La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental obtuvo una sentencia condenatoria contra Juan Carlos Hernández Soto por pesca ilegal con explosivos en la Reserva Nacional de Paracas, la reserva marina más antigua del Perú con 335 mil hectáreas, ubicada en la provincia de Pisco, dentro del departamento de Ica.
De acuerdo Actualidad Ambiental —portal de noticias de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental—, el delito tuvo lugar el 16 de abril de 2021, y la sentencia fue dictada el 30 de mayo por el fiscal Carlos Ochoa Flores.
Sentenciado deberá pagar 10 mil soles
Hernández Soto fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión suspendida y deberá pagar una reparación civil de 10 mil soles. Según FEMA Ica, el delito fue tipificado bajo el artículo 308°-B del Código Penal, que sanciona la extracción ilegal de especies acuáticas utilizando métodos prohibidos, en este caso, explosivos.
Como se recuerda, el uso de explosivos para la pesca está prohibido por el numeral 8 del artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca. Esto debido a que afecta gravemente al ecosistema marino, dañando hábitats y disminuyendo las poblaciones de diversas especies acuáticas.
Sin embargo, a pesar de la legislación vigente, la práctica de pesca con explosivos continua. Según guardaparques de la Reserva Nacional de Paracas, el 18 de julio del año pasado se detuvo a dos personas realizando pesca ilegal con explosivos en la playa Carhuaz.
Además, otro hecho similar fue reportado en el litoral de la provincia de Huarmey, donde pescadores utilizan explosivos para capturar cabrilla, chita y lisa.
¿Cuáles son los impactos de la pesca con explosivos?
De acuerdo a especialistas en la materia, los impactos ecológicos de esta práctica incluyen la destrucción de hábitats marinos y la alteración de la cadena alimentaria, lo que afecta no solo a las peces, sino también a otras formas de vida marina y a los pescadores artesanales que dependen de estos recursos.
Asimismo, el manejo de explosivos es extremadamente peligroso y puede causar accidentes fatales o lesiones graves en mamíferos marinos, aves y otros animales por las explosiones.
Por ello, uno de los principales desafíos legales en la lucha contra esta actividad es la cuantificación del daño ambiental, ya que las penas suelen basarse únicamente en la captura encontrada en las embarcaciones. En ese sentido, es necesario que el Gobierno implemente un enfoque más integral para sancionar este delito que contemplen una mejor fiscalización y sanciones respecto al daño total contra el ecosistema marino.
¿Se considera una forma de crimen organizado?
Sí. De acuerdo a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la pesca con explosivos —capaz de matar peces en un radio de hasta 200 metros, de acuerdo al Instituto del Mar del Perú (Imarpe)— en el país puede ser vista como una forma de crimen organizado. Esto debido a que podría involucrar proveedores de explosivos, pescadores y compradores conscientes del origen ilegal del producto.
Según una investigación realizada por Santiago Bullard, periodista y escritor con más de diez años de experiencia en investigación en temas de medio ambiente, biodiversidad y cultura, algunos pescadores sospechan que los cartuchos de dinamita provienen de los campamentos mineros informales en zonas como Palpa (Ica) y Secocha (Arequipa), donde el control sobre los explosivos es mínimo.
Este hecho que develaría la facilidad con la que se pueden obtener estos materiales en las regiones mineras, generando una conexión estrecha entre la minería informal y la pesca ilegal en la costa peruana.
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