Bruselas, 20 sep (EFECOM).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictaminó este miércoles que las ayudas fiscales concedidas por Bélgica a un grupo de multinacionales fueron ilegales, dando así la razón a la Comisión Europea, que en 2016 ordenó al país recuperar un total de 700 millones de euros de más de 30 compañías.
El caso se remonta a 2016, cuando Bruselas determinó que el sistema de exenciones fiscales ("tax rulings") que Bélgica ofrecía a empresas de grupos constituía un esquema de ayudas de Estado ilegales porque otorgaba una ventaja selectiva a aquellas que se beneficiaban del mismo desde 2005 hasta 2014.
Bélgica y el grupo Magnetrol Internacional recurrieron la decisión ante el Tribunal General de la UE -la primera instancia comunitaria- que en 2019 la anuló por considerar que la Comisión se había equivocado al declarar que los "tax rulings" constituían un régimen de ayudas y que había un "patrón de conducta sistemático" de las autoridades fiscales belgas.
El Ejecutivo comunitario presentó después un recurso de casación contra esta sentencia y el Tribunal de Justicia ordenó revisar el caso al entender que el falló que anuló la recuperación de las ayudas adolecía de errores de Derecho.
Después de todo este proceso, el TGUE emitió hoy su segunda sentencia, en la que declara que la Comisión Europea declaró "acertadamente" que el régimen fiscal belga relativo a los beneficios extraordinarios "infringe las normas de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado".
Los jueces argumentan que Bruselas "demostró efectivamente" que el régimen concedía ventajas fiscales a sus beneficiarios de forma "selectiva" porque "introducía diferenciaciones entre operadores que se encontraban en una situación fáctica y jurídica comparable".
En consecuencia, las empresas que formaban parte de un grupo multinacional y se acogieron al sistema "recibieron un trato diferenciado frente a otras entidades sujetas al impuesto de sociedades en Bélgica que no disfrutaron de dicha exención".
La sentencia añade que el régimen fiscal era selectivo porque "no era accesible a empresas que hubieran decidido no realizar inversiones en Bélgica o no centralizar actividades ni crear puestos de trabajo en este país", además de porque "no era accesible a las empresas que formaran parte un grupo de pequeño tamaño". EFECOM
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