro país nos dejan, al menos por un buen rato, fuera de estos mercados. Algo reprochable a la dirigencia política en general, que un día aprueban endeudarse y al poco tiempo celebran dejar de pagar.

Es por eso, que en estas circunstancias, achicar el estado implica retroceder en materia de inversión pues Argentina ha dejado de ser sujeto de crédito voluntario, nadie quiere invertir en condiciones y tasas internacionales. Sólo los audaces, propensos al riesgo y codiciosos, en busca de beneficios extraordinarios podrían venir. Algo que significa mayores costos para todos nosotros, obviamente, si los cobran.

En el mundo crediticio tarde o temprano todo se paga.

Mientras que algunos argumentan que la reducción del Estado puede conducir a una mayor eficiencia y crecimiento económico, otros sostienen que puede llevar a una mayor desigualdad y a la pérdida de servicios públicos esenciales. Por lo tanto, la interpretación y la valoración de esta frase pueden variar dependiendo de las perspectivas económicas y políticas individuales.