Dubái, 3 dic (EFE).- La Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP28) inicia hoy su programa temático de debates y actividades con el primer día dedicado a la salud, la paz y el socorro, y la ayuda social vinculadas a las crisis climáticas.
Después de dos días de furiosa actividad política, con la presencia en Dubái de cientos de líderes mundiales, el mayor evento anual de debate sobre el clima regresa a su relativa normalidad de decenas de eventos paralelos, mesas redondas, presentaciones y charlas.
El evento central será la primera reunión ministerial sobre clima y salud dónde se espera que asistan ministros de sanidad y delegaciones sanitarias de más de 100 países, la primera vez que un acto similar se produce en una COP.
La presidencia de la COP28 anuncia que el Día de la Salud, abrirá con una sesión en la que se esperan varios anuncios sobre nuevos acuerdos relativos a la financiación de programas destinados a la salud climática y para poder dar respuesta "a las necesidades y prioridades" de los países.
Se espera que en esa sesión "se muestren los compromisos y los progresos de los Gobiernos, Organizaciones Internacionales, Bancos de Desarrollo, filántropos y el sector privado" para abordar la cuestión de la salud en el contexto de la emergencia climática global.
Además, se buscará "avanzar en el entendimiento común de qué constituye la financiación para temas de salud y clima, así como para mejorar la coordinación en los esfuerzos de la salud climática".
El Día de la Salud llegará después de que en la víspera 123 países firmaran la Declaración de Clima y Salud de la COP28, iniciativa que sitúa la salud en el centro de la acción climática y que reconoce que hay que reducir emisiones y contaminación para salvaguardarla, aunque sin mencionar la necesidad de acabar con sus principales causantes, los combustibles fósiles.
A la declaración, impulsada por la presidencia de la COP28 en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, se sumaron potencias como Estados Unidos, la Unión Europea o Japón pero no las dos naciones más pobladas del mundo, China e India.
Otro de los temas en los que habrá sesiones y debates específicos será el de la seguridad y el socorro, donde se espera que se lance a lo largo de la jornada un nuevo protocolo para adelantarse a los desastres naturales y trabajar para un futuro seguro donde el dinero "invertido en desastres se gaste menor, en una gestión de riesgos proactiva y en la preparación financiera".
Se buscará que los debates avancen en lograr que los sistemas de alerta temprana ante catástrofes incluyan recursos financierons preacordados, ante la realidad de que el 98% de la financiación ante una crisis "se produce una vez que el desastre llega, a pesar de la ciencia confiable que hay para predecirlos".
Rosa Soto
Dubái, 3 dic (EFE).- La extinción de especies de flora y fauna, la contaminación de fuentes de agua y la radiación en tierras de cultivo son solo algunas de las consecuencias de la guerra en el medio ambiente, un tema invisible en el programa oficial de la Cumbre del Clima de la ONU (COP28), que dedica hoy por primera vez en su historia un día temático al "Socorro, Recuperación y Paz".
Esta jornada "se centrará en acelerar la adaptación y prevenir y abordar las pérdidas y los daños, incluso en contextos frágiles y afectados por conflictos, que enfrentan barreras considerables para acceder a la financiación climática y fortalecer la acción climática", detalla la ONU en la web oficial de la cumbre.
Sin embargo, ninguna de las sesiones oficiales centra su contenido en los efectos de la violencia en el entorno natural y su implicación en el cambio climático como reclaman desde hace tiempo organizaciones críticas a los conflictos armados y el sector armamentístico y militar.
Si habrá debates paralelos en este sentido organizados por la sociedad civil.
Se espera que en esta jornada la presidencia de la COP28 publique una Declaración sobre Clima, Socorro, Recuperación y Paz, cuyo borrador destaca la necesidad de ampliar urgentemente los recursos financieros para atender zonas y poblaciones afectadas por la guerra, pero sin prestar atención a cómo ésta y otras actividades militares impactan en el clima, según el Conflict and Environment Observatory (CEOBS).
