No se trata de posicionamientos partidarios, ni es tema para que únicamente gobernadores y dirigencia lo tomen con preocupación. A todos los patagónicos, y en nuestro caso a los rionegrinos, nos desasosiega que pueda aplicarse el art. 245 de la voluminosa modificatoria de leyes que el gobierno nacional pretende poner en vigencia.
Se trata de la reforma de varios artículos de la Ley 24.922 que regula el Régimen Federal de Pesca, comenzando por el art 24 que hasta ahora reserva la pesca en la Zona Exclusiva nacional, la que va desde la costa hasta las famosas 200 millas adentro del mar, a los argentinos, y pretende otorgar permisos para la explotación pesquera a cualquier buque de cualquier nacionalidad.
También, quieren dejar de lado la hoy obligatoria descarga de pesca en puertos argentinos (art.25) y la obligatoriedad de que el personal tomado para las tareas sea, preferente y mayoritariamente, de nacionalidad argentina (art.40). Y como si fuera poco el beneficio hasta acá brindado a la extranjería pesquera, dejan de lado el art. 27, y esto desnivela en favor de grandes empresas y poderosos países los cupos de captura.
Veamos que esta iniciativa no se aplica en ningún lado del mundo. ¡Otra originalidad adversa a los intereses nacionales por parte de las “creativas Fuerzas del Cielo”!
El descargue de la pesca en puertos nacionales, hasta ahora obligatorio, genera fuentes de trabajo portuario en forma directa desde estibadores, transporte y logística, e indirectamente ayuda a otras ramas de la actividad. La singularidad de tomar personal no argentino, aparte de menguar posibilidades laborales para quienes lo vienen haciendo y, por ser compatriotas, tienen lógico derecho a ser considerados en los empleos, deviene en que los nuevos trabajadores estarán fuera de la legalidad de los convenios de trabajo, como es práctica habitual en nuestro país.
O sea, bienvenidos al mundo de los libertarios anarcocapitalistas, donde primero se aseguran los réditos empresarios, en lo posible extranjeros, y luego, si queda tiempo, ven como tratan a los obreros.
Este tipo de nueva regulación tiene negativa incidencia en toda la economía nacional y afecta en gravedad a todas las provincias poseedoras de litorales marítimos y con economías nutridas de manera importante por esta actividad, como nuestra Río Negro y sus lindantes patagónicas.
Y, por supuesto, pone en riesgo de desaparición a la actividad de la pesca con su consecuente y triste desenlace de empresas fundidas y miles de trabajadores sin poder ejercer su idónea labor.
La apertura indiscriminada y la desnacionalización de la acción pesquera dejaría de tener en cuenta que esta actividad debe ser garante de la conservación de las especies y de los ecosistemas acuáticos. La posibilidad de pescar conlleva la obligación de hacerlo de manera responsable para garantizar la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos. Hay que mantener la biodiversidad y conservar la estructura de las poblaciones, los ecosistemas y la calidad del pescado.
Todo esto, que cuidan los Estados y no los privados, quedaría descartado.
En Rio Negro, es la pesca, detrás de la fruta de pepita, la segunda cadena exportadora más importante. Y su Puerto de San Antonio Oeste, junto a Puertos Rawson, Madryn y el Antonio Morán (conocido como Comodoro Rivadavia), de Chubut, y Puerto Deseado en Santa Cruz, son los que se perjudican con esta irracional medida.
Aún la dictadura militar genocida, en 1977, mediante la Ley 21.608, a la vez que facilitaba inversiones extranjeras e impulsaba asociaciones mixtas, otorgó exclusividad de explotación pesquera a embarcaciones con bandera nacional. ¡Otro record del libertarismo, hacen lo que la dictadura no se animó!
A partir de los años 70, y más aún desde 2006, se incrementó el protagonismo de los puertos de la Patagonia, en virtud de la abundancia excepcional de la pesca de langostinos que se da en nuestras aguas sureñas. Pero esto se logró porque hubo estados provinciales que, mediante incentivos, subsidios y reintegros alentaron la actividad convirtiéndola en fuente de ingresos y motorizadora de empleo.
De aplicarse la reforma propuesta por el oficialismo nacional, se violaría el Código de Conducta para la Pesca, presentado por las Naciones Unidas a través de la FAO, y que es una serie de recomendaciones “para una responsable práctica de pesca y con mirada precautoria para considerar aspectos ambientales, económicos, nutricionales, sociales y culturales en la actividad pesquera”.
En 2016, después de 20 años de negociaciones, nos dieron desde la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lugar a la petición para expandir la Zona Económica Exclusiva (ZEE) al tamaño de la plataforma continental, aumentando la competencia de Argentina en más de 780.000 km2 de mar, el suelo y el subsuelo, incluyendo el área alrededor de las Islas Malvinas, Islas Georgia del sur y las Islas Sándwich del Sur.
Perderíamos también esta nueva ventaja en las áreas de pesca. ¡Pero claro, los extranjeros aprovecharían nuestros “20 años de reclamo” para tener más lugar de explotación!
En definitiva, lejos de abrir esta economía marítima, es vital tener marcos legales adecuados para administrar los recursos pesqueros en forma eficiente y sostenible para garantizar continuidad productiva y previsible. Hay que administrar el recurso para permitir la optimización en el rendimiento económico y laboral del sector y que a la vez asegure acciones efectivas en el manejo y conservación del mismo.
No venían a “vender órganos, liberar uso de armas, comercializar bebés, dolarizar y cerrar el Banco Central” (nada de eso están haciendo). Venían a entregar la riqueza nacional (y lo están intentando hacer).
Hacer Comentario