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Las esquirlas de las decisiones del pasado no terminan nunca en la Argentina. El Gobierno argentino perdió un juicio arbitral contra una empresa internacional por la nacionalización de los fondos de jubilaciones durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El caso lo tramitó el tribunal arbitral del Banco Mundial tras la demanda de Metlife por la estatización de una de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
Calificadas fuentes involucradas en el caso confirmaron a Infobae la noticia del caso, que concluyó con un fallo esta semana por parte de este organismo dependiente del Banco Mundial.
El resarcimiento otorgado fue mucho menor al que Metlife reclamó originalmente, por la ardua tarea de probar los daños específicos provocados por aquella decisión política.
La demanda, de 2017, se basó en la violación del tratado de protección de la inversión de los Estados Unidos (TBI) de 1991 con la Argentina con la decisión de expropiar las AFJP cuando el superávit fiscal estaba en declive en el inicio del mandato presidencial de Cristina Kirchner. El tratado fue ratificado por la Ley Nº 24.124 de Congreso en 1992.
Si bien el kirchnerismo promovió una consulta en la sociedad que culminó con un rechazo claro a la posibilidad de volver a estatizar el sistema jubilatorio, luego adoptó este camino para postergar la aparición del rojo de las cuentas públicas en forma temporal. En el segundo mandato de la Presidenta, esta tendencia de déficit fiscal se consolidó, con su reflejo sobre la creciente inflación y la pobreza, pese al aumento brutal del gasto público.
Fue el 54to caso presentado ante este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco Mundial que recibió el país entre los expedientes derivados de las decisiones de la crisis del 2001 y otros por medidas adoptadas durante el kirchnerismo.
La empresa fue asesorada jurídicamente por un estudio conocido en la Argentina por controversias relacionadas a la deuda soberana, White & Case LLP, mientras que la Procuración del Tesoro fue asistida por el estudio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle en Estados Unidos y en la Argentina.
Metlife, que funciona en la Argentina desde 1994 y vende seguros de vida y ahorro, patrimoniales y por accidentes, recién optó por plantear la demanda cuando Mauricio Macri estaba en el poder, al no existir plazos de prescripción para este tipo de casos.
El tribunal estuvo compuesto por Ian Binnie (Canadá) como presidente y de árbitros Klaus Reichert (Alemania) Campbell Alan MC Lachlan (Nueva Zelanda) y emitió su dictamen el 5 de abril de este año
Según un artículo de Lisa Bohmer de IAReporter, un año después de la presentación de esta poderosa empresa, el tribunal del Ciadi desechó el pedido argentino de no tratar el caso; el artículo recordó que si bien el arbitraje fue inicialmente presentado por los dos demandantes junto con una tercera entidad (MetLife Seguros de Retiro), en 2020, el tribunal tomó nota de la interrupción del procedimiento con respecto a esa entidad”.
“En mayo de 2021 se celebró una audiencia virtual sobre jurisdicción y fondo. Esto condujo a una decisión (no publicada) del 26 de septiembre de 2022 sobre Jurisdicción, Responsabilidad, Principios de Quantum e Intereses, en la que -según ha sabido IAReporter- el tribunal confirmó la jurisdicción, determinó que Argentina había violado el TBI y decidió que el Estado debía compensar a las demandantes por el monto del valor justo de mercado del negocio expropiado de MetLife”.
Luego, precisó, “las demandantes presentaron una solicitud de aclaración y rectificación relativa a ciertas cuestiones de quantum, que el tribunal abordó en una decisión del 30 de junio de 2023″.
“IAReporter ha confirmado que en esta decisión se concedió a los demandantes aproximadamente 6,8 millones de USD en concepto de daños y perjuicios, más 1,5 millones de USD adicionales en concepto de intereses previos al laudo, lo que representa sólo una pequeña fracción de los daños y perjuicios que había reclamado MetLife”, precisó.
En realidad, la demanda era por “cientos de millones de dólares”, indicaron fuentes ligadas a la controversia.
Bohmer recordó que “Argentina había argumentado que el tribunal carecía de jurisdicción porque: el reclamo había prescrito debido al principio de prescripción extintiva; los tres demandantes originales no reunían los requisitos para ser inversores protegidos por el TBI; no existía una violación prima facie del TBI; los reclamos deberían haber sido sometidas a los tribunales argentinos; y ciertas cuestiones tendrían que ser excluidas en una posible fase sobre el fondo”.
Esos pedidos no fueron escuchados, aunque al menos el Estado argentino recibió una penalidad mucho menor que la reclamada originalmente.
Con sus casos, entre concluidos y pendientes, la Argentina ha sido el país más demandado en el Ciadi, seguido de cerca por Venezuela, con 49. Les sigue un grupo de países entre los que se encuentran España, Egipto, Perú y México, y otro, más rezagado y apretado e integrado por Hungría, Ecuador, Kazakstán y Croacia. En el caso de la Argentina, al parecer, la maldita herencia nunca se termina.
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