(Demian Alday Estevez/)
Tras la advertencia durante el fin de semana de la Unión Industrial Argentina, desde donde anticiparon que las retenciones que impulsa el Gobierno dentro del articulado de la denominada Ley Ómnibus serán nocivas para la actividad y la conquista de nuevos mercados, fue ayer el turno de los exportadores. Representados por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), el sector planteó su postura en el el marco de las exposiciones que se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados. Fernando Landa, presidente de CERA expuso ayer los planteos de la institución frente al plenario de Comisiones que trata la Ley de bases y puntos de partida, y enfocó su intervención en el aspecto que considera de mayor gravedad: la propuesta de suba de Derechos a la Exportación contemplada en el Título III, sección VI.
Durante su exposición, Landa advirtió que la Argentina necesita mejorar su competitividad como política de estado, reconociendo que la exportación impulsa el trabajo y el desarrollo. “La colaboración entre el sector público y privado es esencial para el crecimiento sostenible”, sostuvo
Según detalló, desde la reintroducción de las retenciones en 2002, su escalada y expansión en productos abarcados llego a representar el 15% de las exportaciones nacionales, un valor ya excepcionalmente alto en el contexto mundial. En ese sentido, Landa puntualizó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) advierte sobre los riesgos de este enfoque para productos primarios, señalando que más que aumentar el bienestar nacional, lo reduce. También indicó que no existen fuera de la Argentina ejemplos de aplicación de este derecho a bienes manufacturados.
El dirigente señaló que los resultados de “este impuesto transitorio de 22 años, han sido nefastos“, con una disminución del 33% en empresas exportadoras en los últimos 15 años, una caída del 7% en la participación de las PYME en la última década, y solo el 23% de los establecimientos industriales exportan en la actualidad.
De acuerdo a un comunicado difundido por la cámara exportadora tras la cita en el Congreso, la Argentina perdió 4.000 empresas exportadoras y medio millón de empleos directos e indirectos en los últimos 15 años. En cuanto su participación mundial se redujo a menos de la mitad, alcanzando el 0,25% en 2023, lo que se traduce en pérdidas anuales de USD 42,000 millones. Además, las exportaciones totales están estancadas desde hace 16 años, con manufacturas agropecuarias e industriales, los más afectados en la propuesta actual, cayendo sostenidamente.
“Mientras celebra el avance en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, resulta incomprensible imponer al mismo tiempo gravámenes adicionales que nadie aplica, mientras que contrariamente se acelera la tendencia mundial de subsidios y políticas industriales expansivas”, sostuvo el texto y remarcó que “la propuesta de aumento de derechos no solo contradice las plataformas electorales de las principales fuerzas políticas incluido el oficialismo, sino que también son llamativas la declaración del propio ministro Caputo sobre la naturaleza perjudicial de las retenciones para el desarrollo argentino”.
Ante este panorama, la Cámara de Exportadores de la República Argentina propuso una solución alternativa consistente en evitar la suba de retenciones pero mantenerlos la para soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sus respectivos derivados, comenzando con una reducción gradual anual. Es decir, eliminar los derechos de exportación para productos orgánicos, economías regionales, incluyendo pesca y carnes, además bienes industriales. Finalmente, proponen asegurar que no exista posibilidad de restaurar las retenciones en el futuro.
“Esta propuesta afectaría solo $600 millones de recaudación anual actual, pero parte se recuperaría con el impuesto a las Ganancias, el cual es además coparticipable, con lo cual el efecto neto en el corto plazo sería menos del 1%. Existen, menciono Landa, opciones aun no consideradas para mejorar el resultado fiscal sin afectar el empleo y el desarrollo”, afirmó CERA.
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