El proyecto de ley que envió este martes al Congreso el presidente Javier Milei tiene un capítulo completo dedicado a reformas en el sector de la energía. En el texto se prevén cambios en la Ley de hidrocarburos, en el marco regulatorio del gas natural y la energía eléctrica, la unificación de los entes reguladores, la liberación del precio de las tarifas, la derogación del concepto que indica que autoabastecimiento energético es “objetivo prioritario”, la privatización de YPF y la continuidad en las retenciones que paga el sector.
También contempla una nueva normativa para los biocombustibles y en la legislación ambiental que incluye un mercado de derechos de emisión de Gases Efectos Invernadero (GEI).
Desde que comenzó el nuevo Gobierno, la señal que se le dio a las empresas del sector energético es que habrá una liberalización en los precios y en los controles que mantenía el Estado en un sector estratégico para los próximos años. Allí se jugarán no solo el ingreso y la salida de divisas del país, sino que además será fundamental en el objetivo de ajuste fiscal que plantea La Libertad Avanza.
Por caso, se modificó el artículo tres de la Ley de Hidrocarburos que preveía como objetivo principal “satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos manteniendo reservas que aseguren esa finalidad”. Ahora los objetivos principales serán: “Maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades del país”.
(JUAN IGNACIO RONCORONI/)
Por otro lado, el proyecto contempla que el Estado no podrá tener control sobre los precios internos, industrialización y comercialización de los hidrocarburos que extraigan las empresas. Eso incluye a todas las etapas de la producción, por lo que, por ejemplo, no podría volver a fijarse un tope al valor de las naftas.
“En el caso de empresas estatales éstas podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, esto es a las correspondientes paridades de exportación o importación según corresponda”, añade la norma en línea con la visión oficial sobre lo que deberá hacer YPF con sus precios.
“Los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, conforme la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo, quien establecerá las condiciones para su efectiva entrada en vigencia”, reza el texto.
El proyecto pide la derogación de la Ley 26.741, que había sido sancionada en 2012 por el Congreso, por la cual se había declarado de interés público nacional el “autoabastecimiento de hidrocarburos” a través de la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Ahora Milei busca privatizar la empresa y este es uno de los pasos en ese sentido.
“Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica”, agregaron.
En cuanto a las tarifas, habrá un nuevo marco regulatorio para el gas natural y la electricidad. En ambos casos lo que se busca es liberalizar los precios, acelerar inversiones y el desarrollo de infraestructura privada. En enero, de todos modos, comenzarán las audiencias públicas para comenzar con los aumentos en ambos servicios. Además, el proyecto contempla la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad que asumirá las funciones que ahora llevan por separado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En tanto, el Gobierno busca tener hasta el 31 de diciembre la facultad de crear, modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, “inclusive los destinados a subsidios, revisando procedencia y destino de los mismos, con el fin de garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que los integran y en el control al momento de su implementación y aplicación”.
Biocombustibles
La norma también prevé cambios en la Ley de Biocombustibles, como el biodiesel y el bioetanol, que son derivados de origen vegetal como el maíz, la soja y la caña con el que se realizan cortes con los combustibles fósiles. El Gobierno quiere que las petroleras puedan negociar sin interferencia del Estado
“ARTÍCULO 13.- Las empresas encargadas de llevar a cabo las referidas mezclas mínimas obligatorias podrán adquirir libremente biocombustibles pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla mínima obligatoria con combustibles fósiles”, consigna el proyecto.
Por otro lado, no habrá cambios en los cortes mínimos tal como esperaba la industria. Por ahora se mantendrá ese piso en “7,5% para el gasoil o diesel oil y del 12% para naftas conforme la normativa de calidad de combustible o la que en el futuro la reemplace”.
En tanto, el oficialismo busca que las empresas puedan libremente producir biocombustibles. En la legislación vigente las empresas productoras o destiladoras de hidrocarburos no pueden ser titulares o tener participación en firmas del sector, impedimento que el Gobierno espera que desaparezca.
Transición energética
El Gobierno también hizo mención a la transición energética. El artículo 320 del proyecto prevé que el Poder Ejecutivo podrá asignar los derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a cada sector de la economía, en el marco de lo comprometido por la Argentina en el Acuerdo de París.
“ARTÍCULO 321.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer anualmente límites de derechos de emisión de GEI, compatibles con el objetivo comprometido, de cumplimiento anual y obligatorio para todos los sujetos del sector público y privado, de forma tal que quienes contaminan sean responsables, en la medida que les corresponda, de cumplir con las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país y asumiendo que existirá un porcentaje de nueva capacidad/producción/demandantes a los que también se les deberá asignar derechos de emisión sin costo para que este mecanismo no represente una barrera de ingreso ni discriminatorio”, añadieron.
El Gobierno quedaría habilitado a establecer “un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización”. Asimismo, deberá generar las reglas del mercado de derechos de emisión de GEI, la plataforma de registro de las transacciones y resguardar que no existan posiciones dominantes u oligopolio.
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