La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ayer una acción de amparo ante el Poder Judicial para que se deje sin efecto la suspensión provisional ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el plazo de seis meses al estar vinculada a una presunta organización criminal en el marco del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’.
El recurso de Benavides se encuentra en el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Justicia de Lima que está a cargo del juez Jhon Paredes Salas. Este magistrado es el mismo que en agosto decidió declarar fundado en parte la demanda de hábeas corpus de Vladimir Cerrón, prófugo secretario general de Perú Libre y ex gobernador regional de Junín, para suspender la condena de 4 años y 8 meses de prisión por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado que se le impuso en el 2019.
“Se ordena a la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín emita nueva resolución tomando en consideración los argumentos esbozados en la presente sentencia”, se lee en el fallo del juzgado liderado por Paredes.
“Se declara la suspensión de la efectividad de la pena dispuesta en la resolución n.° 15, de fecha 5 de agosto de 2019 (sentencia de primera instancia), hasta que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín decida lo que corresponda a su competencia”, se agrega en el fallo.
Debido al escándalo, Paredes tuvo que realizar una precisión a su sentencia días después al sostener que la suspensión de la sentencia de primera instancia de Cerrón “no alcanza a ‘todos’ los efectos de la condena allí dispuesta, sino ‘solo’ el extremo de la pena privativa de libertad”.
Así, el magistrado sostuvo que la inhabilitación de un año para ejercer la función pública y el pago de la reparación civil de 850 mil soles a favor Gobierno regional de Junín se mantienen sobre el otrora socio político del encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien cumple dos prisiones preventivas por el fallido autogolpe de Estado del año pasado y por el caso Puente Tarata.
Anuló proceso de la Defensoría del Pueblo
En otro proceso que el magistrado Jhon Paredes Salas fue protagonista con su resoluciones ocurrió en febrero pasado cuando dispuso suspender la elección del titular de la Defensoría del Pueblo que se iba a llevar a cabo en el Congreso.
La decisión se dio tras una petición del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría para que se amplié los alcances de la medida cautelar que presentaron el 8 de junio del 2022. Sin embargo, hay que recordar que el Tribunal Constitucional sacó un fallo a favor del Congreso en el proceso competencial que interpuso contra el Poder Judicial.
Con ello, el TC dejó sin efecto la medida cautelar que impedía al Congreso elegir al nuevo defensor, aplicar la nueva reforma al consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y reformar el artículo 99 de la Constitución a fin de que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, así como los jefes de la ONPE y Reniec sean sometidos a un juicio político.
Apelación
Aparte de este recurso en el fuero judicial, Patricia Benavides también presentó su apelación ante la JNJ contra la suspensión provisional que se dictó en su contra para no ejercer el cargo de fiscal de la Nación.
A través de un oficio remitido a la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, Benavides indicó que no hay una carpeta fiscal en su contra ni tampoco está incluida en alguna investigación por la comisión del presunto delito de organización criminal.
“En el plazo de ley, interpongo recurso de reconsideración con la finalidad de que se declare la NULIDAD de la Resolución N.° 198-2023-Pleno-JNJ, de fecha 6 de diciembre de 2023, y se REVOQUE la medida cautelar de suspensión provisional en mi condición de fiscal suprema y fiscal de la Nación, por el plazo de seis meses (…)”, se lee en el documento enviado por la extitular del Ministerio Público.
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