¿Se puede seguir licuando el haber de los jubilados?

En estos días el Congreso está discutiendo, entre muchos otros temas del proyecto de “Ley Ómnibus”, si la licuación de los haberes jubilados se sigue intensificando o si se detiene e incluso se les empieza a devolver algo de lo “robado” por la inflación.

Al cierre de 2023, y luego de 6 años de fórmulas de movilidad perjudiciales, los jubilados han sufrido una licuación salvaje de sus haberes que ronda en promedio el 50%, con un castigo adicional -inmoral e injusto- para los que han cumplido con los 30 años de aporte que exige la ley, o muchos más.

Parecería que el Gobierno, en su afán de lograr superávit fiscal durante el año en curso, considera que todavía se puede seguir “tirando de la cuerda” de los jubilados. Esto está claro cuando se advierte que ha expresado que pretendía una reducción del gasto jubilatorio de 0,4% del PBI para 2024. Con un PBI que este año se proyecta va a caer entre 2% y 3%, este objetivo implica reducir en más del 5% el desembolso previsional en moneda constante.

La idea original, cuando se propuso en el proyecto de “Ley Ómnibus”, la suspensión de la movilidad jubilatoria y ajustar en forma discrecional priorizando a los beneficiarios de más bajos ingresos, parecía ser de seguir “ajustando” a los haberes medios y altos.

Parecería que el Gobierno, en su afán de lograr superávit fiscal durante el año en curso, considera que todavía se puede seguir “tirando de la cuerda”

Presionados por los sectores dialoguistas de la Cámara de Diputados, ahora propone aplicar una última vez en marzo la fórmula vigente de movilidad jubilatoria y luego seguir con ajustes mensuales automáticos por inflación a partir de abril. Se aplicaría el último dato disponible del Indec, con lo cual correspondería empezar por la inflación de febrero (que se conocerá a mediados de marzo).

Esta propuesta implica aceptar un poco más de “robo” a los jubilados, para luego mantenerlos en esa posición sin ningún tipo de recomposición por el daño infligido hasta ahora.

La magnitud del ajuste adicional que van a sufrir los jubilados depende de la inflación de enero y febrero, pero queda claro que como el ajuste del 20,87% correspondiente al trimestre diciembre 2023 a febrero 2024 quedó ampliamente consumido por la inflación de diciembre (25,5%), cabe esperar una pérdida adicional en el poder de compra del orden del 25/30 por ciento.

Resulta difícil entonces que el Congreso avale una propuesta que profundiza el ajuste que ya han sufrido los jubilados. Además, tampoco se dice qué tratamiento van a recibir a partir de marzo (cuando se aplique por última vez la fórmula de movilidad) los jubilados que en enero y febrero cobran un bono de $55.000 para así llegar a un haber mínimo de 160.713 pesos.

Propuesta alternativa

Algunos sectores del Congreso están proponiendo una solución alternativa consistente en ajustes mensuales por inflación, retroactivos a partir de enero. Esta propuesta también presenta varios problemas técnicos:

1. Las jubilaciones de enero ya están en curso de pago y difícilmente el Gobierno acepte pagar un retroactivo sobre la base de la inflación de diciembre (la última que se conoce por ahora);
2. Las jubilaciones de febrero deberían ajustarse por la inflación de diciembre porque la inflación de enero sólo se va a conocer el 14 de febrero cuando ya se han liquidado casi todos los haberes mínimos y los restantes están en curso de pago; y
3. En marzo debería aplicarse la inflación de enero, pero al mismo tiempo se va a comparar el valor acumulado en febrero y marzo con lo que daría la actual fórmula de movilidad y se debería utilizar el mayor valor (presumiblemente el que resulte del ajuste mensual) para evitar un escándalo si se diera la inversa. Ya, a partir de abril, se ajustaría con la inflación de febrero, aunque quedaría a resolver el tema de los bonos.

Las jubilaciones de febrero deberían ajustarse por la inflación de diciembre

Estos comentarios ponen en evidencia que no se puede diseñar una nueva fórmula de movilidad a la ligera sin analizar previamente todas las eventuales consecuencias.

Algunas ideas

1. Si se quiere el menor rezago temporal posible se debería aplazar el pago de todas las prestaciones jubilatorias (sobre todo las mínimas) para que se empiecen a liquidar a partir del 20 de cada mes (cuando ya se conoce la inflación del mes anterior).
2. Otra opción es pagar los haberes sin diferir las fechas actuales y realizar una segunda liquidación al finalizar cada mes pagando un retroactivo por la inflación del mes anterior.
3. Se podría establecer una fórmula de movilidad por inflación para las jubilaciones que se obtuvieron cumpliendo con los 30 años de aporte, o más, y otro mecanismo para el resto de las prestaciones.
4. En el mediano plazo se debería reemplazarse el ajuste mensual por IPC General por un índice inflacionario que represente mejor el aumento en el costo de vida que sufren los jubilados. El Indec debería desarrollar un índice que tenga en cuenta la evolución del costo de una canasta específica de consumo de los pasivos (con mayor incidencia de medicamentos, por ejemplo).
5. Con altas inflaciones es correcto que el ajuste sea mensual, pero cuando el país se vaya normalizando esto no va a ser necesario y se podría establecer que la movilidad se aplique trimestralmente o cuando la variación del índice supere el 10%, lo que suceda antes.
6. Debería proponerse una recomposición gradual de la pérdida del poder de compra ocasionada a los haberes que superan la mínima. Sería justo empezar recomponiendo a los jubilados de más de 80 años de edad.

El Gobierno debería presentar sus ideas para la puesta en marcha un nuevo sistema previsional. Varios especialistas han mostrado sus preferencias por “transicionar” gradualmente hacia el modelo sueco de cuentas nocionales, adaptado a la realidad económica, social y laboral de la Argentina.

El detalle de cómo operaría este esquema será objeto de un futuro artículo.

El autor es Actuario y Experto en Temas Previsionales