Cámaras sectoriales y protagonistas del mercado inmobiliario argentino están en desacuerdo con el resultado del plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda realizado del Senado, donde se definieron los proyectos relacionados con la reforma de la controvertida Ley de Alquileres.
Todos los proyectos se discutirán la semana que viene en el recinto. Como publicó Infobae, los senadores de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos determinaron cómo podría ser el modelo de los alquileres y una vez que se trate volverá a Diputados para que se resuelva este dilema.
Para quienes realicen acuerdos en estos días, la ley de 2020 sigue en vigencia.
El dictamen del oficialismo también trata sobre el Impuesto a las Ganancias: las partes podrán deducir de este gravamen la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación
Los senadores del Frente de Todos modificaron el proyecto de Juntos por el Cambio que ya tiene media sanción de Diputados, e introdujeron cambios, como mantener los contratos por tres años, actualizar los alquileres cada seis meses, eliminar los adelantos y que el índice para actualizar el contrato de locación sea el coeficiente Casa Propia que utiliza el Ministerio de Desarrollo Territorial para sus líneas de Procrear.
Los senadores de Juntos por el Cambio mantuvieron el dictamen de Diputados, aprobado en la sesión posterior a las PASO del 23 de agosto que reduce de tres a dos años los plazos los contratos, abre la posibilidad de actualización cada cuatro meses, como mínimo, y permite que las partes fijen índices de actualización.
En ambos casos, se elimina el Índice de Contratos de Locación (ICL), regulado por el Banco Central. Hasta el momento, no hay cambios: quienes necesiten actualizar sus contratos vigentes enfrentarán un aumento interanual del 112%, según esta medición.
Enojo
Inmobiliarios expresaron su sorpresa, particularmente con las decisiones tomadas por los senadores del Frente de Todos y la “alta de firmeza” de Juntos por el Cambio.
Virginia Manzotti, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), declaró a Infobae: “Estamos enojados porque no nos escucharon. Presentamos datos comprobables que indican que los propietarios retirarían aún más propiedades del mercado de alquiler. La situación se agudiza y los legisladores parecen estar en un limbo electoral”.
Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires se estiman entre 300 y 400 departamentos disponibles para alquiler en pesos. En ciudades importantes como Rosario, Córdoba y Mendoza, el número totaliza menos de 1.000 viviendas.
Juan Carlos Donsanto, presidente del Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires, señaló a Infobae: “Desde cualquier perspectiva, parece que lo que menos interesa es resolver el problema de la gente. Podríamos interpretar esto como una maniobra con fines puramente políticos”.
En Córdoba capital la oferta se retiró un 35% en sólo un año y estiman que si prospera el dictamen de Todos será peor aún.
“No se abordó la problemática del sector. Solicitar que la actualización se realice al 50% de la inflación vigente indica una falta de interés en resolver el déficit que enfrenta la industria inmobiliaria. Mantenerse alejados de acuerdos a dos años y de otro sistema de actualización, como el que propusimos los expertos, provocará una mayor caída en la oferta y un continuo aumento en los precios”, señaló a Infobae Alejandro Hadrowa, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) de Córdoba.
En (CABA), la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido en un 63% en dos años, de acuerdo con diversos informes privados. Antes de la implementación de la Ley de Alquileres, el mercado contaba con un promedio de 10.000 viviendas disponibles al mes. Expertos advierten que si no se modifican el método de ajuste y la duración de los contratos, la oferta podría desaparecer por completo en todos los barrios y ciudades.
En el interior del país, la situación también es crítica. “No nos escucharon. Treinta entidades expusieron los problemas en el sector. Tenemos datos que demuestran el fracaso de la ley y ahora sentimos impotencia”, dijo Nicolás Fundaro, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de Neuquén.
Se prevé que la crisis se agudizará. En la capital de Mendoza, la oferta de viviendas en pesos es prácticamente inexistente; la mayoría de los contratos se han dolarizado y son temporales.
Estanislao Puelles Millán, vicepresidente segundo de Cofeci y ex presidente del Colegio de Corredores de Mendoza, señaló: “Esto sin duda agravará la crisis habitacional. Además, incrementará la informalidad en los contratos, ya que los propietarios impondrán condiciones cada vez más estrictas y los inquilinos que no encuentren dónde alquilar tendrán que aceptarlas”.
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