Invertir en Brasil y en el extranjero, el nuevo mantra de Lula da Silva choca con las críticas de los organismos anticorrupción

A menos de tres meses del final del primer año del tercer mandato de Lula, un debate domina los demás. A saber, cuánto hay que gastar para hacer realidad las principales promesas de campaña y cuánto falta aún para tener una visión de futuro, tanto a corto como a largo plazo. Si sobre el gasto, de hecho, los datos no dejan lugar a dudas, sobre el proyecto de país, los electores brasileños empiezan a cuestionarse y tienen muchas dudas. Tanto es así, que según la última encuesta publicada por Paraná Pesquisas el pasado viernes, la aprobación del gobierno de Lula (PT) ha disminuido y la desaprobación ha aumentado. La aprobación que en el sondeo anterior estaba en el 54,1% ha bajado ahora al 51,6%, fotografiando un país todavía dividido por la mitad como en la campaña electoral.

Mientras Brasil lucha por implantar un Welfare State (estado de bienestar) a largo plazo que se aleje de la estrecha visión de los subsidios y cree oportunidades duraderas para reducir la enorme brecha social del país, la dependencia de los subsidios también parece haber atado de pies y manos a la industria. En un informe publicado la semana pasada, la Confederación Nacional de Industria (CNI) pronosticó un descenso del 0,5% en la industria manufacturera de Brasil en 2023. La confianza empresarial en el sector también cayó en septiembre a su nivel más bajo en más de tres años. Recientemente, uno de los gigantes siderúrgicos brasileños, Gerdau, anunció que estaba “a punto” de sufrir una oleada de despidos, lo que confirma la crisis general de la industria.

Según datos de la Fundación Getulio Vargas (Ibre/FGV), la contribución de la industria manufacturera al Producto Interior Bruto (PIB) del país fue del 11,3% en 2020, el porcentaje más bajo en 70 años. La participación de la industria en general – que incluye minería, construcción, energía y saneamiento – es de alrededor del 20%, otro mínimo histórico. La elevada presión fiscal, los problemas de infraestructura, la burocracia, los altos costes de la energía, el difícil acceso a los insumos durante la fase más crítica de la pandemia y la falta de inversiones han contribuido al estancamiento de la industria brasileña, obligándola a depender cada vez más de los recursos del gobierno para sobrevivir. Para la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), sería necesaria una inversión anual de 456.000 millones de reales (90.300 millones de dólares) en la industria manufacturera durante un período de siete a diez años para alcanzar el mismo nivel de productividad que en los años setenta.

En julio, el Ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, anunció un programa de inversiones de unos 106.000 millones de reales, unos 21.000 millones de dólares, en los próximos cuatro años para levantar la suerte de la industria brasileña. Bautizado como “neoindustrialización”, la mayor parte de los fondos, unos 65.000 millones de reales (12.800 millones de dólares) procederán del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDES. Según Alckmin, el programa del gobierno federal prevé un tipo de interés nominal del 4% para la innovación en la industria, “el más bajo de la historia”. En un artículo escrito para la ocasión por Alckmin y Lula juntos en el diario “O Estado de São Paulo”, entre las diversas medidas decididas por el gobierno figuraban la reactivación del Consejo Nacional de Desarrollo Industrial (CNDI) para definir las “misiones” de la industria, hacer frente al llamado “costo Brasil” y reforzar el comercio exterior con países latinoamericanos, africanos y asiáticos. Pero, como han señalado economistas e industriales, en ninguna parte del texto se menciona la palabra “productividad”, que en cambio, junto con la competitividad, debería ser el motor de cualquier reactivación.

Según el ex presidente del Banco Central Armínio Fraga, que apoyó a Lula en la campaña electoral, la reactivación del Programa de Desarrollo Industrial es “una vieja idea con un nuevo disfraz”. El texto de Lula “habla de la complejidad y diversidad de la economía, de resiliencia, de temas pomposos que necesitan ser discutidos en profundidad. Está claro que ha vuelto el fantasma de la fracasada política desarrollista”, comentó Fraga. Este tipo de política económica se basa en el objetivo de hacer crecer la producción industrial y las infraestructuras, con la participación activa del Estado como base suprema de la economía.

Las infraestructuras son también el mantra del gobierno Lula. En agosto, el presidente lanzó el Nuevo PAC, el Programa de Aceleración del Crecimiento que ya fue un caballo de batalla de sus gobiernos anteriores. Sin embargo, casi la mitad de la lista de 12.500 proyectos indicados son promesas resucitadas de versiones anteriores del “viejo” plan. Según revela el diario “Folha de São Paulo”, al menos 5.319 acciones (el 43%) corresponden a la reanudación de proyectos formalmente paralizados o inconclusos promovidos en 2007 y 2011, durante gobiernos del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula. Esto a pesar de que el presidente y su ministro de la Casa Civil, Rui Costa, atribuyeron los retrasos al techo de gastos instituido por Michel Temer (del MDB, el Movimento Democratico Brasiliano) en diciembre de 2016 y al gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).

