(Cadu Gomes/)
Tras meses de debate entre la Cámara de Diputados y el Senado, Brasil aprobó finalmente su reforma tributaria la semana pasada. Aunque se trata del primer intento en la historia democrática del país de simplificar la tributación a nivel central y federal y de simplificar los litigios entre el contribuyente y el fisco, según Marcos Lisboa, ex secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de 2003 a 2005 en el primer gobierno de Lula “lo que se aprobó en el Senado es un retroceso respecto a la propuesta original”. Entre los problemas que señala Lisboa está el hecho de que el tributo varía según el producto y esto puede desencadenar en el futuro una peligrosa dinámica del sector privado que podría cambiar las características o ingredientes del producto para obtener tributos menores. Además, los impuestos son cumulativos, es decir, las empresas pagarán tasas sobre los impuestos ya pagados por los proveedores. Esto podría tener un impacto significativo sobre dónde deciden producir las empresas en el futuro y con que costes laborales. Entre las consecuencias podría estar un desplazamiento a la baja del mercado laboral. Entre las distorsiones que plantea la reforma está la de la canasta básica que no será tributada. Además de la dificultad para definir que productos entran en la canasta básica, esa ha demostrado ser una política social ineficiente. Un estudio del Ministerio de Economía de 2017 estimó que gravar la canasta básica reduciría 12 veces la desigualdad de renta, porque esos impuestos permitirían pagar un valor más adecuado del subsidio para las familias más pobres, el Bolsa Familia, actualmente equivalente a unos 600 reales, cerca de 122 dólares.
Al votar a favor de este texto de reforma tributaria y no del presentado inicialmente, el Senado ha querido dar beneficios fiscales a muchas categorías que pertenecen a grupos de presión decisivos en época electoral. Si bien esta dinámica ocurre en muchos otros países, en Brasil las categorías que han recibido tipos más bajos se han multiplicado de forma tan impresionante que la principal pregunta ahora es: ¿pero al final quién pagará más impuestos? Fue el propio ministro de Economía, Fernando Haddad, quien dio la respuesta en los últimos días. Brasil, debido precisamente al elevado número de excepciones introducidas en la reforma, tendrá el IVA – que aún no se ha definido – más alto del mundo, según Haddad del 27,5%. Algunos expertos, como Felipe Salto, ex Secretario de Economía del Estado de San Pablo, estiman en cambio que alcanzará el 33,3%. “Existe una enorme incertidumbre”, escribe Salto en el diario O Estado de São Paulo, “sobre la tasa necesaria para recaudar alrededor del 12,5% del Producto Interior Bruto (PIB) mediante el aumento de los impuestos a quienes no tienen poder de presión en el Parlamento”. Según los expertos, será el sector de los servicios el que pagará el precio más alto de la reforma, incluidos los de Internet.
La reforma empezará a entrar en vigor en 2027 y se aplicará plenamente en 2033. Muchos se preguntan en que condiciones llegará la economía brasileña a esta importante fecha. El caballo de batalla de Brasil sigue siendo el sector agroalimentario. Según los análisis del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada de la Universidad de San Pablo (Cepea-USP), en colaboración con la Federación Nacional de Agricultura, se espera que el PIB del sector supere a finales de año la impresionante cifra de 2,63 billones de reales, es decir, unos 0,53 billones de dólares, es decir el 24,4% del PIB nacional. El resto de la economía, sin embargo, se desaceleró, según admitió el propio Ministerio de Economía, especialmente en el sector de los servicios, aunque todos los indicadores siguieron mostrando una desaceleración en el tercer trimestre. Fuentes del Ministerio revelaron a Infobae que es probable que a fin de mes se revisen a la baja las proyecciones de crecimiento del PBI tanto para este año como para 2024. Actualmente prevén un aumento del 3,2% para 2023 y del 2,3% para 2024.
