Entre el mega-DNU que entró en vigencia este fin de semana y el proyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso –cambios impositivos, blanqueo, modificaciones sustanciales en amplios sectores de la economía y en los ámbitos de educación y cultura y hasta rediseño electoral y de la representación legislativa– daría la impresión de que la economía argentina, estragada por la inflación y estancada hace más de 10 años, necesitará un largo proceso de reformas para estabilizarse y volver a crecer.
La reciente experiencia brasileña sugiere, sin embargo, que dos reformas inmediatas –fiscal y laboral– pueden impulsar aumentos relativamente rápidos y notables del PBI y del empleo, claves para la viabilidad política del experimento cuasi-refundacional que intenta el gobierno de Javier Milei.
“Brasil tiene un montón de reformas pendientes, pero con esas dos nos sacó una diferencia enorme”, señaló Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea. “Para la mejora de la productividad y el crecimiento de largo plazo, la educación, la tecnología, la inversión en infraestructura son fundamentales, pero esas son dos palancas más sencilla de instrumentar. Seguramente serán resistidas, pero los costos son bajísimos respecto de los beneficios. La curva de evolución del empleo privado formal post-pandemia en Brasil fue notable. Es un mensaje fuerte: con empezar a mover las cosas en la dirección adecuada, puede haber resultados positivos más rápido de lo que algunos piensan”, dijo el investigador a Infobae.
Estanflación
Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez subrayaron en un estudio reciente que la larga estanflación que lleva la economía argentina responde a políticas que rigidizaron al extremo la producción de bienes y servicios, cuotificándola y restringiéndola cada vez más. Más allá del detalle del mega-DNU y el proyecto de ley, que resta desmenuzar, escribieron, “los últimos anuncios van en la dirección de remover trabas que ponían en desventaja al país a la hora de competir y atraer inversiones”.
En ese sentido, señala el trabajo, países que históricamente compartieron con la Argentina aversión a los mercados competitivos y un exceso de regulaciones e intervención estatal mostraron que los cambios, lejos de confirmar los temores de los defensores del statu quo, produjeron resultados muy favorables.
Es el caso de Brasil, que entre 2016 y 2017, tras dos años de pésimos resultados de la gestión de Dilma Rousseff, destituida tras un proceso de impeachment, introdujo una pauta estricta de gasto público y una reforma laboral que facilitó la creación de empleo privado y contribuyó a la recuperación del crecimiento.
Desde entonces, Brasil, le sacó a la Argentina 13,1 puntos porcentuales de diferencia en el crecimiento acumulado del PIB (10,9 versus – 2,2%), brecha que también se registra en el aumento del empleo privado formal, de 9,8% en Brasil y de 1,8% en la Argentina, precisaron los autores.
“Brasil tiene un montón de reformas pendientes, pero con esas dos nos sacó una diferencia enorme” (Jorge Vasconcelos)
La reforma fiscal permitió atenuar el proceso de aumento de la deuda pública brasileña y la laboral permitió una rápida absorción de mano de obra en el sector privado, salvo –claro está- en la etapa inicial de la pandemia, en que el empleo cayó más fuertemente que en la Argentina, para recuperarse mucho más fuertemente a posteriori.
La reforma laboral brasileña
La reforma laboral, introducida por el vice de Rousseff, Michel Temer, que completó su mandato, fue aprobada en julio de 2017 y reemplazó una gran cantidad de normas laborales que estaban vigentes desde 1943, transformando reglas de contratación y empleo. Algunos de esos cambios, consignó entonces Infobae, fueron los siguientes:
– Los acuerdos por sector, empresa e individuales pasaron a tener preeminencia. Esto es, los contratos privados pasaron a ser más importantes que las convenciones colectivas.
– No se modificó la cantidad de días de vacaciones, horas semanales ni el aguinaldo, pero se permitió fraccionarlos de diferentes maneras: vacaciones en hasta 3 periodos, jornadas laborales de hasta 12 horas, a condición de 36 horas posteriores de descanso, siempre sin superar las 44 horas semanales.
– Se autorizó la “jornada intermitente”, con pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual. Su autorizaron contratos parciales de hasta 30 horas semanales o 26 horas y 6 horas extra.
Los contratos privados pasaron a tener preeminencia sobre las convenciones colectivas.
– La contribución sindical, que era obligatoria, pasó a ser voluntaria.
– Antes de la pandemia, se reglamentó el trabajo desde el hogar, con reembolso para los gastos del empleado y se amplió la posibilidad de tercerizar tareas, incluida las principales de las respectivas empresas, que pudieron empezar a negociar condiciones de trabajo con comisiones no sindicales de empleados.
– Se flexibilizaron las condiciones de despido, el monto indemnizatorio dejó de estar atado al salario, se redujo el preaviso de 30 a 15 días y cambiaron las condiciones de los litigios laborales el litigante debe establecer al inicio qué compensación desea recibir, está obligado a comparecer en todas las audiencias judiciales (salvo fuerza mayor) y si pierde debe pagar las costas del juicio, a menos que no cuente con recursos suficientes.
(Antonio Lacerda/)
Varias de esas modificaciones coinciden con las incluidas en el mega-DNU. Según el estudio de Vasconcelos y Gutiérrez, este apunta a un funcionamiento más flexible de la economía, quitando trabas de distinta índole, algo que creen clave en la fase actual, de “sinceramiento” de precios. “Una forma de quitar incertidumbre es lograr que, del lado de la oferta, se deje atrás el funcionamiento excesivamente cerrado y falto de competencia de diversos mercados, así como la dificultad para firmar contratos regidos por la voluntad de las partes”, dice un pasaje.
Riesgos opuestos
Al respecto, el paper advierte la necesidad de evitar dos riesgos opuestos: a) intentar recomponer ingresos fijos extrapolando e indexando los contratos a los picos de inflación de los meses “por los que estamos transitando”; y b) desconocer el efecto de la aceleración inflacionaria.
Para evitar deterioros adicionales del salario real, lo más apropiado, dice, sería compensar “mes a mes” el desfase entre inflación y trayectoria previa de las actualizaciones salariales. En declaraciones públicas, el secretario de Trabajo, Omar Yasin, apuntó a la misma solución: acuerdos mensuales y/o con cláusula gatillo y acuerdos más largos recién cuando se empiece a estabilizar la economía.
Por cierto, la desventaja de la Argentina respecto de Brasil en crecimiento y empleo no se limita a los últimos 6 años. Un estudio de Marina dal Poggetto, directora de Eco Go, publicado en el Boletín Informativo Techint, precisa que en los 53 años de 1970 a 2022 (el dato sería peor si incluyese 2023) la economía argentina creció a un promedio anual de 1,8%, contra 2,7% de Estados Unidos, 3,2% de Perú, 3,4% de Brasil y 3,9% de Chile.
La reciente experiencia brasileña, sin embargo, sugiere que si el intento de eliminar el déficit fiscal y facilitar la creación de empleo funciona, el país podría tener resultados favorables en relativamente poco tiempo. Antes, claro, deberá sortear riesgos de hiperinflación y recesión que agravarían insoportablemente el ya marcado deterioro social.
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