Las intervenciones sobre los mercados de granos, carnes y lácteos promovidas en los últimos 20 años, incluida la gestión de Alberto Fernández, provocaron pérdidas de ingresos en empresas y productores y frenaron inversiones y la creación de puestos de trabajo en el campo y la agroindustria argentinos. Por ello, el sector apoyó la decisión del presidente Javier Milei de disponer la “prohibición de prohibir exportaciones” mediante modificaciones al Código Aduanero incluidas en el mega-DNU 70/2023.
Concretamente, el Artículo 142 modifica el Artículo 609 del Código, por lo cual “el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos”, sino que “solo se podrán realizar por Ley”.
Especialistas en comercio interior y referentes de cadenas de valor del sector agroindustrial advirtieron que la medida estimula nuevamente la inversión y facilita la promoción de contratos entre privados, sin mediar intervención futura oficial. En la última década, prohibiciones y restricciones llevaron a una contraccion de la participación argentina en el comercio mundial y frenaron la inversión y la producción local de alimentos por falta de precios y rentabilidad.
Inventario de pérdidas
La exportación de carne mantiene desde fines del 2021 la prohibición de exportar 7 cortes “populares”. La suba de la carne alarmó al gobierno del Frente de Todos en el último trimestre de 2021, tras fuertes aumentos registrados en los valores de la hacienda que venía muy retrasada. Esto llevó al Ministerio de Agricultura, en ese momento a cargo de Julián Domínguez, a disponer el cierre de la exportación de carne previo a las fiestas de fin de año. La medida alcanzó a la llamada Vaca China (Categoría D y E), producto que no se consume localmente y que solo se vendía a China. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), calculó que por estas restricciones el sector perdió ingresos por USD 100 millones mensuales.
Dicha prohibición y el exceso de materia prima provocaron también una abrupta y rápida caída en los precios de la carne vacuna de hasta el 30% en el orden doméstico. Frigoríficos, matarifes y productores abrieron una negociación con el gobierno que concluyó con la imposición de cupos de exportación en el arranque del 2022, vigentes hasta fines de 2023. El acuerdo fijó también un listado de “7 cortes populares” que no se podían exportar: asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío.
Discusiones similares se dieron en rubros como los granos, principalmente trigo y maíz, y también en los lácteos. Hasta el 31 de diciembre estaba vigente la aplicación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), creado en marzo de 2022 durante la gestión de Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio. Para subsidiar la compra de la bolsa de harina de trigo 000 común de 25 kilos y abaratar el precio del pan en las panaderías se dispuso gravar con mayores impuestos a los subproductos de la soja. Una política objetada por la exportación oleaginosa y por el mismo sector molinero.
Ya a mediados de diciembre de 2021, el gobierno de Fernández instrumentó un mecanismo llamado “Volúmenes de equilibrio en trigo y maíz”, con la aplicación de un sistema similar a las cuotas exportables, con el objetivo de “cumplimentar la demanda del mercado argentino” este tipo de productos. Así fue puesto de manifiesto en la Resolución 276/2021 del Ministerio de Agricultura de la Nación. Este tipo de prácticas, se mantuvieron hasta el presente año, y a juicio del sector privado redundaban en quita de competitividad y distorsiones en el mercado granario, pues afectaban la decisión de venta de los productores e impactaban negativamente la exportación.
Durante la gestión de Sergio Massa en Economía, el programa Precios Justos llegó a administrar hasta 52.300 productos en las góndolas. Estos precios, durante períodos de 3 meses, sólo podían aumentar 5% mensual. Allí también figuraron los lácteos. Las empresas del sector denunciaron fuertes retrasos en sus precios minoristas, que aumentaban por debajo de la inflación general. A raíz de una fuerte crisis de la lechería, el gobierno aceptó a finales de 2023 suspender el cobro de las retenciones del 9% en la leche en polvo y del 4,5% en quesos para devolver competitividad a la exportación láctea, que no trasladó este diferencial al sector primario. El motivo fue el cumplimiento de un acuerdo con el gobierno para no ajustar precios en góndola durante el cuarto trimestre del 2023.
Alivio para la agroindustria
Según lo que consta en el decreto publicado el jueves en el Boletín Oficial, todas estas regulaciones y programas dejarán de existir. José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) y coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), aseguró que el hecho de que no se permita más restringir el comercio “exterior ofrece tranquilidad y transparencia, y permite establecer contratos de largo plazo con clientes del exterior”.
También explicó que en el sector agroindustrial impactará la desaparición de los cupos para exportar trigo, maíz y carnes. Aseguró, además, que “hay que recordar que el otrora Ministerio de Agricultura de la Nación fijaba un cupo anual de lo que se podía exportar como trigo y maíz”.
En declaraciones a Infobae, Martins comentó que “se levantan también todos los fideicomisos, creados en algún momento por las autoridades nacionales, para proteger la Mesa de los Argentinos, cosa que nunca dio resultado porque eso no se trasladó a precios. No solo no lo hicieron, sino que generaron un extra costo en toda la industria que pasó al costo de procesamiento y que terminó pagando el productor”.
