La postergación de los aumentos previstos para mayo en las tarifas de luz, gas, impuesto a los combustibles y boletos de colectivos que decidió el Gobierno implicarán mayores gastos al fisco y menor recaudación. La prioridad ahora está puesta en apuntalar la desaceleración de la inflación y evitar más golpes sobre los debilitados bolsillos de la clase media.
En el Ministerio de Economía ubican la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec de abril en la zona del 9% mensual que, de confirmarse, sería la primera vez que el indicador viaja por debajo de los dos dígitos en cinco meses. Para mayo la expectativa oficial es que el aumento del IPC se ubique por debajo del 6% mensual.
Para sostener esa baja se “patearon” incrementos previstos que, en principio, deberían aplicarse en los próximos meses.
Canasta energética
En la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, habían adelantado a este medio que los mecanismo de actualización mensual que debía comenzar a regir desde mayo para sostener en términos reales los ingresos de las distribuidoras y transportistas estaban suspendidos.
No hubo precisiones sobre cuándo se retomará el esquema de indexación
Representaban un impacto de cercano al 5% en las facturas finales de electricidad y de gas, mucho menores al 150% y 450%, respectivamente, que acumularon desde enero. No hubo precisiones sobre cuándo se retomará el esquema de indexación.
Es en ese marco que la puesta en marcha de la quita de subsidios a la luz y el gas, a partir de la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), puede demorarse hasta julio según contaron a Infobae fuentes oficiales que siguen de cerca el tema.
Ahora trabajan en un esquema de “subsidios focalizados” que es, en definitiva, una quita “más progresiva” de las subvenciones que la prevista originalmente. Si bien recién comenzó el análisis de cómo llevarlo adelante, eso implicará nuevos aumentos en las tarifas de energía, sobre todo para algunos sectores de clase media.
Trabajan en un esquema de “subsidios focalizados” que es, en definitiva, una quita “más progresiva” de las subvenciones que la prevista originalmente
Fundamentalmente, el foco está puesto en los casi 7 de cada 10 usuarios que corresponden a segmentos de ingresos medios y bajos, los cuales pagan menos del 5% del costo de la energía eléctrica y en torno al 20% en el caso del gas.
Naftas y gasoil
El Gobierno no descarta diferir nuevamente la suba del Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos (ICL) que originalmente se iba a aplicar en mayo y ahora se pasó a junio. En julio está previsto otro incremento, que también se encuentra en revisión. Sucede que la actualización del tributo es trasladado a la nafta y el gasoil en surtidores -de YPF, Shell, Axion y Puma Energy- con efectos de primera y segunda ronda en la inflación.
En paralelo, las petroleras observan que desde enero hubo un retraso en sus precios en términos reales. Es por eso que el último miércoles avanzaron con una suba del 4% promedio para buscar “recomposición” y trasladar el deslizamiento del dólar oficial, del 2% mensual, con el horizonte, ahora más lejano, puesto en alcanzar valores internacionales.
El último jueves el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 375/2024 en el que postergó al 1 de junio la actualización del ICL previsto para mayo “con el fin de estimular el crecimiento de la economía garantizando un sendero fiscal sostenible”. Lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y del ministro de Economía Luis Caputo.
La suba contemplaba la inflación del último trimestre de 2023, como parte del sendero oficial para recuperar la recaudación del tributo tras el congelamiento aplicado durante la presidencia de Alberto Fernández. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó en su último informe que en mayo debía aplicarse el incremento del impuesto de monto fijo de $70 desde $132 por litro a $202, es decir, un salto del 53%. Eso fue trasladado a junio.
A la suba del ICL que se pasó a junio se le sumará la que debería aplicarse en julio según está previsto en la norma de actualización trimestral del tributo, a la que se aplicaría el IPC del primer trimestre de 2024. Es por eso que no se descarta diferir nuevamente el incremente. “La decisión dependerá de la evolución de inflación en abril y mayo”, se limitó a comentar una fuente oficial ante la consulta de Infobae.
“En efecto, el 1 de julio el impuesto debería subir 51,6%, elevándose hasta $306 por litro”, mencionó el Iaraf en el caso de que se sume la cuota que ahora se pasó a junio.
Colectivos
Por otro lado, también se postergó el aumento en los boletos de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Actualmente la tarifa mínima se mantiene en $270 para quienes tienen registrada su tarjeta SUBE.
La norma que publicó en febrero la Secretaría de Transporte contemplaba que desde abril se aplicaría una fórmula de indexación a partir del Índice de Precios al Consumidor del bimestre pasado.
Para mayo el índice arrojará 51,6%, aunque ese es el tope que tienen para subir los boletos sin tener que convocar a una nueva audiencia pública. Ahora el Gobierno deberá reconocer más subsidios a las empresas para compensar la diferencia entre el aumento de costos y la inflación.
Bajar la inflación
Los aumentos que aplicó el Gobierno sobre los servicios de electricidad y gas en sus primeros cuatro meses de mandato sólo son comparables con los que a Mauricio Macri le llevó más de 3 años, destacan los economistas.
Un informe de Fundación Capital detalló que los aumentos promedios de residenciales en luz (146%), gas (427%), agua (209%) y colectivos (410%) se dieron en un período en el que la inflación fue del 112% y los salarios crecieron solo 96%. Eso implicó que se duplicara el peso de los servicios públicos en los ingresos de las familias a niveles que no se veían desde 2019 tras el ajuste del macrismo.
El peso del gasto en servicios públicos en el AMBA (promedio ponderado) sobre el ingreso promedio de los asalariados registrados (Ripte) se ha más que duplicado en los últimos cinco meses (Fundación Capital)
“El peso del gasto en servicios públicos en el AMBA (promedio ponderado) sobre el ingreso promedio de los asalariados registrados (Ripte) se ha más que duplicado en los últimos cinco meses, pasando de 4,6% en diciembre a 10,8% en la actualidad. Y si bien el peso de estos servicios se incrementó en forma generalizada, en los hogares de menor poder adquisitivo el impacto fue superior”, comentaron en la entidad que dirige Carlos Pérez.
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