Un grupo de más de 200 trabajadores del canal de televisión Telefé se vieron perjudicados por la caída de la fintech Wenance, acusada de estafa por miles de inversores que depositaron sus ahorros en la plataforma creada por Alejandro Muszack.
El grupo analiza ahora una estrategia legal conjunta para recuperar su dinero, que fue invertido en la fintech a través de un productor del canal de Martínez que desarrollaba “pool” de inversiones diversas que ofrecía a sus compañeros, y que optó -presuntamente contratado por la fintech- por invertir los fondos reunidos, o al menos parte, en la plataforma. “Es un escándalo. En algunos casos, no eran inversiones sino simplemente pequeños ahorros, lo cual ya es malo”, confió a Infobae un trabajador del canal al tanto de la situación. “En otros, se trató de gente del canal que cobró una indemnización y se la dio a este productor para que la invirtiera. Hay casos dramáticos”, afirmó.
A tal punto la caída de Wenance tomó ribetes trágicos que se la vincula con la muerte de uno de los trabajadores afectados, muy conocido y querido en el ambiente artístico, quien semanas atrás se quitó la vida tras haber perdido una fuerte suma de dinero, ahorrado a lo largo de sus años de trabajo.
Los trabajadores de Telefe se sumarán a los damnificados que ya acusaron a Wenance de incumplimiento y estafa, unos 3.000 inversores que depositaron sus ahorros en fideicomisos privados por más de 35.000 millones de pesos. En ese contexto y luego de casi dos meses de tensión, en el que sumó más de 200 despidos y contagió a sus negocios en Uruguay y España, la compañía pidió a principios de mes la convocatoria de acreedores.
Desde la empresa fundada por Muszak habían hecho una propuesta a sus inversores, que a partir de ese momento quedó sin efecto. “Es la forma jurídica que encontramos para avanzar”, aseguran y dicen que de esa forma podrán “seguir funcionando”. Sin embargo, lejos de solucionarse, su situación empeoró.
El viernes 11 de agosto, la empresa fue denunciada también en Uruguay por dos grupos de inversores de ese país que la demandaron por estafa, tras conocerse su decisión de presentarse en un concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos. El reclamo de los 350 inversores uruguayos es por un total de USD 13 millones.
La semana pasada la Justicia rechazó el pedido de convocatoria de la fintech. El Juzgado Civil y Comercial N° 9 de San Isidro le denegó el permiso para llevar adelante un concurso de acreedores que permitiera ordenar los pagos adeudados a unos 8.000 acreedores, aunque la empresa aseguró que apelará el fallo.
La decisión fue adoptada por la jueza Gabriela Paladín. En el fallo se declaró “incompetente” para decidir sobre la solicitud de convocatoria que había presentado días atrás el CEO de la firma. Según manifestó la jueza, el rechazo se debió a que el juzgado no competencia para admitir el pedido, ya que el domicilio real de la empresa estaría en la Ciudad de Buenos Aires y no en la localidad bonaerense de Vicente López, como indicó la empresa en su presentación.
Además, si bien reconoció que la empresa no es un banco, dado su carácter de proveedor de crédito no financiero, la regulación que le cabe es la de la ley de entidades financieras y no la de una sociedad comercial, competencia que le cabe resolver a la Justicia federal.
“En razón del domicilio de la sociedad presentante, al principio de realidad y la verdadera naturaleza de entidad financiera de Wenance S.A, la intervención de la suscripta en autos llevaría a la vulneración del principio constitucional de Juez Natural, no resultando competente sobre la base de las cuestiones fácticas analizadas”, señaló la magistrada en su fallo.
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