En la misma línea, Martín Biscaisaque, presidente de la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), aseguró que para la cadena de trigo, la liberación del comercio exterior va en línea con el pedido de quitar restricciones cuantitativas, cupos y volúmenes de exportaciones. “Algo que tuvo que enfrentar la cadena de valor de los granos durante los últimos veinte años. Hoy toda la cadena está haciendo un análisis detallado con sus técnicos y asesores sobre las medidas adoptadas: lo cual es amplio y difícil de cuantificar”, expresó.
Frente a las medidas propuestas por el Gobierno de avanzar con una liberalización de los mercados externos, Biscaisaque expresó que “queda por delante trabajar para lograr una mayor fluidez, y utilización, del mercado a término para gestionar riesgo de precio y abastecimiento. Hay que recordar que, con precios fijados a través del mercado, Argentina nunca se quedó sin trigo para su mercado interno, incluso en años críticos”.
Caída en el comercio
Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, ponderó la decisión oficial de frenar toda prohibición que regía sobre el comercio exterior, y también posibilidad de que toda regulación sea cambiada por un funcionario, al considerar que “esto va a mejorar la capacidad que tendrá las empresas de relacionarse, a través de vínculos regulares y sistémicos con el mundo a través de contratos entre privados”.
“Esto da previsibilidad a las empresas para hacer planes a largo plazo. El comercio internacional no es solo ir, vender, cobrar y volver al país. Por la adopción de un régimen comercial más regulacionista, la Argentina perdió un 25% de su participación en el comercio internacional total en los últimos veinte años”, explicó a Infobae.
Asimismo, el especialista agregó que la decisión de la gestión Milei de adoptar la eliminación de las prohibiciones, provee a las empresas locales, a través de la posibilidad de cerrar contratos con particulares en el exterior, de la iniciativa de generar, no solo comercio, sino también más inversión, y también alianzas estratégicas e intercambio de conocimiento.
Elizondo también legitimó la decisión oficial de “garantizar que a futuro ningún funcionario pueda prohibir una exportación, lo que se presenta como lo más valioso”, ya que recordó que en los últimos años “se afectaron exportaciones de muchos rubros, sobre todo del sector agropecuario, para atender la situación de la Mesa de los Argentinos”.
El especialista refirió que la imposición de trabas al comercio externo “llegó a perder inversiones directas extranjeras”. Recordó que “en el 2001, Argentina tenía un sistema de comercio internacional más fluido y menos obstructivo. El país generaba el 0,41% de todo el comercio mundial, mientras que durante el 2022 y 2023, dicho porcentaje decreció al 0,31% y 0,25%.
Solo en materia de inversión directa extranjera, el país pasó, según datos organismos, de un stock del 0,9% en el 2001 a un nivel actual del 0,2%. “Argentina fue el país con menor ratio de comercio exterior en su relación con el Producto Bruto Interno en toda América Latina. Claramente, el sistema obstruccionista, ha generado muy malos resultados para el país”, cerró el especialista.
Pérdidas registradas
Nelson Illescas, director del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INA), aseguró que “toda prohibición a la exportación genera un perjuicio en el precio doméstico” del bien o producto que sufre una imposición para su comercio al exterior.
Allí, recordó, “casos paradigmáticos” como el empleo de los Registros de Operaciones de Exportación, conocidos como ROEs, para cereales como trigo y maíz, y también para los lácteos y carnes: “donde Mauricio Macri los eliminó, y el gobierno de Fernández, impuso los volúmenes de equilibrio, que en la práctica, funcionaban como cuotas o restricciones encubiertas, donde productos como el maíz uno de los principales afectados”.
“La aplicación de ROEs, provocó también que cayera la superficie sembrada tanto en trigo como en maíz y cuando se eliminaron estas medidas ambos cultivos comenzaron a recuperar en gran medida las hectáreas pérdidas”, explicó Illescas.
Por su parte, David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), recordó que solo en el 2021, con el cierre de las exportaciones cárnicas, “los productores ganaderos perdieron $ 6.500 millones por mes, solo por el efecto precio de la hacienda con destino a faena”. También, refirió que, con el freno impuesto por la gestión de Fernández a dichas ventas al exterior, entre finales del 2021 y comienzos de 2023, “el país perdió ingresos por unos USD 100 millones mensuales” por la no exportación de carne vacuna.
“Estos son ejemplos que explican la importancia que tiene para el agro la decisión de imposibilitar la toma de futuras restricciones a la exportación, y en especial para la actividad agropecuaria en la Pampa Húmeda. Esto es lejos lo más importante de todo el DNU 70/2023. Hace a la columna vertebral de lo que requiere como previsibilidad la producción y la exportación” del sector agrícola y pecuario, explicó Miazzo.
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