Continúan las idas y vueltas entre los gremios de transporte urbano entorno a un nuevo paro programado para este jueves 10 de octubre en Lima Metropolitana y Callao, el cual podría afectar a los ciudadanos hasta por 72 horas.
Con el pasar de los días, las posturas entre los dirigentes se han contrapuesto y han confundido a la ciudadanía, que se encuentra a la expectativa de lo que ocurrirá con la medida de fuerza en busca de tomar las precauciones del caso.
En un inicio, cuando los transportistas suspendieron sus actividades el pasado jueves 26 de septiembre, el pedido al gobierno de Dina Boluarte era redoblar la seguridad y tomar cartas en el asunto ante la ola de extorsiones de la que son víctimas diversas empresas de transporte.
Sin embargo, ahora, las exigencias al Ejecutivo que motivan un nuevo paro son distintas: desde que se anulen las multas económicas que tienen algunas empresas, hasta que algunos servicios informales, como los colectivos, sean autorizados a transitar en Lima y Callao.
¿Qué dicen los gremios de transporte?
Además de pedir que se recrudezcan las penas para los extorsionadores, se aumente el patrullaje de la Policía Nacional del Perú (PNP) en sus rutas y que las autoridades vayan a bordo de los vehículos públicos para garantizar una mayor protección, unos gremios exigen la derogatoria de la Ley 32108 (ley contra el crimen organizado).
Asimismo, solicitan que no sea aprobada la ley de terrorismo urbano, la cual será debatida el próximo miércoles 9 de octubre en el Congreso de la República. Sin embargo, no dejaron en claro si ellos acatarán, finalmente, el paro programado para este jueves 10.
“Es muy lascivo para la organización civil, porque en este proyecto de ley están tipificando el delito de terrorismo urbano, de las marchas y protestas pacíficas”, indicó Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani).
“Para decirle al gobierno que pare esta serie de asesinatos y para que el Congreso de la República derogue la ley que beneficia a la delincuencia organizada y principalmente a los extorsionadores”, dijo por su parte Edgar Vitor Galarza, del gremio Transportistas Unidos del Cono Norte de Lima.
En tanto, desde la Cámara de Industria de Transporte y la Coordinadora de Transporte Urbano en Lima y Callao —que entre ambas reúnen más de un centenar de empresas— indicaron que, tras mantener conversaciones con el Ministerio del Interior (Mininter), decidieron no acatar esta nueva medida de fuerza, ya que se les garantizó la seguridad para sus trabajadores.
Estos dos gremios coincidieron en que el paro está siendo orquestado por un sector de transportistas informales, los cuales no están reconocidos por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).
“Estamos en el Perú en el mundo al revés. El ilegal nos va cercar con paros violentistas. Veamos los antecedentes de los ilegales y ningún paro ha sido tranquilo, porque la única forma de fundamentar lo antitécnico es usando la violencia”, declaró Martín Ojeda, director de la Cámara de Industria de Transporte a RPP.
“Nosotros fuimos convocantes al paro para el día jueves 26 (de septiembre), pero ahora consideramos que por un acto de lealtad a los principios que nos motivaron ese día, no acataremos el paro. Estamos en un proceso de evaluación. El único pedido que hacemos es el derecho a la vida y el Estado se ha comprometido a trabajar”, dijo Héctor Vargas, dirigente de la Coordinadora de Transporte Urbano en Lima y Callao.
Por su parte, la Alianza Nacional de Transportistas indicó que sí paralizarán sus operaciones en Lima y Callao. Incluso, anunciaron que algunas regiones también se adherirán a esta medida de fuerza.
“Nosotros ya hemos acordado (acatar) el paro del 10 de octubre. No hay vuelta que dar, ya es una convocatoria Lima y Callao y a nivel nacional”, dijo Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, a Canal N.
Según el dirigente Campos, solo su gremio está conformado por más o menos 32 empresas de transportistas, pero que en todo el Perú son un total de 400 que acatarán la medida de paralización de este jueves.
¿Qué ocurrirá con las empresas que si salgan a laborar?
El Comité de Gremios del Perú, que se encuentra dentro del sector que quiere un paro de 72 horas desde el 10 de octubre, indicaron que las empresas que no se sumen a esta paralización podrán salir a operar con tranquilidad y que nadie evitará que cumplan sus funciones.
“Estamos haciendo esto por el bien de todos los peruanos. Queremos que este paro se desarrolle de manera pacífica. Podrá salir un vehículo, pero no habrá pasajeros, porque ellos apoyan el paro”, dijo Campos a Panamericana Televisión.
¿En qué días se desarrollaría el paro de transportistas?
Este paro parcial del transporte público en Lima y Callao comenzará el jueves 10 de octubre y se desarrollará por 72 horas. Por lo que, en los días viernes 11 y sábado 12, la ciudad podría verse afectada por tres días consecutivos ante la falta de movilidad.
La peculiaridad ahora es que buses, custers y combis detendrán funciones por tres días consecutivos junto a los taxis, colectivos y mototaxis de la ciudad. Expertos coinciden en que tal acción podría afectar a otros sectores, como el comercio, el turismo, la educación, entre otros.
Repuesta del gobierno
Desde la Presidencia anunciaron que las nuevas paralizaciones responden a intereses políticos, que tienen el objetivo de generar una desestabilización, afectar la institucionalidad e impedir que el Perú continúe dentro del marco democrático y constitucional.
Así lo informó el vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, quien además comparó este nuevo paro de transportistas con las protestas que se originaron luego que Dina Boluarte juró como presidenta, las cuales dejaron como saldo la muerte de más de 50 peruanos por presunta represión policial.
“Recordemos que, en diciembre del 2022, se pretendió afectar el orden constitucional con un golpe de Estado y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte garantiza al país un proceso democrático que concluirá con una transferencia democrática el 28 de julio del año 2026″, señaló.
“Los diferentes ministerios, con la debida antelación y cumpliendo los procedimientos, se estarán adoptando las medidas correspondientes para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos y sobre todo la tranquilidad de los ciudadanos”, aseveró.
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