En Chilpancingo, Guerrero, las autoridades locales y federales desmantelaron una red de trata de personas en la que colaboraba un funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Identificado como Lorenzo "N", el trabajador administrativo detectaba a las mujeres de preparatoria y universidad y las "señalaba" a sus cómplices como posibles víctimas de secuestro y explotación sexual.
Las autoridades pudieron actuar gracias a que una de sus víctimas pudo escapar de la casa donde mantenían a las jóvenes privadas de su libertad, ubicada en la calle El Roble de la colonia Juan Álvarez.
Al huir del lugar, la muchacha pidió ayuda a los vecinos, quienes la acompañaron al Ministerio Público para presentar la denuncia y declarar que ella y otras mujeres habían sido secuestradas y sometidas a explotación sexual.
Después de rendir su declaración, las autoridades resguardaron a la mujer en un lugar seguro, apoyada por personal de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública.
Las policías ministerial y estatal, así como la fiscalía y el Ejército montaron un operativo inmediato para evitar la huida de los traficantes.
Mientras esperaban la orden de cateo para ingresar a la casa donde mantenían ocultas a las mujeres, las fuerzas federales instalaron un cerco de vigilancia para evitar cualquier intento de fuga de los secuestradores.
Esa misma noche, las autoridades entraron al inmueble y rescataron a otras cinco mujeres, entre ellas tres menores de edad. Las víctimas fueron identificadas como María y Gabriela, ambas de 17 años; Dafne de 24, Gabriela de 16 y Yossimar de 18.
Además detuvieron a dos hombres que estaban en el lugar. Uno era Lorenzo "N", administrativo de la universidad. En el sitio también había drogas con las que mantenían sedadas a las mujeres y material para grabar video.
Las víctimas declararon a las autoridades que los hombres las obligaban a grabar videos pornográficos y a prostituirse. Además, dijeron que las drogaban en contra de su voluntad.
El 23 de enero Lorenzo "N", quien trabajaba en la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública de la UAGro, fue vinculado a proceso por los delitos de corrupción de menores y lenocinio.
Actualmente está en prisión preventiva sin derecho a fianza, por la gravedad de los cargos.
Las autoridades también investigan el papel del funcionario universitario en la red de trata de personas y si esta banda está vinculada con el caso de Unali Montserrath Nava Landin, una joven estudiante de la misma universidad universitaria, que desapareció el pasado 15 de enero.
Javier Saldaña Almazán, rector de la UAGro, pidió llegar a fondo en la investigación para deslindar la responsabilidad del ahora ex funcionario universitario.
Aseguró que no solaparía al trabajador, a pesar de conocerlo desde hace 10 años y de que la familia del detenido le pidió intervenir.
Los familiares alegaron que la mujer que escapó de la casa de seguridad en realidad era su pareja, pero que habían tenido una discusión. También afirmaron que una de las mujeres que fue rescatada era su amiga.
La Escuela Superior de Gobierno emitió un comunicado deslindándose de las posibles actividades delictivas de Lorenzo "N".
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