El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó este jueves que sin el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la de Ley Bases que impulsa Javier Milei en el Congreso, no podrá materializarse el proyecto de la planta de gas natural licuado, GNL, para exportar gas y potenciar definitivamente a Vaca Muerta.
“Sin RIGI, no habrá GNL. Si hacemos la obra va a ser la inversión en infraestructura más grande de la historia del país”, afirmó Marín durante su presentación en el VI Foro Nacional de Energía, Libertad & Seguridad Energética de LIDE, celebrado en el Alvear Palace Hotel.
El régimen para atraer inversiones de más de USD 200 millones que propone el Gobierno, que esta semana se debatirá en el Senado, contiene beneficios impositivos y también excepciones en materia cambiaria, estabilidad fiscal y reducción del pago de Ganancias, entre otros. Fue cuestionado por la UIA por el impacto que podría tener en las pymes locales.
En dos semanas Marín, designado tras la asunción de Milei y con pasado en Tecpetrol (Grupo Techint), partirá a Malasia para reunirse con los representantes de Petronas, una de las principales empresas exportadoras del mundo y con quienes YPF tiene un acuerdo para avanzar en la licuefacción del fluido. “Ojalá podamos viajar con el RIGI bajo el brazo para acelerar el proceso”, dijo el titular de la empresa estatal ante la consulta de Infobae.
“El objetivo de YPF es liderar la industria para aprovechar el potencial de exportación de Vaca Muerta”, agregó. Para eso Marín hizo foco en su “plan 4X4″, por el cual espera cuadruplicar el valor de YPF en los próximos cuatro años.
En el sector energético hay coincidencia respecto de la necesidad que tiene el RIGI para que la Argentina pueda exportar GNL a través de una planta que atraiga inversiones de la industria y Petronas e YPF. Según supo este medio, hay unas cinco firmas que confirmaron que se sumarán al proyecto.
Esa planta es la instalación necesaria para transformar el gas y hacerlo exportable por medio de barcos, los mismos que hoy importa el país y que generaron fuerte impacto en el gasto de dólares del Tesoro y el BCRA en los últimos años (aunque mucho menos desde que funciona el Gasoducto Néstor Kirchner que inyecta fluido a red nacional y ahorra, en parte, esas importaciones).
El proyecto que nació en el gobierno de Alberto Fernández tiene plena continuidad en éste. Y no es para menos: se trata de la mayor obra de infraestructura de la historia argentina que permitiría, desde 2031 y si se cumplen las previsiones oficiales, exportaciones anuales totales por unos USD 30.000 millones (gas y también crudo).
YPF y la malaya Petronas ya trabajan en los primeros e incipientes pasos. Ambas firmaron un acuerdo de entendimiento en 2022 y desde entonces hay reuniones preparatorias, con un ojo puesto en los detalles técnicos iniciales del mega proyecto, y otro en la financiación pero, sobre todo, en los vaivenes políticos de la Argentina.
En la petrolera de bandera, que a esta altura está descartado que la administración Milei pretenda venderla, aseguran que el proyecto es “absolutamente estratégico para el Gobierno” y trabajan para que dentro de unas semanas esté definido el lugar en el que se hará la planta y para comenzar a vender los “campos maduros” de hidrocarburos convencionales que tienen que en la Patagonia, uno de los ejes de la nueva gestión que concentra planes y dólares en el shale de Vaca Muerta. Del total de USD 30.000 de exportaciones en siete años, esperan capturar algo menos de la mitad.
El ambicioso proyecto nació con el “factor Argentina” como gran condicionante, y es lo que aún pone dudas sobre su viabilidad y real de concreción. En septiembre de 2022, cuando se firmó el primer acuerdo, Petronas dijo que “la Decisión Final de Inversión de los proyectos se tomará después de que se haya llevado a cabo una evaluación técnica y comercial diligente, respaldada por condiciones fiscales, legislación y políticas propicias”. Pidieron, siguen pidiéndolo seguridad jurídica por ley para el proyecto.
Desde entonces se puso en marcha lo que se conoció como la Ley de GNL, que Sergio Massa impulsó y logró media sanción en Diputados aunque luego nunca avanzó en el Senado. Básicamente, es el mismo proyecto que ahora lleva el nombre de RIGI.
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