El Gobierno se enfrenta al desafío de completar más de 100.000 unidades habitacionales inconclusas heredadas de la gestión anterior de Alberto Fernández. Entre las obras pendientes se encuentran 17.000 viviendas del programa Desarrollos Urbanísticos de Procrear, 16.000 unidades de la línea Construcción, y otras correspondientes a los programas Reconstruir y Casa Activa-Casa Propia (enfocadas en los jubilados).
Frente a la envergadura del proyecto, el presupuesto asignado a la Secretaría de Vivienda y Hábitat, liderada por Héctor Lostri y que reemplazó al ministerio del área, es de USD 374 millones en 2024. Esta cifra podría resultar insuficiente para concluir la totalidad de las soluciones habitacionales en desarrollo.
Para abordar la situación de las viviendas inconclusas, el Ejecutivo contempla la posibilidad de un acuerdo con el sector privado. La intención es que el Gobierno concluya las obras con un avance del 80% y que las constructoras se encarguen del resto, recibiendo parte de las viviendas.
Con el propósito de comercializarlas, recuperar la inversión y obtener beneficios, la cantidad de casas entregadas a la constructora estará sujeta al grado de avance alcanzado en el proyecto.
Se analiza también la opción de que los municipios contribuyan con fondos propios para terminar algunas de las residencias pendientes
Esta medida, busca reactivar la construcción y solventar costos, pero que no todo dependa del esfuerzo público. Luego, esas unidades serán destinadas a la venta, ya sea a través del Banco Hipotecario (con planes de pago por más de 10 años en adelante) o la Administración de Bienes del Estado, a un precio establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Este aspecto se encuentra actualmente en la fase de definición. Desde la secretaría que tiene a la vivienda pública en su órbita afirmaron que “anteriormente, muchas viviendas se asignaban de manera discrecional a sus propietarios, y la actual administración busca crear soluciones habitacionales no solo para los sectores más desfavorecidos, sino también para la clase media”.
Según trascendió, el programa Reconstruir, que lanzó la administración de Fernández con el objetivo de finalizar 55.000 hogares, sólo logró completar unas 7.000 viviendas y tiene 10.000 en ejecución, dejando un déficit de 38.000 unidades sin comenzar.
En relación con el programa Procrear, se examina la entrega de créditos de hasta $5.000.000 para obras de refacción o mejoras edilicias. Sin embargo, se ha reportado que estos fondos frecuentemente se desviaron para cubrir gastos como pagos de tarjetas de crédito o destinos diferentes a los estipulados originalmente.
Municipios y reactivación
En este sentido, se contempla la opción de negociar acuerdos con los municipios para que estos asuman la finalización de las viviendas utilizando sus propios recursos. Un caso ejemplar es el programa Casa Activa-Casa Propia en Hurlingham, el cual abarca 32 viviendas destinadas a jubilados y se encuentra en un avance físico del 40%; la gestión municipal podría encargarse de concluir este proyecto.
No obstante, es importante señalar que la aceptación de esta propuesta podría verse obstaculizada por la negativa de los alcaldes con presupuestos ajustados (también la motosierra es protagonista).
Además, hay 10.678 lotes con servicios listos para construir distribuidos en todo el país.
Los trabajos de construcción de viviendas, anteriormente paralizados en varios distritos desde antes de fin de año, están experimentando un renacer. La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) confirmó que, gradualmente, se retoma la actividad tras el cambio de Gobierno. Se estima que en breve, desde el Ministerio de Economía, se asignarán los fondos necesarios para dar continuidad a las viviendas y complejos en ejecución.
“Todo depende de la concreción de ese desembolso, y lo crucial es que, a la brevedad, nos estarían enviando fondos que cubrirían toda la deuda que mantenemos en general con todas las obras del programa, como siempre hemos discutido. Si se materializa el desembolso, de alguna manera generará expectativas positivas para los próximos días. Estamos a la espera de que se realice ese desembolso. Además, si es conforme a lo que nos están anticipando, incluso se podrían abonar los certificados de readecuación de contratos, un aspecto que no es menor en esta situación”, expresaron desde la Camarco.
Beneficiarios
Mientras tanto, los beneficiarios de planes, especialmente los de la línea Construcción, que cuentan con su propio terreno o construyen en la parte superior (de edificaciones preexistentes o arriba de casas de sus padres) con la autorización posterior del Estado, recibieron sus fondos en octubre pasado (equivalente al 20% para la edificación de la vivienda, ya sea en sistema tradicional o en seco). Ahora aguardan la segunda parte, la cual se otorgará contra el certificado de obra en febrero próximo.
Fabián Villanueva, actualmente construyendo su hogar en Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, aguarda la segunda parte de su desembolso. Inició la construcción de su vivienda de 60 metros cuadrados y sistema tradicional con $3.150.000, con el objetivo de completarla antes de finalizar 2023.
“A pesar de los retrasos experimentados durante el Gobierno anterior, estamos satisfechos con el progreso actual. Nuestra intención es mudarnos antes de fin de año”, declaró a Infobae.
Actualmente, Villanueva y su familia alquilan a 30 cuadras de su futuro hogar en Tristán Suárez, pagando $75.000 al mes, y deben actualizar su contrato en mayo.
“La idea es mudarnos lo más pronto posible para evitar seguir gastando en el alquiler y comenzar a abonar las cuotas de Procrear. Se estima que serán alrededor de $40.000 mensuales a lo largo de 22 años y deberán pagarse una vez que se pueda habitar la vivienda”, concluyó Villanueva.
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