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Aunque la inflación es, sin lugar a dudas, identificada como el principal problema de la economía, al que suele atribuirse su origen en el gasto público excesivo, que genera un déficit fiscal a ser financiado con emisión monetaria, este diagnóstico parece válido sólo para las cuentas públicas a nivel nacional. A nivel provincial, gracias a la inflación y no pese a ella, el estado de las cuentas públicas refleja una robustez notable.
El resultado positivo del consolidado de todas las provincias contrasta con el creciente déficit fiscal de la Nación lo que implica, paradójicamente, que los hasta ahora infructuosos esfuerzos de la gestión económica por ajustar el gasto para contener la suba de precios, serían perjudiciales en términos presupuestarios para las provincias.
Regresaría así una discusión clásica a la escena política: la necesidad de que las distintas jurisdicciones ajusten también sus cuentas, como exigió durante años el Fondo Monetario. Un informe reciente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) que dirige el economista Jorge Colina, destaca que el desequilibrio fiscal de la Nación contrasta con la holgada situación financiera de las provincias, lo que se debe a que “las provincias usaron la inflación para licuar gastos”. Por eso -advierte el trabajo- si se simula una baja de la inflación, las provincias vuelven a ser deficitarias.
De ahí que, aunque el desafío de ajustar las cuentas públicas parezca hoy concentrado en el Estado nacional, lo cierto es que el desafío será compartido también por las provincias si el próximo gobierno lograra una reducción de la tasa de inflación. “El desafío pareciera estar centrado en el nivel nacional ya que las provincias muestran superávit financiero, es decir, sus ingresos superan la totalidad de sus gastos. El hecho de que las provincias vienen acumulando ahorros –que en su mayor parte son destinados a financiar al Tesoro nacional– lleva a concentrar la atención en el nivel nacional”, sostiene el análisis del instituto, que plantea un interrogante sobre la verdadera salud de las finanzas provinciales.
Para responder la pregunta, el trabajo recopiló los datos del Ministerio de Economía entre el 2017 y el 2022 y observó que el resultado financiero del agregado de todas las provincias en el 2017 fue de un déficit equivalente al 5% del total de sus ingresos. Sin embargo, el año pasado, mostraron un superávit equivalente al 1% de sus ingresos. La clave, según el informe, es la licuación del gasto público, particularmente de los salarios del sector público.
“Si desde el 2017 los salarios de los empleados provinciales se hubiesen ajustado igual que la inflación, el resultado habría sido un déficit de 5% de sus ingresos. Estos datos muestran que la licuación del gasto público gracias a la inflación es el factor más decisivo para explicar la mejora en las finanzas públicas provinciales”, afirmó IDESA, que explicó que ante la aceleración inflacionaria, la actualización de los ingresos provinciales fue mucho más rápida que la de las erogaciones. En esa dinámica, resultó particularmente decisivo es que los salarios de los empleados públicos provinciales crecieron por debajo de la inflación. Por lo que si en el futuro se ingresara a un escenario de estabilidad, los salarios y demás gastos tenderían a recuperar el terreno perdido y las provincias volverían a entrar en déficit.
Las finanzas públicas provinciales sufren similares o peores problemas de insolvencia que hace años, solo que ocultos detrás del manto de la inflación. Cuando caiga el manto, los desequilibrios fiscales provinciales van a quedar al desnudo. Además, la licuación de los salarios en las provincias seguramente profundizó los déficits de gestión, ya que las menores remuneraciones son usadas para legitimar vicios, como el ausentismo, la conflictividad y la baja productividad.
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