“Esto es semana a semana, no se puede prever nada”, aseguró ayer por la noche un senador del peronismo, uno de los 33 de la bancada del PJ kirchnerista, después de participar de la reunión de bloque que contó con asistencia perfecta: buena parte de los legisladores del interior se apresuraron para volar a Buenos Aires el domingo, en el inicio de una semana decisiva para la Cámara alta. “Si no aceptan los cambios, se rechaza”, agregó el senador pasadas las 21 tras el encuentro en el que se trazó un pronóstico por ahora reservado en torno al objetivo propuesto por la Casa Rosada, que trabaja a contrarreloj para llegar a la sanción definitiva del proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal de cara al promocionado Pacto del 25 de Mayo, y poder dar de esa manera una señal de previsibilidad política que reclaman desde el círculo rojo hasta el Fondo Monetario.
Este lunes, los teléfonos entre el Senado y la Casa Rosada tuvieron una mayor congestión. “Empezaron a llamar”, confió un senador que no se referencia en su gobernador y que, según colaboradores de Javier Milei, podría acompañar al Ejecutivo, al menos en la votación en general. En la previa del inicio de la discusión de este martes en el plenario de comisiones, un raid de 72 horas que el oficialismo quiere culminar el jueves con la firma de un dictamen para llevar la semana próxima al recinto el proyecto que ya tuvo media sanción en Diputados, los contactos entre operadores y dirigentes libertarios y la Cámara alta se intensificaron.
Desde los senadores Ezequiel Atauche y Bartolomé Esteban Abdala, hasta Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados que activó algún contacto, y el ministro Guillermo Francos, que irá este martes al plenario de comisiones a defender el proyecto. Acompaña Victoria Villarruel, la vicepresidenta, que no quiere dar ningún paso en falso después de la negociación que lideró casi en soledad en torno al DNU 70 rechazado en marzo por la oposición en el Senado. Supervisa con particular atención desde la superestructura el estratega Santiago Caputo, al frente de las tratativas en Buenos Aires mientras los hermanos Milei continuaban ayer su gira por Los Ángeles.
“El panorama es apretado”, deslizó anoche una alta fuente oficial que participa de las negociaciones. Sobrevolaba, sin embargo, una moderada ilusión de acercarse en estas horas al número mágico de 37 senadores, el necesario para sancionar el proyecto, al menos en general. “Con la aprobación en general, avanzamos al 25 de mayo”, abundaron fuentes oficiales.
Es que, en la hoja de ruta trazada por la Casa Rosada, la posibilidad de que el Senado introduzca modificaciones a la media sanción de Diputados empezó a materializarse cada vez con más fuerza. En la votación en particular, en capítulos como la delegación de facultades, Ganancias o el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), cuestionado por sectores de la oposición, a pesar del consenso en buena parte de los gobernadores.
Existe, en ese sentido, un artilugio legal y parlamentario en el que, en ese contexto, el gobierno podría apalancarse para insistir con la media sanción votada en Diputados: si ninguno de los potenciales cambios en el Senado se introduce con dos tercios de los legisladores, el Ejecutivo podría avanzar con el texto aprobado en la Cámara baja con mayoría simple.
Lo cierto es que, hasta esa instancia, restan todavía horas de negociaciones.
Anoche, colaboradores del presidente detallaban en el punteo oficial un número en torno a los 35 senadores que, en principio, podrían acompañar la Ley Bases. 36, según los más optimistas. Entre ellos, además de los seis senadores del PRO y los siete de La Libertad Avanza, los tres de Salta, dos de Santa Cruz, otro tanto de Misiones, una de las senadores de Río Negro, de Neuquén, y el grueso del bloque de la Unión Cívica Radical, con un enorme signo de pregunta sobre Martín Lousteau, el presidente del comité nacional, que, a pesar de la desconfianza mutua, comenzó a tejer un acercamiento con Facundo Manes. El jueves pasado, el senador compartió un acto con su hermano Gastón. Ayer, el neurocientífico posteó en sus redes: “Los mismos que ya fueron atrás del kirchnerismo y de Macri, ahora quieren ir detrás de Milei”.
En la UCR, hasta ayer aún no se había formalizado una posición orgánica. “Queremos cumplir el rol de cámara revisora”, intentaban revalorizarse en estos días. La idea de ser una escribanía del Ejecutivo no despertaba demasiada simpatía. A última hora de este martes, una vez que finalice el primer día del debate en comisiones, el bloque de senadores de ese espacio tiene previsto reunirse con sus gobernadores para conocer de primera mano qué había ofrecido hasta ahora el gobierno a cambio para que el radicalismo colabore con el proyecto que se discute en la Cámara alta.
Porque si hasta ayer desde la propia Casa Rosada reconocían un escenario mucho menos holgado que en el caso de la votación en Diputados, cerca de Milei aceptaban que, a diferencia del verano, cuando naufragó el primer proyecto de Ley Bases, esta vez el Ejecutivo se había dispuesto de otra manera. “Seremos liberales, pero no somos boludos”, resaltaron.
El fin de semana, en el bloque del peronismo kirchnerista de 33 senadores -solo se dividió en dos grupos, de 17 y 16, en la maniobra para sacar ventaja en torno a la integración del Consejo de la Magistratura- circularon versiones de posibles fugas en favor del gobierno. Ayer, tras la reunión de la bancada peronista, trascendió que se diluía esa posibilidad, a pesar de algunos rumores que todavía pesaban sobre legisladores como el sanjuanino Sergio Uñac o los senadores de Santiago del Estero referenciados en Gerardo Zamora.
El domingo, en su rol de anfitrión en el estadio que albergó la final de la copa de la Liga de fútbol entre Estudiantes de La Plata y Vélez, el gobernador dejó trascender que no estaba dispuesto a negociar el voto de esos tres senadores. “Están cerrados, no quieren acompañar”, explicó un senador del interior.
La lupa, por caso, seguía puesta anoche en los tres senadores del bloque de Unidad Federal: Carlos “Camau” Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra Vigo. Ninguno de ellos figuraba en estas horas en el conteo de la Casa Rosada. A pesar, en algún caso, de señales confusas hasta con su propio entorno.
El jueves, el Gobierno buscará tener dictamen para llevar el proyecto al recinto lo antes posible. El kirchnerismo intentará obturar ese objetivo. Este martes tomaba forma, en ese contexto, el encuentro que una comitiva de la CGT pretendía mantener con un grupo de senadores del peronismo kirchnerista en la previa del paro general de este jueves, que ayer sumó la adhesión de la UTA por lo que no habrá servicio ni de trenes ni de colectivos. Una complejidad para el traslado de los empleados de la Cámara alta. Y una cuota extra de tensión en horas decisivas para el futuro de la Ley Bases.
Este lunes, durante las asambleas que ratificaron la huelga de este jueves, uno de los sindicalistas del rubro aeronáutico advirtió que escracharían a los senadores que voten a favor del proyecto. Una amenaza de bajo vuelo, de escasa representatividad. Incomparable, por ejemplo, con la crisis del 2001 y la época del “que se vayan todos” que motivó que dirigentes profesionales como Miguel Ángel Pichetto se rehusaran a volar durante años en aviones comerciales por miedo a la reprimenda social.
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