Como lo indican muchos diagnósticos y las percepciones de las millones de personas que cotidianamente tienen contacto con las escuelas, los pendientes de nuestro sistema educativo son muy grandes. Aunque hemos logrado una cobertura casi universal desde los cuatro años hasta la finalización de la secundaria, hoy uno de cada dos estudiantes de tercer grado no está adecuadamente alfabetizado y al concluir la secundaria no comprende textos.
En el contexto de profunda crisis económica, social y política que atraviesa el país, tenemos que encarar las deudas más elementales y estratégicas. En las leyes, las campañas electorales o las propuestas de los expertos, solemos plantear múltiples objetivos, tan ideales como inalcanzables en cuatro años de gobierno. Hay que asumir el dolor de priorizar. Emprender el camino de la mejora sistémica de la educación se parece menos a una revolución que a la construcción de una catedral. Paradójicamente, la enorme cantidad de frentes en juego podría ayudar a simplificar la agenda.
En este camino, tres objetivos parecen cruciales en la educación obligatoria, no como agenda exclusiva pero sí priorizada por ser bases indispensables para poder aprender, para aprender otros saberes y para potenciar las capacidades específicas de cada persona y ampliar sus oportunidades de inserción en el mundo del trabajo.
En primer lugar, mejorar las condiciones materiales y el clima de trabajo en las escuelas: reparar las urgencias edilicias; atender las acuciantes situaciones de vida de los estudiantes desde desarrollo social, justicia o salud; digitalizar los procesos administrativos y pedagógicos; reducir el ausentismo de docentes y estudiantes; limitar la rotación de docentes entre escuelas; maximizar el tiempo de aprendizaje; dotar a las escuelas de insumos didácticos esenciales; velar por ambientes institucionales de cuidado y convivencia; incluso prohibir el celular. Las posibilidades de enseñar y aprender se encuentran hoy alteradas por múltiples emergencias, conflictos, demandas, interrupciones y distractores: hay que garantizar bases mínimas para poder enseñar y aprender.
En segundo lugar, mejorar la escucha, la expresión oral, la lectura y la escritura desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Establecer objetivos de aprendizaje indispensables por año escolar, continuar la dotación de libros de texto por estudiante, implementar evaluaciones censales periódicas para lograr el seguimiento oportuno del aprendizaje y ofrecer mejor formación a los docentes en ejercicio. La oferta dispersa de cursos alejados de la práctica sobre temáticas variadas y calidad dispar podría reemplazarse por un sistema regulado y convergente de formación continua. Es nodal propiciar además la colaboración entre colegas en cada escuela y formar a los directores con foco en la mejora de la lectoescritura. El dominio del lenguaje es esencial para la construcción del pensamiento, la comprensión del mundo y el desarrollo de otras capacidades.
En tercer lugar, acercar la secundaria al mundo del trabajo. Hoy sólo 26% de los jóvenes de 25 años o más cuenta con nivel universitario completo o incompleto. Mientras este porcentaje se amplía, urge generar instancias donde los jóvenes puedan identificar sus capacidades e intereses, conocer las alternativas del mundo del trabajo y concebir un proyecto de vida. Más específicamente, las ofertas de formación profesional más requeridas en cada contexto -desde peluquería o construcción hasta turismo, programación o energías renovables- podrían expandirse, diversificarse y articularse mejor con la educación secundaria. Cuánto mejor estaría la secundaria si lograra que todos los egresados comprendieran textos, tuvieran una formación útil para su futuro laboral, y lograran definir pilares para su proyecto de vida.
Si la “agenda minimalista” planteada en los tres puntos anteriores se lograra -al menos en parte- durante los próximos cuatro años, tendríamos luego mayores desafíos por encarar.
Para esto, en las gestiones que vienen sería importante también mejorar las capacidades del Estado en el nivel nacional y provincial. Planificar, lograr un federalismo más horizontal, equitativo y ejecutivo, producir y usar información digital nominal, lograr mayor eficiencia en la inversión, conformar equipos técnicos sólidos,, robustecer el rol de los supervisores y directores de escuela y desarrollar en los ministerios un liderazgo más distribuido y profesional son sólo algunos de los avances que podrían alcanzarse.
Hay que salir de la “programitis” y del “regar y rezar”. El abanico infinito de programas específicos para cada problemática y tema del sistema educativo debe dar lugar a políticas con mayor foco traccionadas con metas cuantificadas. Además de prioridades y estrategias claras, hay que monitorear el impacto a tiempo. La información nominal oportuna puede generar un cambio copernicano. No todo es un problema de inversión. Contar con los recursos necesarios es una condición necesaria pero no suficiente. Pasar de las políticas de ampliación del sistema a las de calidad no es fácil, tampoco imposible. Así lo muestran algunos estados nacionales y subnacionales de la región que lo están logrando.
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