El ministro de Economía, Luis Caputo, pasará a tener el control del fondo fiduciario para viviendas sociales.
La decisión se confirmó a través de la Resolución 450/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial. La misma dispone que el Consejo de Administración del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, estará integrado por los titulares de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, la Subsecretaría de Hábitat y Vivienda y la Dirección Nacional de Planes de Vivienda, Infraestructura Urbana y Programas Reconstruir, todas ellas del Ministerio de Economía, quienes desempeñarán sus funciones con carácter “ad honorem”. A su vez, los miembros podrán designar un titular alterno y un suplente para su representación, aclara la normativa.
El FFVS funcionó anteriormente, años atrás, en el ámbito de la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat del entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, “con el objeto de financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica, con fondo públicos, privados y de organismos internacionales, multilaterales o trilaterales”. Dicha cartera controlaba la conformación y las funciones del Consejo.
En diciembre del año pasado, con la reestructuración ministerial que dispuso Javier Milei al asumir la Presidencia, se creó el (ahora ex) Ministerio de Infraestructura que absorbió compromisos y obligaciones que dependían de la ex cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, entre otros, considerándose transferidos “los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se aprobaran las estructuras correspondientes”.
En febrero, el Gobierno suprimió el Ministerio de Infraestructura y Economía pasó a estar a cargo de sus funciones.
Mientras tanto, fueron cesando sus funciones los integrantes del mencionado Consejo de Administración, que habían sido nombrados por la gestión del entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien a su vez integraba el FFVS. En este marco, ahora el Ministerio de Economía dispuso que “atento al proceso de reestructuración y reorganización de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, corresponde derogar dichas resoluciones (las que habían conformado la anterior administración y establecer la nueva conformación del citado Consejo, a fin de asegurar el normal desenvolvimiento operativo del mencionado Fondo Fiduciario”.
De acuerdo a la resolución oficializada esta madrugada, la Presidencia del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social será ejercida por el titular de la Subsecretaría de Hábitat y Vivienda y la Vicepresidencia, por el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Ellos son: Sebastián Sánchez Sorondo y Rodrigo Aybar Perlender, respectivamente.
Se trata de un movimiento similar al que ocurrió a fines de abril cuando el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que administraban los movimientos sociales y por lo cual fue un motivo de enfrentamiento con el kirchnerismo, pasó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Economía.
De acuerdo a la resolución de aquel día, se estableció que el Comité Ejecutivo del FISU “estará integrado por los/las titulares de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, de la Subsecretaría Integración Socio Urbana y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado”. Se trató de una formalidad que debía suceder, ya que a principios de ese mes se había confirmado el nuevo organigrama de Economía tras absorber secretaría que pertenecían al eliminado Ministerio de Infraestructura que comandó al principio de la gestión Guillermo Ferraro.
Más de 100.000 viviendas del Plan Procrear siguen paralizadas y hay empresas constructoras en riesgo
El Gobierno se enfrenta al desafío de terminar más de 100.000 unidades habitacionales inconclusas heredadas de la gestión de Alberto Fernández. Entre esas obras se encuentran 17.000 viviendas del programa Desarrollos Urbanísticos de Procrear, 16.000 unidades de la línea Construcción y otras correspondientes a los programas Reconstruir y Casa Activa-Casa Propia, enfocados en jubilados, según fuentes del sector indicaron a Infobae a principios de este mes.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) confirmaron que la deuda del Gobierno con las empresas es de aproximadamente $55.000 millones.
Con la llegada de Milei al poder las obras se detuvieron en todo el país, lo que provocó el cese de puestos laborales. Gustavo Weiss, titular de la Camarco, señaló que “la deuda del Procrear es por obras ejecutadas el año pasado. El gobierno de Fernández había pagado bastante bien una parte de esas facturas, pero la obra ejecutada en septiembre, octubre y noviembre venció este año, y hasta ahora no se pagó nada”. De ese modo, las obras de construcción de unidades en desarrollos urbanísticos de Procrear y otros planes de viviendas sociales están sin actividad.
Weiss agregó: “Esto significó, por supuesto, el despido de operarios y seguramente algún ajuste en la estructura de mensualizados, como hicimos todos. El Gobierno nos dice lo mismo a todos: No hay plata, tienen que esperar, la prioridad ahora es el ajuste fiscal. Esa es la situación de la obra pública, en particular en Procrear”.
Para abordar la situación de las viviendas inconclusas, el Ejecutivo contempla un acuerdo con el sector privado. La intención es que el Gobierno concluya las obras con un avance del 80% y que las constructoras se encarguen del resto, recibiendo parte de las viviendas.
Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, liderada por Rodrigo Aybar (quien reemplazó a Héctor Lostri cuando el área estaba en el Ministerio de Infraestructura y ahora depende directamente del Ministerio de Economía), trascendió que en este momento se están auditando los fideicomisos (Procrear, Fondo Fiduciario Vivienda Social y el Fondo de Integración Socio Urbana, FISU) por parte de la Sindicatura General de la Nación.
Mientras esto ocurre, y con un presupuesto acotado, se trabajó en herramientas para incorporar a los privados y finalizar el stock de viviendas en ejecución. Aunque el presupuesto de la Secretaría de Vivienda para 2024 es de USD 374 millones, podría ser insuficiente para concluir todas las soluciones habitacionales en desarrollo.
Dado el presupuesto acotado, la secretaría está trabajando en ambos universos, en los que no sólo se considerará el avance de obra sino también el estado de la infraestructura comprometida y otros factores pertinentes.
Semanas atrás se publicaron las Resoluciones 361/24 y 368/24 (Reconstruir y Casa Propia), que permiten al Fondo Fiduciario Vivienda Social incorporar el cofinanciamiento. Así, los entes ejecutores podrán complementar el financiamiento del Estado Nacional con aportes particulares, privados u otras herramientas. Este fondo tiene aproximadamente 49.000 viviendas en construcción.
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