La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación sobre dos funcionarios de la Rama Judicial en Colombia, tras la liberación de Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi.
Este caso ha generado inquietud tanto en las autoridades como en la comunidad local, según dio a conocer un comunicado de la entidad.
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El magistrado Alfonso Cajiao explicó que la comisión se enteró del caso a través de medios de comunicación y redes sociales.
El juez Segundo Especializado de Bucaramanga es acusado de haber permitido la liberación de ‘Pichi’, quien había violado en ocho ocasiones el beneficio de casa por cárcel, previamente otorgado por la juez Tercera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
“Estos hechos han sido motivo de preocupación para las autoridades y la comunidad de esa región”, expresó el magistrado Alfonso Cajiao.
En el comunicado oficial, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mencionó el artículo 257 A de la Constitución Política y los artículos 2 y 239 de la Ley 1952 de 2019. En cumplimiento de estas normativas, se ha solicitado el reparto inmediato de la investigación, esperando que se informe el número de radicado y el magistrado sustanciador encargado del caso.
“Esta Corporación tuvo conocimiento de la noticia publicada por diferentes medios de comunicación y la red social X’, de las presuntas irregularidades cometidas por parte del juez Segundo Especializado de Bucaramanga, al dejar en libertad a alas “pichi”, quien violó en ocho oportunidades, entre julio y agosto, el beneficio de casa por cárcel del que gozaba por la decisión de la juez Tercera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por lo que debe procederse de manera inmediata al reparto Agradezco, una vez efectuado se me informe el número de radicado y magistrado sustanciador”, se lee en el texto oficial.
Este incidente muestra la importancia de la integridad y responsabilidad de los funcionarios judiciales en el desempeño de sus funciones. La investigación seguirá su curso y se mantendrá informada a la comunidad sobre los avances.
El historial de alias Pichi
La reciente controversia en torno a Óscar Camargo Ríos, conocido como “Pichi”, ha generado preocupación en Bucaramanga, Colombia. Rumores sobre su supuesta designación como gestor de paz por parte del Gobierno nacional fueron desmentidos por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, aclarando que Camargo Ríos no participa en los procesos de paz actuales. Esta situación ha suscitado inquietud entre las autoridades locales, quienes buscan esclarecer su paradero y situación jurídica.
Óscar Camargo Ríos, alias “Pichi”, es un conocido narcotraficante de Bucaramanga, cuya actividad delictiva se ha extendido por cerca de una década. Se le atribuyen múltiples delitos, incluyendo tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, homicidio y lesiones personales. En el momento de su captura, las autoridades señalaron que controlaba aproximadamente el 70% del microtráfico en el norte de Bucaramanga. Además, enfrentaba cargos por porte de armas y fuga de presos.
La polémica surgió cuando se difundieron rumores sobre su posible rol como gestor de paz, lo que fue rápidamente desmentido por la Consejería Comisionada de Paz. Esta aclaración fue crucial para disipar la confusión generada en torno a su liberación y participación en procesos de paz. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, expresó su preocupación por la estructura de narcotráfico que rodea a “Pichi” y la importancia de conocer su situación legal.
El historial delictivo de “Pichi” y su influencia en el narcotráfico local han sido motivo de alarma para las autoridades y la comunidad. Su arresto y los cargos en su contra reflejan la magnitud de su actividad criminal en la región de Santander. La desmentida oficial sobre su designación como gestor de paz subraya la necesidad de mantener la vigilancia y el control sobre figuras delictivas de su calibre.
La situación de “Pichi” pone de relieve los desafíos que enfrenta Bucaramanga en la lucha contra el narcotráfico y la importancia de la cooperación entre las autoridades locales y nacionales para garantizar la seguridad y la justicia en la región.
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