Luego del remezón que causó la fallida integración de la aerolínea Viva Air con Avianca, debido a las condiciones desfavorables por parte de la Aeronáutica Civil, más de 5.000 trabajadores de esta compañía pidieron este lunes 15 de mayo al Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, que sean beneficiarios de auxilios estatales para solventar su situación económica.
Los trabajadores, por intermedio de Carlos Roncancio, que tomó la vocería, hicieron un urgente llamado para que puedan acceder a beneficios como la renta ciudadana y otras medidas de protección laboral ante esta contingencia.
“Les pedimos a las autoridades una renta básica para los trabajadores que hoy quedan cesantes, para que permitan esa sustentabilidad de sus necesidades, para que le permita abordar sus necesidades primarias que garantizan la vida, la salud y la sana convivencia como derechos humanos fundamentales para todos”, dijo Roncancio en diálogo con Blu Radio.
En el grupo de personas que se quedó sin empleo por cuenta de esta decisión, hay trabajadores que registran discapacidad física y mujeres embarazadas, quienes tendrían dificultades al momento de buscar un nuevo trabajo. Por tal motivo, esperan que desde el Gobierno se autorice la entrega de ayudas a estos exempleados de Viva.
De esos 5.000 trabajadores, cerca de más 820 tenían vínculo directo con la aerolínea. Otra de las alternativas que plantearon es que algunos de ellos puedan ser reubicados en otras compañías del sector; aunque las ofertas laborales no alcancen a cubrir toda la demanda que se registró con este descalabro de Viva Air.
La decisión de Avianca
Y es que el sábado 13 de mayo, Avianca sorprendió al país al anunciar que la esperada integración con Viva Air no se llevaría a cabo, debido a lo que consideran fueron las trabas impuestas por la Aeronáutica Civil, que impedirían no solo que “Viva sea una aerolínea financiera y operativamente viable, sino incluso podrían poner en riesgo la estabilidad de Avianca y del sector”.
Entre los condicionamientos, según Avianca, estaba el asumir obligaciones, rutas, y demás compromisos a “precios que no coinciden con las capacidades restantes de Viva luego de dos meses de suspensión de operaciones”, expresó la compañía
En especial, cuando se le exigía la entrega de más slots en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, aun cuando habían manifestado su intención de poner a disposición de sus competidores más del 75% de slots de Viva, y más de 72% de los slots en franjas consideradas premium.
“Esto haría que Viva sea inviable económicamente, y se contradice de manera explícita con otros condicionamientos que requieren que Viva continúe dando conectividad en las rutas históricas donde era el único operador, y que se proteja a los pasajeros afectados por el cese de operaciones de Viva, que según cifras oficiales superan los 500.000″, resaltó Avianca en su comunicado.
La respuesta de la Aerocivil
Al respecto, la autoridad aeronáutica del país indicó que si bien esta decisión representa un golpe al mercado, el país cuenta con una variada oferta para suplir la demanda de vuelos.
“Los datos muestran una demanda resiliente que atrae a las aerolíneas a suplir los espacios de oferta cedidos por Viva Air y así continuar generando la dinámica que permite retornar al camino del crecimiento”, señaló la Aerocivil en un comunicado de ocho puntos, con el que pretendió enviar un mensaje de tranquilidad a los colombianos.
Al punto que recalcó que el aeropuerto El Dorado deberá permitir el acceso de nuevas aerolíneas que quieran operar en el territorio nacional, además de la “conectividad turística y un equilibrio desde el consenso de las visiones del ecosistema aeronáutico en la asignación de slots”.
Eso sí, dejó en claro que la Secretaría de Autoridad Aeronáutica de la entidad, ante la solicitud, flexibilizó al máximo los condicionamientos, a fin de viabilizar la continuidad de Viva Air dentro de lo que denominó una organización integrada, “respetando los derechos de los pasajeros y los escenarios mínimos requeridos para garantizar un entorno de competencia y protección al usuario”. Pese a la decisión de final de no adelantar la integración.
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