En su columna publicada en “O Estado de São Paulo”, el periodista José Roberto Guzzo escribió que “en su versión original, durante los primeros gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, el PAC fue parte del colapso general que terminó llevando a Brasil a la mayor recesión económica de su historia. En la versión actual, aún no está claro si el resultado será el mismo, o peor. Lo sabremos con el tiempo, pero las primeras señales son negativas: una vez más, los barones del gobierno anuncian enormes sumas para proyectos inciertos con fundamentos endebles o simplemente imaginarios”. El valor anunciado por Lula en esta versión 3.0 asciende a 1,7 billones de reales, unos 337.000 millones de dólares.

Lanzado por primera vez durante su segundo mandato (2007-2011), el PAC tenía como objetivo “acelerar el crecimiento económico, aumentar el empleo y mejorar las condiciones de vida de los brasileños” y preveía la participación directa del BNDES. A lo largo de los años, sin embargo, el PAC ha sido objeto de acusaciones de malversación y sobrefacturación. Otra crítica es que, a pesar de las multimillonarias aportaciones, muchas construcciones quedaron sin terminar debido a errores de gestión sobre los que no hubo debate por parte del gobierno en la presentación de este nuevo PAC. Por esta razón, Transparencia Internacional pidió que este nuevo Programa de Aceleración vaya acompañado de “medidas efectivas de transparencia e integridad, para evitar que se repitan los graves problemas de ediciones anteriores del programa”. Transparencia Internacional también reiteró la necesidad de “reforzar la gobernanza de las empresas públicas, incluidos los mecanismos de control interno y de cumplimiento, así como preservar la ley sobre empresas públicas y evitar que se debiliten los criterios para los nombramientos en puestos directivos”.

Como recordaba la semana pasada un editorial del diario O Estado de São Paulo, “la inmensa mayoría de la población brasileña es pobre y se enfrenta a diario a problemas muy diferentes de los de los gobernantes. No basta que un partido o un grupo político diga que defiende a los pobres o se declare progresista si luego sus acciones concretas son en defensa de intereses corporativos o de unos pocos grupos políticamente movilizados. La política es preocuparse por los más necesitados. Y éste debería ser el principal criterio para evaluar las acciones del Estado, sus políticas públicas y reformas legislativas. ¿Estas medidas mejoran realmente la vida de los más pobres, que son la inmensa mayoría en Brasil?” Una pregunta que también es pertinente a la noticia, aún no divulgada en Brasil pero publicada por los medios de Mozambique, de una gigantesca inversión que el BNDES pretende retomar para la presa Moamba – Major, en el río Komati, en el país africano, por un valor total de 700 millones de dólares. Según el embajador de Brasil, Ademar da Cruz, citado en la edición del 5 de octubre pasado por el diario “Notícias” de Maputo, al margen de una reunión de negocios entre Mozambique y Brasil, “es una cuestión de tiempo. Ya se está debatiendo la reanudación de la financiación y todo se encuentra en un nivel avanzado”.

Se trata de enormes sumas de las que, según los expertos anticorrupción, deben rendir cuentas los contribuyentes brasileños que las financian con sus impuestos. Por eso también causaron bochorno las palabras de Aloizio Mercadante, presidente del BNDES, que el sábado en un acto en París restó importancia a la deuda que mantienen con la institución que representa países como Cuba, Venezuela y Argentina. “No hay razón para quejarse”, dijo a los periodistas. “Las deudas pendientes son irrelevantes. Lo que es relevante es mirar hacia delante, hacia cómo construir el crecimiento y el desarrollo de las exportaciones en Brasil”, declaró. Sin embargo, sólo Venezuela, Cuba y Mozambique juntos deben a Brasil más de 1.100 millones de dólares. Caracas debe 739 millones de dólares, Cuba 261 millones de dólares y Mozambique 122 millones de dólares. El BNDES financió la llamada exportación de servicios a países durante los pasados gobiernos del PT. La operación anticorrupción Lava Jato había destapado cómo el trabajo de varias constructoras como Odebrecht en esos países eran cajas negras de la corrupción política del partido de Lula.

Hace poco más de una semana, el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, reunió a los líderes de la base gubernamental en el Congreso para pedir apoyo a las prioridades del gobierno hasta finales de año. Durante la reunión, el líder del gobierno en la Cámara, José Guimarães (PT), pidió que se paralice la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PAC), que estipula que todos los bancos públicos controlados por la Unión deben contar con la aprobación parlamentaria para realizar préstamos cuando se trate de operaciones fuera de Brasil. La propuesta está siendo discutida por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) y podría restringir la política de inversiones del BNDES. En agosto, el gobierno ya había intentado retirar el texto del orden del día, pero la petición fue rechazada.

En este escenario en el que Brasil pretende invertir en el exterior, como en anteriores mandatos del PT, la semana pasada saltó la noticia de un enorme préstamo que el banco de los BRICS, el llamado Nuevo Banco de Desarrollo (NDB en inglés) presidido por la ex presidenta Dilma Rousseff, ha concedido a Brasil: 1.000 millones de dólares. Una cantidad que el mismo banco ya ofreció al ex presidente Jair Bolsonaro en 2020, en plena pandemia del Covid, y que éste rechazó. No se ha desvelado qué financiará este dinero y hay quien piensa que pueda ser usado para un posible swap con Argentina.