Falta poco más de un mes para la Marcha del Orgullo 2023 y Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, no responde a la solicitud de los organizadores para que el evento finalice, como es tradición, en la emblemática plaza San Martín. Este año, la diversidad enfrenta otros escenarios hostiles en un país donde al menos seis de cada diez integrantes de la comunidad LGBTI ha sufrido violencia y discriminación.
La manifestación que reivindica los derechos del colectivo ocurrirá en el séptimo mes de gestión de López Aliaga, un político de ultraderecha contrario al feminismo y al enfoque de género; y en medio de la polémica elección del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien ha calificado la homosexualidad como “deformidad” y, durante su primer discurso ante el Congreso, pidió a la presidenta Dina Boluarte redefinir “el rumbo de los derechos humanos”.
“Con estos escenarios, es imprescindible que nuestras voces sean escuchadas en las calles. Lo último que ha acontecido con el defensor sienta un grave precedente y, desde la comunidad, solo nos impulsa a pedir que el Congreso reevalúe la elección”, señaló Jorge Apolaya, representante del colectivo Marcha del Orgullo.
En diálogo con Infobae Perú, el activista remarcó que las expresiones de Gutiérrez “contravienen sus propias funciones” y, sobre todo, amplifican la desinformación, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en 1990, pese a que todavía 70 países la consideran ilegal.
Apolaya también advirtió que, hasta el momento, la administración de López Aliaga no ha atendido las dos solicitudes cursadas por los organizadores, en las que piden autorización para que la Marcha del Orgullo concluya, como sucede desde hace dos décadas, en uno de los principales emblemas del centro de Lima.
“La primera de estas cartas fue enviada el 22 de marzo y la otra el 4 de mayo, pero aún no hay respuesta oficial, ni una llamada, ni un correo. Debemos remarcar que las marchas públicas y pacíficas no están prohibidas”, indicó el activista.
“De momento hemos hecho un trámite con el ministerio del Interior [para que brinde las garantías en torno a la seguridad, cierre de vías y no afectación del tráfico], con lo cual podamos recibir no solo a personas LGBTI, sino a familias completas, autoridades y hasta representantes de embajadas. Porque la marcha empodera y es una oportunidad para cuestionar la legislación homófoba y transfóbica”, continuó.
Apolaya hizo mención que, con otras gestiones, “la respuesta fue pronta o indicaban que el pedido se derivaría al despacho correspondiente para iniciar los trámites”. Una dilación de este tipo podría ser vista como un rechazo anticipado.
“Tomaremos alguna decisión en cuanto tengamos alguna respuesta, pero hay que decir, desde ya, que la Municipalidad quedaría mal ante el mundo si se opone a la marcha. Una negativa no aportaría a la construcción de su imagen a todo nivel. Solo en sociedades donde se reprime la libertad de expresión se hacen este tipo de prohibiciones. Contra cualquier escenario, la marcha se realizará el 1 de julio a las 15:00 horas desde el Campo de Marte”, ratificó.
La misma Defensoría ha invocado a la comuna limeña a dar una repuesta célere. “Consideramos fundamental su apoyo para un entorno seguro en la marcha [y] debe cumplir su ordenanza n.° 2160-2019, que prohíbe la discriminación, en especial contra la comunidad LGBTI, vulnerable a estas situaciones”, expresó el organismo en un comunicado difundido en Twitter.
La plaza San Martín se encuentra en una zona intangible para manifestaciones que pongan en “riesgo la seguridad y la salud pública” en el Centro Histórico, según una declaratoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima elevada en febrero pasado.
La medida se enmarcó en el contexto de las protestas antigubernamentales y por pedido del burgomaestre, quien dijo que es un paso trascendental para convertir la capital en un centro de atracción turística a escala mundial. La decisión, sin embargo, generó críticas por parte de organizaciones que la consideran una afrenta al derecho a la reunión protegido por la Constitución.
En una entrevista con El Comercio cuando fue candidato presidencial, López Aliaga declaró que “toda la doctrina de género que viola los derechos de la niñez” sería “exterminada”, pues “ese enfoque de género es una ideología que destroza a las familias, la vida y la inocencia de los niños”.
En 2016, la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio ya había denegado el uso de la plaza San Martín para el término de la Marcha del Orgullo, sin motivos técnicos y/o legales, según denunciaron los organizadores. Cuando asumió el cargo de Lima, López Aliaga juró por dios y por el propio Castañeda.
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