La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este martes durante unas jornadas organizadas por CCOO acerca de la nueva gobernanza fiscal europea que España está haciendo “malabarismos” para que la vuelta a las reglas fiscales en 2024 no suponga “lastrar el crecimiento económico” ni perder el papel de vanguardia en la transiciones energética y digital que hay que acometer.
Según ha explicado Montero, las reglas fiscales se encuentran en un debate con diferentes miradas, de manera que los países de la Unión Europea que tienen “políticas neoliberales” pretenden implantar unos objetivos fiscales a “una velocidad que lastra el crecimiento”. Además, estos países están practicando una “política de vetos” que complica que vean la luz unas nuevas reglas fiscales, ya que su aprobación se tiene que efectuar por unanimidad. No obstante, Montero ha deslizado que en Europa “se empieza a hablar de la posibilidad de ir a políticas de grandes mayorías que no permitan el veto”.
Si el nuevo marco de consolidación fiscal no se acuerda antes de finalizar el año, durante la presidencia española del Consejo Europeo, volverían a entrar en vigor las reglas anteriores a la pandemia. Su principal referencia era la reducción anual del déficit estructural en un 0,5% del PIB, de media, y que cada país se sitúe en niveles máximos de déficit del 3% del PIB y del 60% del PIB en el caso de la deuda.
La vuelta al marco antiguo perjudicaría a España, que ha registrado un déficit del 4,8% y una deuda del 113,2% del PIB en 2022 tras los gastos realizados para hacer frente a la pandemia y a la crisis inflacionista. En el nuevo marco hay cierto consenso entre el grupo de países críticos, como España y Francia, en que el 60% de deuda “no sea el parámetro único”, como ha afirmado Montero. De hecho, las recomendaciones enviadas por la Comisión Europea a España en mayo tras analizar su Plan de Estabilidad se limitan a establecer un límite de crecimiento del gasto primario neto del 2,6% para 2024. Objetivo que parece alcanzable teniendo en cuenta que la propia comisión prevé un crecimiento de solo el 1,4%.
Aunque España cumple el límite de crecimiento de gasto primario, otros condicionantes de las reglas fiscales podrían terminar obligando a hacer ajustes, bien por el lado de los ingresos o de los gastos. En concreto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señaló en su análisis de sobre el Plan de Estabilidad que el próximo gobierno tendrá que realizar un ajuste fiscal de hasta 30.640 millones de euros entre 2024 y 2027 para cumplir con una senda continua de descenso de deuda durante los próximos 15 años incluso en escenarios adversos.
CCOO pide un ritmo menor de reducción de deuda
En la clausura de las jornadas, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha criticado que la UE es un “espacio socioeconómico inconcluso” porque hay insuficientes grados de integración fiscal y presupuestaria que producen “importantes asimetrías” entre los países miembros. Asimetrías reducidas parcialmente con la política expansiva tras la pandemia pero que “amenazan con volver a abrirse” con el fin de la clausula de salvaguardia y la vuelta a las reglas fiscales.
Sordo ha celebrado que se diera una salida distinta a esta crisis que a la de 2008 con la puesta en marcha de los fondos Next Generation, el mecanismo SURE para financiar los ERTE y el REpowerEU, entre otros, pero considera que ahora “estamos bailando con lobos” porque recuperar a ritmo acelerado los objetivos de déficit y de deuda sería “volver a caer en los viejos errores de hace 12 años”. Análisis en el que coincide la ministra de Hacienda.
El líder de CCOO también ha señalado el desacuerdo existente por el momento en cuanto a un fondo soberano para la transición ecológica y digital, fondo que reclama la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que “no parece que genere especial entusiasmo en Alemania”. Así como las ayudas de estado para que la industria realice la transición verde, que han sido utilizadas solo por Alemania, Francia e Italia. Según Sordo, esto sumado a una senda de consolidación fiscal acelerada tendría “consecuencias de asimetrías industriales” que perjudicarían a los países que no puedan permitirse tales ayudas al no tener margen fiscal, como es el caso de España.
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