La circulación de vehículos militares, los disparos de carros de combate y armas pesadas, el lanzamiento de misiles y obuses afectan duramente al entorno natural convertido en campo de batalla, con numerosas consecuencias para el medio ambiente y, a largo plazo, con efectos sobre el cambio climático.
"La naturaleza se ve muy afectada por todos los estadios de la guerra, que tienen un gran impacto en el clima y no solo por la emisión de CO2 de todos los vehículos y artillería empleada, sino por la emisión de otros tóxicos y el daño causado directamente sobre el ecosistema", dijo a EFE la directora de la Alianza Iberoamericana por la Paz y doctora en Cultura de Paz del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, Chloé Meulewaeter.
Según esta especialista, los conflictos armados atentan contra la diversidad en todas sus formas por tierra, mar y aire, contaminando acuíferos, dejando la tierra estéril o con toxicidad durante años y eliminando la flora autóctona, además de matar, herir y desplazar a la fauna del lugar.
Eso sin contar con los efectos de las pruebas de armas nucleares.
Sin embargo, no solo la guerra en sí misma genera estos efectos adversos, sino que también lo hacen los ejercicios militares y la situación resultante postconflicto.
"La huella pre y post guerra es enorme. El CO2 y los tóxicos del armamento causan daños a los ecosistemas, pero también lo hacen las bases militares, su mantenimiento y los entrenamientos, además de todo lo que implica la destrucción de los hábitats naturales y su posterior reconstrucción", explicó
"Los vínculos entre la guerra y la militarización con la crisis climática son claros, pero siguen sin estudiarse las emisiones de CO2 de los conflictos después de que fueran excluidas del Protocolo de Kyoto en 1992 por presiones de Estados Unidos", dice Meulewaeter, quien apuntó que el Acuerdo de París de 2005 estableció como voluntario el reporte de estas emisiones.
Precisamente, el CEOBS y el grupo de investigación Concrete Impacts (CI) denuncia en su web 'militaryemissions.org' que los escasos datos relativos a estas emisiones militares en los informes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) están camuflados en otras categorías de códigos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).
"Muchos países no desglosan las emisiones militares en la categoría pertinente del IPCC, o las informan junto con las emisiones de actividades civiles que no se especifican en otra parte, por ejemplo, las de defensa civil o búsqueda y rescate. Algunos países no publican datos sobre emisiones por motivos de seguridad nacional", publica esta web especializada.
En un informe del año 2022, el Centre Delàs concluye que los países más ricos son los principales responsables de la crisis climática al tiempo que destinan más recursos al gasto militar que a la financiación para el clima.
"Entre 2013 y 2021, los países más ricos (del anexo II de la ONU) destinaron 9,45 billones de dólares al gasto militar, un 56,3% del gasto militar total (16,8 billones de dólares), en comparación con alrededor de 243.900 millones de dólares en financiación adicional para el clima. El gasto militar aumentó en un 21,3% desde 2013", detalló.
Ante esto, ambas organizaciones propusieron que los estados pongan las emisiones militares sobre la mesa en la COP28 y se comprometan a mejorar la transparencia de sus informes, si bien recalcaron que las emisiones son solo uno de los muchos factores militares que afectan al medio ambiente y que se deben monitorizar.
Redacción Medioambiente, 3 dic (EFE).- El déficit hídrico, la carencia de agua que afecta a millones de personas, es un problema que debe enfocarse en los planes de adaptación climática con la perspectiva de la vulnerabilidad de quienes no tienen acceso a este recurso.
Esta transición hidrológica "debe ser el eje" de las políticas y estrategias de adaptación climática, como lo es la transición energética para las de mitigación, ha asegurado a EFE el relator de Naciones Unidas para el derecho al agua y al saneamiento, Pedro Arrojo.
Unos 2.000 millones de personas viven en países con escasos recursos hídricos, mientras 2.200 millones no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura, según datos de Naciones Unidas sobre un recurso declarado derecho humano y recogido como el número seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Arrojo incide en que los impactos sociales, económicos y del cambio climático se producen "fundamentalmente en torno al vector agua" y, por tanto, las políticas y estrategias de adaptación al cambio climático "de las que se habla mucho menos, deben articularse en torno a la gestión del agua, a la transición hidrológica".
