Con el firme objetivo de reducir el déficit fiscal a “cero”, el Gobierno nacional lanzó la última semana una serie de medidas enfocadas en el recorte del gasto público. Entre ellas, aparece la “reducción al mínimo de las transferencias discrecionales a provincias”. A los ojos del Estado “son recursos que se usan habitualmente como moneda de cambio para intercambiar favores políticos”, por lo que son considerados prescindibles dentro del escenario de ajuste.
La medida no cayó nada bien en el interior del país, principalmente entre las jurisdicciones más afectadas. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), entre 2019 y 2023 -presidencia de Alberto Fernández- sólo hubo cinco provincias con incremento en los recursos por transferencias discrecionales: San Luis (196,2% de aumento real), Buenos Aires (130,7%), Santa Cruz (53,3%), Chaco (30,8%) y La Rioja (17%), todas políticamente alineadas con la Casa Rosada en ese período.
Todas las demás provincias sufrieron caídas en las transferencias discrecionales. La más perjudicada en el período analizado fue Córdoba, con 75,5%. Además, 4 de las 5 gobernaciones que más “perdieron” en el reparto de fondos discrecionales lucían en ese momento camisetas políticas diferentes al oficialismo: Córdoba, la del peronismo no kirchnerista, Mendoza y Jujuy, la de la UCR en Juntos por el Cambio, y Neuquén, la del Movimiento Popular Neuquino, un partido provincial.
Lo cierto es que se trata de un volumen de dinero considerable. Sólo en el primer semestre de 2023 el gobierno transfirió $832.656 millones, en su mayoría a las jurisdicciones mencionadas.
Cabe recordar que la Ley de Coparticipación Federal dispone que, del total de impuestos coparticipables (principalmente IVA y Ganancias), 42,34% se los queda el gobierno nacional, 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ese uno por ciento es el que distribuye con transferencias no automáticas o “discrecionales”, dado que pueden ser repartidos según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecido de antemano.
Cuál es el objetivo y cómo se cumple
El nuevo gobierno busca obtener la quinta parte de la reducción del gasto público necesaria para el equilibrio fiscal de la eliminación de las transferencias nacionales no automáticas a provincias. “Espera reducir el gasto en un 1% del PBI, aproximadamente”, explicó Nadin Argañaraz, economista y presidente del Iaraf.
Se debe tener en cuenta que el ministro de Economía confirmó la “reducción al mínimo de las transferencias nacionales no automáticas a las provincias”, pero no habló de “eliminación”. Por lo tanto, el Estado deberá pensar la manera de seguir haciendo transferencias discrecionales, pero a su vez, hacer todo el recorte que sea necesario.
El ministro de Economía confirmó la reducción al mínimo de las transferencias nacionales no automáticas a las provincias, pero no habló de eliminación
¿Cómo se logra? Lo cierto es que no hay demasiado margen de maniobra. El Iaraf elaboró un estudio donde presenta prácticamente la única manera en que se puede ejecutar la reducción de estos fondos a las provincias. “Se parte de la base que se mantiene el mismo gasto nominal de 2023 durante todo 2024 y que al ajuste real lo hace la inflación”, explicaron.
Esto significa que si el año pasado se enviaron $100 a una provincia “X”, este año también se destinarán $100, pero con una moneda que vale mucho menos. Por eso, aunque nominalmente los montos pueden ser los mismos, en términos reales el gasto será menor.
En este contexto, el Iaraf cuantificó la caída en términos reales ante diferentes escenarios de inflación. “En primer lugar, hay que hacer supuestos para el cierre de 2023. Se supondrá una inflación en noviembre del 13% (finalmente fue de 12,8%) y en diciembre del 20%. A su vez, las transferencias no automáticas de diciembre crecerán un 100% para cada provincia (menor a la inflación estimada de 198,3%)”, indicaron.
En vistas al 2024 se plantearon tres alternativas. En el “escenario 1″ se supone una inflación anual punta a punta del 220%, en el “escenario 2″ del 260% y en el “escenario 3 de 360 por ciento”.
En el “escenario 1″ la caída real de las transferencias no automáticas a provincias y CABA -suponiendo siempre que se mantienen los valores nominales- sería del 73,4%; en el “escenario 2″ sería del 76,4% y en el “3″ del 78,7%. “En los tres casos puede hablarse de una reducción al mínimo, ya que en 2024 las transferencias nacionales no automáticas a provincias tendrían un poder adquisitivo equivalente al 20% del que terminarían teniendo en 2023″, sostuvo Nadin Argañaraz.
