Las cinco cámaras de empresas de colectivos que operan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enviaron este miércoles una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que lo instaron a cumplir antes de que termine la semana con el compromiso de actualizar las cuentas del costo de mantener la actividad, en busca de redeterminar los subsidios que reciben las compañías para cubrir la diferencia entre el precio del boleto que pagan los pasajeros y el costo real del servicio. El reclamo tiene lugar tras el conflicto entre el Gobierno nacional y las provincias por el recorte de las transferencias destinadas al transporte del interior.
De lo contrario, advirtieron, no están en condiciones de garantizar el acuerdo salarial firmado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que está en riesgo la continuidad del servicio en los próximos días. De hecho, fuentes privadas indicaron que algunas líneas ya trabajan con frecuencias reducidas, algo que no se nota tanto por las vacaciones de verano, y que esa dinámica podría profundizarse en el corto plazo. El AMBA es el segundo sistema de transporte más grande del mundo, con 50.000 trabajadores y más de 10 millones de usuarios diarios.
El pedido quedó plasmado en una carta documento que enviaron las cinco cámaras empresarias de la región (Aaeta, cetuba , ceap, ctpba, y ceutupba) al titular del Palacio de Hacienda. “El reciente aumento del boleto mínimo a $270 en la zona del Amba implica una tarifa promedio de 200 pesos por usuario luego de todos los descuentos que hay por boleto integrado y atributo social. El Estado aporta 400 por viaje en una cuenta que no se actualiza desde noviembre cuando se calculó con precios de la economía de agosto y septiembre. O sea hoy se percibe $600 pesos por viaje cuando el costo es de 1000 pesos”, explicaron.
En ese sentido, apuntaron contra el “incumplimiento” del Gobierno de su compromiso por reconocer mayores ingresos a las líneas para cubrir los costos de operación y avisaron que en los próximos días podría interrumpirse de manera significativa el normal funcionamiento. “No se cumplió el compromiso de actualizar las cuentas y la determinación de subsidios luego del ajuste de tarifa y la paritaria firmada con UTA con lo cual los operadores no tienen forma ni medios materiales para cumplir lo acordado con UTA ni siquiera garantizar la continuidad de los servicios en los próximos días”, alertaron.
En definitiva, las líneas de colectivos del AMBA sostienen que el pasaje mínimo actual de $270 apenas cubre el 20% del costo real de cada viaje, una mejora respecto al 10% en el que finalizó 2023 pero que comienza retrasarse a medida que pasan los meses por el efecto de la suba de costos y las paritarias.
“El incumplimiento del Estado de su propio marco normativo en un sector que no fija precio por su actividad pone en riesgo la continuidad de los servicios en el 2do sistema de transporte de colectivos más grande del mundo que emplea a 50.000 trabajadores y transporta más de 10 millones de pasajeros diarios”, afirman las cámaras empresarias.
Según pudo reconstruir Infobae, el compromiso del Gobierno fue reconocer mayores ingresos a las empresas para cubrir la diferencia entre el costo del pasaje actual y lo que pagan los usuarios. Las firmas reciben $400 por pasaje, el boleto promedio cubre $200 (teniendo en cuenta los descuentos por Red SUBE y tarifa social ) y el costo estimado por las cámaras es de $1.000, por lo cual hay una diferencia de 400 pesos.
“Ya hay líneas que funcionan con servicio reducido, pero no se nota porque estamos en verano. Cuando empiecen las clases en marzo podemos tener un problema serio. Una paralización fuerte en el AMBA es un riesgo para los próximos días si no hay al menos un gesto desde el Gobierno”, dijeron fuentes del sector.
Según consta en el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el gasto en subvenciones al transporte totalizaron en 2023 unos $951.987 millones con un incremento del 4,2% respecto al año anterior en términos reales. Casi la mitad de esos recursos ($479.216 millones) fueron destinados al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).
Justamente, del FFSIT se destinaron $353.815 millones, el 73%, para las compensaciones tarifarias previstas al transporte público automotor de pasajeros del AMBA, 18,6% más que el año anterior descontando la inflación. En tanto, el interior del país recibió a través del Fondo Compensador del Interior, que la Secretaría de Transporte eliminó, unos $102.000 millones, el 27%, con un crecimiento del 9% real frente a 2022. Como el Presupuesto fue prorrogado, se espera que esas partidas sean iguales durante este año al menos que el Poder Ejecutivo.
Justamente, esa es la asimetría de la que las provincias mantienen quejas desde hace tiempo y que ahora se profundizará a partir de la eliminación de las transferencias.
La intención del Palacio de Hacienda es reducir aproximadamente un 35% en términos reales las subvenciones al transporte durante 2024. La hoja de ruta prevista con el FMI arrojó un ajuste equivalente a 0,2 puntos del PBI, con un horizonte de eliminación en un plazo de tres años. Pero para eso los incrementos deberán ser mucho mayores al IPC, si es que se quiere recortar la asistencia, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.
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