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Los directivos de BBVA creen que la denuncia presentada por Banco Sabadell ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que acusaba a la entidad vasca de vulnerar el régimen de opas no tendrá efecto sobre la opa hostil lanzada sobre el 100% de la entidad catalana.
La denuncia del Banco Sabadell al supervisor de mercados señalaba que tanto la documentación como la información aportada por BBVA vulneran el régimen de opas e introducen “datos incompletos” que pueden afectar a la información de la que disponen los inversores.
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En concreto, Sabadell incidía en que la información proporcionada vulnera el artículo 32.1 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
La denuncia de Sabadell se habría formulado ante el hecho de que BBVA afirmara ante analistas y medios de comunicación que cuenta ya con interés por parte de accionistas, algunos “relevantes”, en que se materializase la operación que había presentado sobre el banco catalán.
Por su parte, fuentes jurídicas, han señalado a Europa Press que esto constituye una información que debería estar en el anuncio que BBVA realizó de la oferta a la CNMV y que puede condicionar al mercado en lo relativo a la opa hostil. Sabadell busca con la denuncia a la CNMV no tanto paralizar la opa, sino, principalmente, que BBVA dé la información de cuáles son los accionistas relevantes con el objetivo de que el mercado tenga información “completa y transparente”, señalan las mismas fuentes.
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Procedimiento
El siguiente paso que debe seguir el banco vasco en este proceso es la presentación de la solicitud de autorización de la opa a la CNMV en las próximas dos semanas, junto a un proyecto explicativo y otros documentos complementarios.
La CNMV es uno de los organismo que deben dar el visto bueno a la opa hostil, los otros son el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tanto de España como de Reino Unido.
Eso sí, la última palabra para dar vía libre a la operación la tiene el Gobierno español que puede vetarla incluso después de que el banco vasco obtenga las autorizaciones que necesita de la CNMV, del BCE y de la CNMC. Para ello cuenta con un mecanismo normativo que recoge la Ley de Ordenación y Supervisión Bancaria, que en su disposición adicional decimosegunda dispone que es el Gobierno de España el que tiene que autorizar todo este tipo de operaciones.
Una operación que rechaza el Gobierno, según comunicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, debido a los “efectos lesivos potenciales” que puede tener sobre la estabilidad financiera, los clientes y la economía.
Otro de los motivos por los que el Ejecutivo está en contra de la opa es que con ella aumentaría la concentración bancaria. Supondría pasar del 62% de la actualidad al 70% la cuota de mercado que concentrarían las tres principales entidades bancarias españolas: CaixaBank, Banco Santander y BBVA, lo que perjudica la competencia y tendrá “efectos negativos” para los clientes, para la inclusión financiera y para la estabilidad financiera y la transmisión de la política monetaria, señaló el Cuerpo.
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