La excandidata presidencial Ingrid Betancourt se sumó a las voces que critican al Gobierno nacional por las recientes manifestaciones que se registraron a las afueras del Palacio de Justicia, con el propósito de exigir a la Corte Suprema de Justicia que escogieran a una nueva fiscal General entre las ternadas Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda.
En una publicación en su cuenta de X, la exsenadora dijo que le pareció que la acción antes mencionada fue “grave” y expresó una firme condena a lo que considera como el “asalto” a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), enfatizando la gravedad de este suceso.
Betancourt aclaró que la seriedad del incidente no reside en el número de participantes, sino en la acusación de que el presidente Petro habría orquestado el “asalto” con el objetivo estratégico de influir en la elección de un fiscal General a su favor o “de bolsillo”. Además, comentó del jefe de Estado “movió la línea ética e hizo trampa para salir elegido”.
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“El asalto a la CSJ sí fue grave y no se puede banalizar. Lo fue, no porque hubieran salido tres gatos, sino porque Petro (el mismo que movió la línea ética e hizo trampa para salir elegido) planeó el incidente para forzar la elección de un fiscal de bolsillo”, dijo la excongresista por medio de su cuenta de X sobre la polémica de la elección de una nueva fiscal General.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre los hechos mencionados en la publicación de Betancourt, destacó la gravedad de los acontecimientos sucedidos el jueves 8 de febrero en el Palacio de Justicia, donde las instalaciones fueron efectivamente sitiadas. Durante este incidente, tanto las puertas de entrada como de salida del edificio fueron bloqueadas, una acción que el presidente calificó como un claro acto de agresión.
Sin embargo, en relación con lo sucedido en ese día, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, comentó lo siguiente: “No hubo ningún magistrado herido, no hubo magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro, siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos dijeron al general de la Policía que no querían salir porque iban a trabajar más”.
De hecho sobre esto último, la CIDH recientemente realizó un comunicado en el que habló de la elección de un nuevo fiscal en Colombia, además de recalcar la importancia de que se escoja a una de las ternadas antes mencionadas, en el texto pusieron sobre la mesa el tema de las movilizaciones.
Sobre lo cual dijeron: “En ese contexto, el 8 de febrero, se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país que, con excepción de momentos de desorden en Bogotá y Medellín, fueron catalogadas como pacíficas, según información presentada por el Estado. En relación a las manifestaciones en las inmediaciones de la sede del Palacio de Justicia, el Estado informó que ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas; y que, la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones, sin que se presentaran anomalías. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió reportes sobre agresiones en contra de periodistas”.
No obstante, a pesar de esto, el presidente de la Corte Suprema comentó que: “El hecho de que el general Salamanca haya podido entrar a las instalaciones de la Corte Suprema no quiere decir que no existía un bloqueo, que no estaba sitiada, a tal punto que, al mediodía, cuatro o cinco compañeros magistrados intentaron salir de la edificación y tuvieron que devolverse. ¿Por qué? Porque la Corte estaba física y materialmente bloqueada. La protesta pacífica, inicialmente, terminó siendo un acto de violencia y de agresión para la Corte Suprema de Justicia”.
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