En México 110,985 personas fueron reportadas como desaparecidas desde 1964 hasta el 22 de agosto de 2023, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO). Se trata de un indicador de la inseguridad que ha marcado el día a día de toda la sociedad mexicana durante al menos las últimas seis décadas.
Los acontecimientos han tenido un impacto no solo en las familias que están sin información acerca de la ubicación de sus seres queridos, sino también en toda la nación. Diversos grupos organizados en el país, algunos vinculados al narcotráfico y otros formando parte de una estrategia política de represión estatal, están enviando a toda la sociedad un mensaje difícil de leer.
Esta situación ha sido analizada por Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, investigador graduado de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien a través del artículo de investigación “Historia de la desaparición en México: perfiles, modus y motivaciones” -publicado en la revista académica Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en 2017- revela los inicios de la desaparición en México, así como el perfil de las víctimas y el modus operandi.
El principio del terror
El estudio reveló que la desaparición forzada inició en Guerrero en la comunidad de Atoyac de Álvarez, cuando el ejército nacional persiguió a algunos opositores de izquierda del Partido de los Pobres, especialmente a aquellos que radicaban en municipios rurales y sureños.
Sin embargo, la estrategia se extendió por toda la entidad federativa y posteriormente en todo el país. El primer registro documentado sobre desaparición forzada en territorio mexicano es la de Epifanio Avilés Rojas quien fue detenido por autoridades militares el 19 de mayo de 1969 en Coyuca de Catalán en Guerrero. Posteriormente, en la década de los 70, el escenario recrudeció tras el inicio de la “Guerra Sucia”, lo que comenzó como una práctica focalizada de represión se extendió por todo México.
Años 80: desaparición de agentes estatales
Si bien es cierto que hasta la década de los 60, las detenciones y desapariciones habían ocurrido siempre de la mano de los militares para los años siguientes el panorama cambiaría radicalmente.
De acuerdo con Rodríguez Fuentes, fue este el momento en el que se involucraron otras agencias estatales como la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que fungió como célula de investigación a aquellas personas que el Estado consideraba peligrosas, en su mayoría estudiantes de entre 14 y 30 años, de acuerdo con datos del Comité Eureka.
Para los años 80 se sumaron las policías federal y estatales, e incluso autoridades municipales. Y el perfil de las víctimas se modificó apuntando a lo que parecía un ajuste de cuentas dentro de las instituciones públicas, pues alrededor de 30 desapariciones de agentes estatales militares y de seguridad pública se registraron entre 1982 y 2001.
La guerra contra el narco como hito
De acuerdo con el informe del entonces presidente Enrique Peña Nieto, la guerra contra el narco, impulsada por Felipe Calderón Hinojosa, había dado pie a graves abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Y en el Plan Nacional de Derechos Humanos de 2014, se reveló que había al menos 22 mil personas de las cuales no se sabía su paradero desde el 2006.
Sin embargo, sucesos como los de Lagos de Moreno y Ayotzinapa son el reflejo de la continuidad y desbordamiento de lo que comenzó siendo una estrategia estatal. Actualmente, los perpetradores de la desaparición forzada tienen un rostro difuso, pues hay poca claridad de la interrelación entre el crimen organizado y las fuerzas armadas.
Por otro lado, el perfil de las víctimas se modificó. De acuerdo con datos del Comité Eureka, las desapariciones de mujeres y niñas – que oscilan los 10 a 25 años- han incrementado durante la última década, mientras que los casos de desaparición de hombres se han mantenido constantes.
A finales del 2022 el estado con mayor registro de personas desaparecidas fue Jalisco -con más de 14 mil denuncias- de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en consonancia con una cartografía tensa del crimen organizado.
Estas son algunas de las conclusiones sobre el desarrollo de la desaparición forzada en el país, sin embargo, tanto el investigador Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, como colectivos independientes de investigación, como Comité Eureka o los grupos de madres buscadoras- advierten que los datos públicos cuentan un fragmento de la historia pero hay muchos otros indicadores que se desconocen producto de la no denuncia por parte de los familiares de las víctimas, por lo que los detalles más agudos de esta problemática continúan sin ser revelados.
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