Durante los últimos nueve meses, en su casa del pasaje Daniel Alomia (San Borja), el hermano de la presidenta Dina Boluarte ha sostenido encuentros en la sombra con beneficiarios de contratos estatales y al menos una autoridad edil, también favorecida, según un informe difundido este domingo en Cuarto Poder.
El caso trae a colación el destape de la vivienda de Sarratea (Breña), donde el exmandatario Pedro Castillo, de quien Boluarte fue vicepresidenta, mantuvo citas con empresarios y allegados tras su elección para decidir, presuntamente, las adjudicaciones de obras y designaciones de funcionarios.
El último 18 de octubre, cuando cumplió 64 años, Nicanor Boluarte fue visitado por Nixon Hoyos, alcalde del distrito cajamarquino de Nanchoc. Nueve días después, la comuna de esta jurisdicción —de 1400 habitantes— recibió cerca de 20 millones de soles provenientes de las arcas estatales, mediante cinco proyectos de inversión.
El monto fue inferior al que percibieron otros distritos de la provincia de San Miguel, al que Nanchoc pertenece: por ejemplo, San Bernardino y Chota recibieron 10 millones de soles, pese a que tienen cinco mil y 151 mil habitantes, respectivamente, según el dominical.
Al encuentro de cumpleaños también acudieron Victor Hugo Torres, Edwin Ugarte, así como los hermanos Antonio y Jorge Chingay. Todos registran contratos con el Estado. El propio burgomaestre de Nanchoc, quien llevó un regalo para el hermano de la presidenta, admitió que uno de los Chingay fue quien se lo presentó.
Las reuniones informales datan desde inicios de año. En marzo pasado, Cuarto Poder captó la llegada de Victor Hugo Torres, quien había ganado 47 mil soles en contratos con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cuando Boluarte presidía ese portafolio.
Las cámaras también enfocaron a Edwin Ugarte, quien obtuvo tres contratos por 32 mil soles en la misma cartera administrada por la ahora gobernante y, solo este 2023, obtuvo acuerdos por 47 mil soles, según el reportaje. Ambos allegados se movilizaban en un carro que le pertenece al exfiscal Michael Aranda, exfuncionario del Ministerio Público quien registra, a la fecha, cuatro contratos públicos por 60 mil soles, todos por servicios brindados al Ministerio de Justicia del actual gobierno.
En diálogo con el dominical, Aranda ―proveedor del Estado— adujo que puso su vehículo a disposición de Ugarte porque no tenía cochera ni permiso para conducir. En agosto pasado, Nicanor también subió a este auto para sostener una reunión en una cafetería local.
A la cita acudió, por su parte, el destituido prefecto de Cajamarca, Noriel Chingay, quien registra denuncias por coacción y por conducir en estado de ebriedad, así como su hermano Jorge Chingay, quien donó pollos durante la campaña de Dina Boluarte.
Gran parte de ellos llegó nuevamente a la casa del pasaje Daniel Alomia ellpasado 18 de octubre. Nueve días después, se efectuaría el desembolso estatal de 20 mil soles para el distrito de Nanchoc, de acuerdo con el decreto publicado en El Peruano.
“[Uno de los hermanos Chingay] me dijo que me iba a presentar a un hermano de la presidenta”, dijo escuetamente el alcalde Nixon Hoyos respecto a su cercanía con Nicanor Boluarte, quien fue viceministro durante el Gobierno de Ollanta Humala (2016) y trabajó en diferentes gerencias del Estado. Hasta el momento, la mandataria no se ha pronunciado al respecto.
El informe ha sido difundido el mismo día en que llegó a territorio nacional después de un viaje a Estados Unidos, donde no tuvo una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Joe Biden, tal como había anunciado, sino una conversación de camino al auditorio de la Casa Blanca, donde se celebró una cumbre regional.
Tras conocerse esa información, el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, envió un oficio a la canciller Ana Gervasi para solicitarle información y manifestarle su “profunda preocupación por la forma en que se viene conduciendo la agenda de viajes al exterior de la presidenta”.
A su turno, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) también presentó un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para pedir información sobre qué instancia de la Casa Blanca confirmó la “supuesta reunión bilateral” con Biden, mientras que su compañera de bancada, Patricia Chirinos, remitió otro oficio a la ministra de Exteriores pidiéndole “determinar responsabilidades” sobre la fallida reunión bilateral y que “se apliquen las sanciones correspondientes”.
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