El 26 de julio se conoció que varias organizaciones estadounidenses de derechos humanos, religiosas y ambientales pidieron al Gobierno de Joe Biden que fortalezca el apoyo y las ayudas de Estados Unidos a Colombia. También, que continúen coadyuvando la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, así como las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional.
Entre las organizaciones que hicieron este llamado al Gobierno de Joe Biden están: Wola, Latin American Working Group (LAWG), Amazon Watch, la Iglesia Presbiteriana y el Comité de Derechos Humanos de Colombia en Washington D. C., que a través de un comunicado “piden que continúe la ayuda estadounidense para avanzar en la implementación de los acuerdos de paz y apoyar a los afrocolombianos, indígenas y otros grupos vulnerables en Colombia”.
En su comunicación, las organizaciones advierten que hacen este llamado se hace “en un momento en que la Cámara de Representantes y el Senado están divididos sobre la ayuda de EE. UU. a Colombia, con el líder del subcomité de Asignaciones de Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes anunciando que está “aplazando” toda la ayuda a Colombia”.
También señalan que si bien el 20 de julio, el subcomité del Senado estadounidense aprobó un “paquete robusto” para la implementación del acuerdo de paz, los derechos humanos, la lucha contra los estupefacientes, y la ayuda a las comunidades y organizaciones afrocolombianas e indígenas, para el 27 de julio, está agendada una “polémica audiencia sobre Colombia” en la subcomisión del Hemisferio Occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Es por esto que, Lisa Haugaard, asociada principal de LAWG, primero, anota que el Gobierno de Estados Unidos tiene una “oportunidad histórica” de colaborar con el Gobierno de Gustavo Petro “para avanzar y consolidar la paz en Colombia”.
Segundo, pondera cómo la administración de Joe Biden tiene en Colombia “un aliado para marcar muchos de los objetivos que se ha trazado en su política exterior:abordar el cambio climático, proteger el medio ambiente, luchar contra la discriminación racial, apoyar los derechos laborales, ayudar a los migrantes y refugiados venezolanos, construir una política antinarcóticos sostenible y humana, y apoyar los derechos LGBTQ y de las mujeres”, y advierte que es “francamente contraproducente y carece de sentido que los miembros de la Cámara bloqueen la ayuda y la colaboración con Colombia”.
Por su parte, Andrew Miller, director de incidencia de Amazon Watch, dijo que la protección y conservación de la Amazonía colombiana solo es posible con “un proceso de paz exitoso” y la protección de derechos humanos, especialmente los derechos colectivos y territoriales de pueblos indígenas y comunidades locales.
“Como en toda la región amazónica, el gobierno de los EEUU debe aumentar el apoyo financiero y político para la titulación comunitaria, alternativas económicas de base y los mecanismos de protección para defensores ambientales bajo riesgo. Recientes tendencias hacia abajo en los asesinatos de líderes sociales y en la deforestación en Colombia son alentadoras pero solo se sostendrán con apoyo internacional a la iniciativa de la Paz Total de la administración de Petro”
Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, advirtió que aplazar la ayuda a Colombia “es contraproducente para los intereses de EE. UU. y revertiría los éxitos financiados por EE. UU. en el país hacia atrás generando un daño innecesario para muchos”.
También dijo que esto “rompería el fuerte apoyo bipartidista que Colombia ha mantenido durante décadas”, y ponderó cómo el Gobierno Petro está avanzando en las “reformas estructurales y de otras reformas necesarias para abordar los problemas profundos que alimentan el tráfico ilícito de drogas, la violencia y desestabilizan la región: Esto incluye abordar la formalización de títulos de la tierra y aumentar el acceso a la tierra a través de la compra de tierra”.
Adam Isacson, director de veeduría de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, anotó: “Gustavo Petro tiene sus fallas, pero no ha dañado para nada la democracia colombiana. No ha hecho nada para alterar la separación de poderes”. También se refirió a la relación del presidente con la prensa diciendo que “a pesar de algunos comentarios desafortunados, no ha reprimido a la prensa libre”.
Isacson también advirtió que el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, “está enviando el mensaje que Estados Unidos debe oponerse activamente a los gobiernos que los pueblos latinoamericanos eligen a través de elecciones libres y justas, siempre que esos gobiernos no sigan la ortodoxia conservadora. Ese mensaje es tóxico y debería haber desaparecido con la Guerra Fría”.
Otro que manifestó su preocupación con que el Congreso de Estados Unidos esté contemplando aplazar la entrega de recursos a Colombia, fue Julio C Idrobo, copresidente del Comité de Derechos Humanos de Colombia en Washington DC.
“Esta decisión parece estar basada en percepciones injustificadas y conceptos erróneos que difieren significativamente de la realidad del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro”
Idrobo también ponderó que “Colombia se erige como la democracia más estable de América del Sur, presentando una oportunidad para que Estados Unidos fomente una relación más sólida y lo designe como un punto de referencia para la región. El actual gobierno ha demostrado una dedicación excepcional en el abordaje de los temas de seguridad y el combate a las economías ilegales, particularmente en su efectivo decomiso de sustancias ilícitas, así como en su lucha implacable contra las estructuras financieras del narcotráfico. Además, el nuevo gobierno colombiano ha mostrado un fuerte apoyo a las políticas migratorias en respuesta a la crisis que enfrenta Estados Unidos. El liderazgo y la dedicación del país a la protección del medio ambiente han ganado reconocimiento internacional y deben recibir un fuerte apoyo y mayores inversiones. No extender los recursos necesarios a Colombia no solo plantea desafíos considerables, sino que también socava los cimientos de la democracia. Envía un mensaje contradictorio a los gobiernos que defienden los principios democráticos y se asocian para el progreso. Además, esta decisión pasa por alto la fase crítica de la transformación en curso de Colombia desde conflicto a la paz, marcada por la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016″.
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