En septiembre del 2022, en Tapalpa, Jalisco, fue aprehendido Erick Valencia Salazar, alias “El 85″, en un operativo conjunto elementos de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR); mientras vacacionaba.
Su captura no pasó desapercibida, ya que en el reporte de Cero Impunidad que se presentó en la mañanera del 7 de septiembre, se informó de la detención del cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y exsocio de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el otro líder de dicho grupo delictivo.
Fue detenido por primera vez en 2012, mientras se encontraba en una casa de seguridad en Zapopan, Jalisco. En aquel momento, acusó una traición de su exsocio, pero en 2017 salió de prisión, luego de que un juez ordenara su liberación por violaciones en el arresto.
Su extradición
A partir de su recaptura, el gobierno estadounidense a través de Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, exigió su extradición, ya que desde octubre 2018, la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), lo identificó como uno de los 11 integrantes de alto nivel del CJNG, peligrosa organización criminal que ha introducido y distribuido grandes cantidades de drogas a la Unión Americana; ofrecían 5 millones de dólares de recompensa para dar con su paradero.
No obstante, “El 85″ ha interpuesto varios amparos para frenar su entrega a los Estados Unidos, tras ser requerido por una Corte Federal estadounidense, uno de ellos, bajo el argumento de que el cofundador del CJNG fue privado de la libertad y sufrió malos tratos por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), algo ilegal, además de que su detención no se debió a una orden de arresto sino por labores de patrullaje, situación que en su momento fue reconocida por la institución federal.
Los recursos presentados por los abogados de Valencia Salazar tienen por objeto frenar su traslado, deportación, expulsión o extradición al vecino país para que allá sea juzgado y cumpla sus sentencias. Por el momento se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social #1, en el municipio de Almoloya de Juárez, también conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México.
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