A la complejidad de este escenario se añade la expansión del gasto público, que aumentó en 84.800 millones de reales (unos 17.250 millones de dólares) en el primer semestre del año, un incremento del 6,6% en comparación con el mismo periodo de 2022. “El gobierno debe invertir y gastar, pero debe saber hacerlo de forma que el retorno de esta inversión garantice la sostenibilidad a medio y largo plazo de las cuentas públicas”, dijo la semana pasada el ministro de Economía, Haddad. Mientras tanto, sigue sin conocerse la evolución de la principal noticia económica de las últimas semanas, a saber, la alteración del objetivo fiscal de déficit cero en 2024. A finales de octubre, de hecho, Lula había desplazado a todo el mundo al declarar que el gobierno federal no sería capaz de reducir a cero el déficit que, en cambio, había sido uno de los caballos de batalla del ministro Haddad desde que asumió el cargo.
A esto siguieron declaraciones contradictorias del mismo presidente. Ante una audiencia de empresarios, Lula declaró que garantizará “la estabilidad fiscal para que el país crezca cada vez más”. Pero también declaró en una reunión con ministros que “el buen dinero es el que se transforma en infraestructuras e inversiones”. Como ha señalado repetidamente la prensa brasileña, este inesperado cambio de rumbo, dado que el gobierno ya había presentado la meta fiscal, está vinculado a las elecciones municipales del próximo año, en las que el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, quiere recuperar los escaños que perdió tras la operación anticorrupción Lava Jato. El presidente no arriesga tanto como su delfina Dilma Rousseff, que en 2016 pagó con su impeachment el delito de responsabilidad fiscal. Lula, de hecho, el pasado agosto vetó explícitamente algunos puntos de la nueva reforma fiscal, el llamado “arcabouço”, eliminando el enjuiciamiento del presidente justamente en caso de irresponsabilidad fiscal.
Preocupación también fue expresada por el Banco Central. El presidente Roberto Campos Neto en los últimos días habló de la “incertidumbre fiscal” de Brasil, que tendrá un impacto en la política monetaria y dificultará las proyecciones. “El coste de cambiar la meta fiscal es mayor que el beneficio de un mayor gasto público […] Si no tienes un objetivo, fuera la gente puede pensar que tu meta fiscal ha sido abandonada”, dijo Campos Neto en un evento de inversores en Nueva York. Añadió que “si el mercado ya no cree en la meta fiscal, tampoco cree en la meta de inflación, porque estos factores van de la mano”. El diputado federal y ponente de la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO), Danilo Forte, del partido Unión Brasil, dijo que el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, ha fijado el 16 de noviembre como fecha límite para la presentación de una enmienda que modifique la meta fiscal.
Mientras tanto, es el welfare público el que sufre. Desde principios de año, el gobierno ha bloqueado 3.800 millones de reales, 773 millones de dólares, fondos que debían destinarse a los hospitales públicos para su funcionamiento, al pago del gas para los más pobres y a la compra de libros de texto para la enseñanza pública primaria. La acción que ha sufrido el mayor bloqueo, por un total de 296 millones de reales, 60 millones de dólares, es la del Ministerio de Sanidad, que paga los servicios hospitalarios y ambulatorios públicos. El dinero estaba destinado a consultas, exámenes, tratamientos y cirugías. En cuanto al subsidio del gas, se vio privado de 262 millones de reales, 53,3 millones de dólares. En diciembre existe el riesgo de que millones de familias no lo reciban.
Otro programa afectado por el recorte de fondos fue “Minha Casa, Minha Vida” (Mi Casa, Mi Vida), el escaparate del gobierno Lula en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). El Fondo de Desarrollo Social (FDS) y el apoyo a la producción de viviendas sociales, por valor de 426 millones de reales, unos 87 millones de dólares, quedaron bloqueados. También lo fueron los 179,8 millones de reales (36,6 millones de dólares) del Ministerio de Educación. Se necesitaban para comprar unos 17.000 libros para profesores y alumnos de primaria. Mientras estos fondos han sido bloqueados, el mecanismo creado por el gobierno de Bolsonaro que Lula prometió eliminar en la campaña electoral continúa sin freno. Se trata del llamado “orçamento secreto”, es decir, un desembolso de dinero a diputados y senadores realizado sin transparencia ni criterios de distribución regional. Hasta ahora, el gobierno de Lula ha entregado así unos 15.500 millones de reales, poco más de 3.152,5 millones de dólares.
Hacer Comentario