El Gobierno iniciará en los próximos días una nueva ronda de negociaciones con un grupo de empresas para discutir los múltiples acuerdos de precios vigentes en distintos sectores como medicamentos, combustibles, alimentos y bebidas en supermercados, entre otros y que tienen en el último día de octubre su fecha de finalización. La inflación de dos dígitos mensuales de los últimos dos meses será uno de los principales obstáculos en ese ida y vuelta, aunque aún no está determinado qué ritmo de subas buscará habilitar el equipo económico.
Según pudo saber Infobae en base a fuentes oficiales, una serie de pactos de incrementos de precios con tope (de 5% mensual para el caso de los productos de consumo masivo en los supermercados, por ejemplo) comenzarán a ser rediscutidos en los próximos días. La agenda por ahora no está determinada, pero desfilarán por la Secretaría de Comercio que encabeza Matías Tombolini compañías de distintos rubros.
El ministro de Economía Sergio Massa había creado una unidad especial para la renegociación que realizó el Gobierno de los acuerdos de precios tras la devaluación del tipo de cambio oficial luego de las elecciones primarias. El titular de la Aduana Guillermo Michel estuvo al frente de ese ariete. En las firmas involucradas en los pactos de aumentos de precios mensuales con techo establecido esperan llamados de manera inminente.
La última instancia de ida y vuelta entre las empresas de consumo masivo y el Gobierno fue mucho más áspero que en ocasiones anteriores. Típicamente el programa Precios Justos -ex Precios Cuidados- tiene etapas que durante unos tres meses y se renuevan. La aceleración inflacionaria incluso anterior a la devaluación hizo que para las ecuaciones de costos de las empresas un corsé de incrementos por debajo de la evolución del IPC no les cierre en términos financieros. Incluso cuando el ingreso formal -con firma- al plan oficial le implicaba a las compañías cierto “reaseguro” de contar con SIRAs aprobadas para importar insumos.
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Tal como reflejó Infobae, en las últimas semanas la situación de faltantes en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados forzó al Poder Ejecutivo a negociar un ajuste en las clavijas de abastecimiento. Antes de las elecciones la incertidumbre hizo que muchos consumidores apuraran compras ante la posibilidad de que las listas de precios tras la instancia electoral puedan llegar con subas notorias.
“Se paralizaron ventas la semana pasada pero ahora el mercado fluye normalmente y con aumentos en los niveles que veníamos teniendo pero no con el estrés que se esperaba en el mercado post elecciones”, aseguró a Infobae el consultor especialista en consumo masivo y director de Focus Market Damián Di Pace.
La última tanda de acuerdos de precios tuvo condiciones casi ad hoc para cada caso. Consumo masivo es el que tiene mayor impacto en las góndolas por tratarse de pactos que involucran a las grandes superficies comerciales. En ese caso, el Gobierno planteó -antes incluso de haberse reunido con las empresas- que el sendero de precios que habilitaría sería de 5% mensual. La inflación en ese momento ya avanzaba a ritmo de 6,3% pero el salto devaluatorio post PASO ya indicaba que habría indicadores muy superiores.
La inflación de dos dígitos mensuales de los últimos dos meses será uno de los principales obstáculos en ese ida y vuelta, aunque aún no está determinado qué ritmo de subas buscará habilitar el equipo económico
El principal impacto que tuvo la devaluación del tipo de cambio oficial se notó en rubros como alimentos y bebidas, que según el Indec avanzaron 15,6% en agosto y 14,3% en septiembre, en ambos casos por encima de la inflación promedio. Como correlato, la canasta básica también tuvo incrementos en esos dos meses por arriba del IPC, en agosto la canasta alimentaria aumentó 17 por ciento.
Esos datos de los últimos dos meses, más lo que pueda suceder hasta que termine octubre, delinearán el marco de negociación que comenzará en breve con las empresas. Para el Gobierno, por ejemplo, el IPC de este mes debería retornar de nuevo al orden de un dígito mensual ya que, aseguran, el impacto de la devaluación de agosto ya agotó su traslado a precios. Para el viceministro Gabriel Rubinstein la inflación acumulada en las últimas cuatro semanas fue de 8 por ciento. Entre las consultoras tienen otro diagnóstico.
Por caso, Libertad y Progreso planteó que “en las primeras dos semanas de octubre, el IPC Libertad y Progreso acumuló una suba de 9,6% y apunta a cerrar el mes en un rango de inflación entre 12,1% y 13,2%, según cómo evolucionen los precios en la segunda mitad del mes. De modo que, la inflación encadenaría su tercer mes consecutivo con subas de dos dígitos, una racha que no se observaba desde el trimestre enero-marzo de 1991, previo a la implementación del programa de convertibilidad”, mencionaron.
“La desaceleración en el IPC semanal, que se venía percibiendo en las últimas semanas de septiembre, se revirtió en octubre y, nuevamente, estamos notando un incremento en la velocidad con la cual aumentan los precios. Tal es así, que en la primera semana del mes registramos una variación de 4,2%, mientras que en la segunda fue de 4,5%”, continuaron desde LyP en un informe reciente.
“El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba acumulada de 6,9% en lo que va del mes, mostrando aumentos de menor magnitud en relación a la medición de septiembre. Sin embargo, se aceleraron fuertemente los rubros de Vivienda, Mantenimiento del Hogar, Alcohol y tabaco e Indumentaria”, concluyeron.
En tanto, LCG midió que “en la tercera semana la inflación de alimentos se aceleró 2,2 puntos porcentuales respecto a la semana anterior. Presenta una inflación mensual del 6,9% promedio en las últimas 4 semanas y 7,7% punta a punta en el mismo período. En lo que va del mes acumula un 7,2% de inflación”, indicaron desde esa consultora.
“Puede resultar paradójico que el impacto de la devaluación haya sido inmediato y proporcional, aún en los casos de productos para consumo interno que no se exportan. Pero este parece ser un nuevo rasgo del régimen de súper inflación: se vuelven más difusas las diferencias entre bienes transables y los no transables, determinando ajustes casi automáticos para quienes intentan protegerse”, analizó, por su parte, un informe de Sarandí.
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