Claro que se debe recordar que se trata de un escenario hipotético, que podría cambiar con el correr de los meses. Si todo va dentro de lo previsto y Nación realiza un plan de acción similar al mencionado por el Iaraf, entonces logrará una reducción del gasto del 0,8% del PBI.
La situación fiscal de las gobernaciones
Según un estudio de Economía & Ética, el consolidado de las finanzas de las provincias enfrentará el peor escenario fiscal de la historia en 2024, con un resultado total global negativo que aumentaría un 70% en relación con 2023, pasando de menos 1,0% a menos 1,7% del PBI. Esto, asumiendo una fuerte baja de las transferencias discrecionales y de la coparticipación por Ganancias e IVA, suponiendo que se convierte en ley el “Compre sin IVA”.
“Según los números cerrados del 2022, las provincias gastan 6,9% del PBI en salarios y 2,2% del PBI en jubilaciones; es decir, 9,1% del PBI”, agregó la consultora.
Según los números cerrados del 2022, las provincias gastan 6,9% del PBI en salarios y 2,2% del PBI en jubilaciones; es decir, +9,1% del PBI (Economía & Ética)
“Nación gasta 1,9% del PBI en salarios y 7,9% en jubilaciones. Los gobernadores son los que pagan a los policías, maestros, médicos/enfermeras y jueces. Los gobernadores son los que pagan los patrulleros, las comisarías, los colegios, las escuelas, los hospitales y juzgados. Ergo, no sólo no tienen tanto margen de ajuste, sino que el ajuste es directamente salarial y operativo en servicios públicos que la gente considera ‘esenciales’. Para peor, tienen (en general) mucho mejor resultado fiscal que Nación”, destacaron Verónica Sosa y Diego Giacomini, de Economía & Ética.
Para los expertos, el “partido político” se jugará en la provincia de Buenos Aires, que es fiscalmente inviable siempre, debido a que la Ley de Coparticipación la castiga como a ningún otra. “Los gobernadores se van a plantar como nunca contra el gobierno nacional. Y tienen legalmente con qué hacerlo, ya que no se cumple con el piso mínimo del 34% de la recaudación que se debe girar a provincias. Para colmo, Nación sube retenciones y el impuesto País, que no se coparticipan”, remarcaron los especialistas.
“Entendiendo esto último, se comprende que sí o sí se debe volver atrás con la baja de Ganancias de Massa, porque es un impuesto que se coparticipa en forma plena y le queda más a Provincias que a Nación”, agregaron.
Sí o sí se debe volver atrás con la baja de Ganancias de Massa, porque es un impuesto que se coparticipa en forma plena y le queda más a Provincias que a Nación (Sosa – Giacomini)
En paralelo, las provincias analizan diferentes maniobras para poder hacer frente a sus gastos. Sin ir más lejos, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Buenos Aires, aseguró que el gobierno de Kicillof evalúa “emitir una moneda propia” en caso de necesitar financiamiento.
Si bien el funcionario aclaró que hoy no están pensando en esa alternativa, no descartó implementarla en el futuro, en caso de ser necesario. “La Constitución Nacional y Provincial nos permiten emitir una moneda propia. En su momento, el Banco Provincia emitió moneda y la Constitución lo permite. Es una medida que permite la Constitución y hay que evaluarlo”, explicó.
¿Los nuevos patacones?
La propuesta que baraja el gobierno bonaerense invita a recordar la época de los patacones. Fue sobre finales de la Convertibilidad, en 2000 y 2001, que llegaron a circular legalmente en Argentina más de una decena de cuasimonedas emitidas por los estados provinciales.
Con el tiempo las monedas alternativas fueron quedando en el pasado, pero la idea de “cuasimoneda” jamás desapareció. De hecho, hay varios antecedentes mucho más cercanos en el tiempo.
El gobernador Mariano Arcioni, de Chubut, planteó en 2020 pagar la “cláusula gatillo” de los sueldos de los trabajadores provinciales con un bono de aceptación en comercios y canjeable en el banco, como sucedió en plena crisis 2001/2002.
Este año, el ex ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, propuso la creación de una moneda alternativa, aunque en versión digital. “Vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataformas la posibilidad de comerciar con el celular o la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina”, había declarado Massa en uno de los debates previos a las elecciones.
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