Una "reclamación" que lleva planteando en las sucesivas cumbres del clima y espera que se resuelva en la COP28 de Dubái.
Explica que aunque el cambio climático tiene un "sentido democrático, porque llega a todo el mundo", sus impactos provocarán "precipitaciones más irregulares", y la variabilidad climática traerá sequías más prolongadas, tormentas, huracanes y grandes precipitaciones, que provocarán mayor vulnerabilidad en cuanto al acceso al agua potable como un derecho humano de la población que está en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.
Una situación de vulnerabilidad que "va en aumento", sobre todo en territorios que por su situación geográfica pueden tener "mayores elementos de vulnerabilidad" y otros son menos vulnerables, pero "los impactos van a afectar a todo el mundo", según Arrojo, por lo que insta a fomentar los compromisos para la reducción de gases GEI y el anhídrido carbónico en concreto o "no hay posibilidad de futuro o habrá un futuro muy, muy obscuro".
Un compromiso que deben reforzar el conjunto de países asistentes a la COP28 y, sobre todo, "los países más productores de esos gases y de ese anhídrido carbónico".
Sin embargo, subraya, a pesar de que las estrategias de adaptación tienen "un carácter global, también son más territoriales", así cada país, cada territorio debe ver cuáles son los elementos de mayor vulnerabilidad y las poblaciones más expuestas para articular políticas nacionales, regionales o locales.
La mitigación climática debe implicar "compromisos globales", pero "la adaptación es de cada territorio, de cada país y no caben disculpas".
En opinión del relator de Naciones Unidas, "prácticamente todos los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) "dan por frustrada la demanda que salió del Acuerdo de París", porque "estamos desbordando todos los límites y nos estamos abocando a unas situaciones catastróficas".
Las políticas de mitigación "están siendo absolutamente insuficientes", los compromisos de los principales emisores "están lejísimos de cumplir con sus obligaciones". Unas obligaciones que, sostiene, se requieren en todo el mundo para tener "un futuro más esperanzador".
En el tema de la adaptación, insiste "no vale echarle la culpa a los demás, a los países más ricos, ahí cada Gobierno, sea de país rico, sea de país pobre, tiene una serie de obligaciones para, por ejemplo, "el tema del agua, que es fundamental para la vida, es el alma azul de la vida".
Las crisis del agua están vinculadas a las sequías, a riesgos de inundación, dice, por lo que "ahí tiene que haber políticas y estrategias de adaptación en cada territorio, y ahí está la responsabilidad de cada gobierno, y también la territorial y social".
Según Arrojo, quienes viven en situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad "tienen que recibir especial atención" para minimizar los riesgos a través de esas políticas y esas estrategias de adaptación, y ahí es donde, por ejemplo, "los derechos humanos al agua potable y al saneamiento tienen una particular trascendencia".
Gestión como un bien común
Sobre la privatización del agua, Arrojo sostiene que como derecho humano que es debe ser "gestionado como un bien común, accesible para todos, pero no apropiable por nadie, no motivo de negocio como cuestión clave".
Es necesario "cambiar la mentalidad en ese sentido, hacer legislaciones que protejan una gestión pública, transparente y participativa del agua como un bien común".
En relación a la conflictividad del agua, como en España, donde para 2050 se prevé que las sequías afectarán a un 70 % más de territorio y que 27 millones de personas vivirán en zonas con escasez de agua o en territorios como Gaza, donde más de 2.300.000 personas están subsistiendo con agua contaminada, Arrojo piensa que "hay que abrir un espacio real de reflexión y de acuerdo sobre lo que son las estrategias de adaptación al cambio climático, presididas por la transición hidrológica", insiste.
En la transición hidrológica "hay menos incentivos de negocio", por lo que pasa a ser verdaderamente un "desafío democrático, político, donde los gobiernos tienen que prestar atención, destinar fondos y tomar acuerdos efectivos que permitan proteger de los tremendos riesgos que suponen las sequías y los riesgos de inundación por cambio climático", concluye.
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