Luego de haber cerrado las dos licitaciones de mayo que dejaron como saldo un financiamiento neto, es decir por encima de las obligaciones de pago, de $502.000 millones, el Ministerio de Economía comenzó a trabajar en las últimas horas en la estrategia para junio y el segundo semestre. En esa hoja de ruta que trazan en los despachos oficiales asoma como medida posible para las próximas semanas un nuevo canje de deuda en pesos que apuntará a descomprimir los vencimientos entre junio y agosto. En total suman más de 6 billones de pesos.
En el horizonte del programa financiero, junio será el último mes con un porcentaje de vencimientos de bonos en moneda local con presencia relevante del sector privado. En total vencen $1,05 billones, que la Secretaría de Finanzas encabezada por Eduardo Setti deberá cubrir con dos operaciones de colocación de títulos a lo largo del mes.
De todas formas, una idea que surgió con fuerza y que el equipo económico explorará desde la semana próxima en conversaciones con bancos y fondos comunes de inversión, según pudo saber Infobae, es reabrir el canje de bonos de junio (ya que los vencimientos de ese mes ya habían ingresado en la última operación de conversión en marzo pasado). Y extender la intención de alargar plazos de pago para las obligaciones de julio y agosto. La suma es más alta para ese bimestre: 5,2 billones de pesos, de los cuales 3,42 billones corresponden a julio.
En el horizonte del programa financiero, junio será el último mes con un porcentaje de vencimientos de bonos en moneda local con presencia relevante del sector privado. Vencen $1,05 billones en total.
Hay, para esos dos meses, un bemol que hace que un eventual canje sea menos “exigente” que otras ocasiones. La mayor parte de esa tenencia de títulos y de esos vencimientos está en manos del propio sector público, del cual la enorme mayoría, esperan en los despachos oficiales, ingresen a un eventual canje. Así, solo quedaría un tira y afloje con una porción menor que son los tenedores privados.
En las oficinas que siguen de cerca las licitaciones y la relación mano a mano con los inversores aún no arriesgan qué porcentaje de adhesión sería el ideal en caso de largar de inmediato una convocatoria a conversión de títulos como los que ya realizó Finanzas en agosto y noviembre del año pasado y también en marzo, este año.
Sucede que todavía deben aplicar, los técnicos de ese área, lo que en la jerga suelen llaman “los rayos”, esto es, que las pantallas financieras les devuelvan la información sobre quién y cuánto tiene de los bonos que pueden ser canjeados. Recién con esa información, y tras hacer un “mapeo” completo de la situación, en Economía saben con qué interlocutor sentarse a discutir un canje de esta naturaleza.
En términos generales, los funcionarios consultados aseguran que ven posible estirar la mayor parte de esos vencimientos más allá de este año, y que queden así pagaderos en 2024 y 2025, una alternativa que fue concretada ya en la operación de conversión de marzo y luego con la reapertura de distintas licitaciones de bonos indexados a inflación o dólar con esos plazos.
Los funcionarios consultados aseguran que ven posible estirar la mayor parte de esos vencimientos más allá de este año, y que queden así pagaderos en 2024 y 2025
Para el segundo semestre la ecuación de la primera mitad del año -la mayor parte de los vencimientos era con tenedores privados y la menor, con públicos- se invierte. Para eso, en Finanzas todavía mantienen sobre la mesa una opción que está en estudio desde hace algunas semanas pero que aún no fue activada y que implicaría un canje masivo de bonos en manos de organismos oficiales con vencimientos largos, entre 2026 y 2027.
Sergio Massa debatió con sus funcionarios dos cuestiones elementales sobre un plan de esa naturaleza: timing, es decir, en qué momento sería conveniente avanzar, y con qué modalidad podría tener lugar. No sería lo mismo, especulan en despachos oficiales, hacer una conversión forzosa por decreto con instrumentos que tengan una tasa determinada que, por el contrario, hacerla a tasas y precios “de mercado”, una operación que podría ser más onerosa para el Tesoro.
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