El martes 16 de julio, el presidente Gustavo Petro firmará la nueva reforma pensional que se aprobó el 14 de mayo en el Congreso. La reforma ha recibido diferentes críticas y el mandatario llamó a la ciudadanía para apoyar la ley en la plaza de Bolívar a las 10:30 a. m.
La reforma pensional empezaría a regir el 1 de julio del 2025 y no ha sido libre de señalamientos. Se le ha tildado de inconstitucional y se ha criticado la conformación del comité que administrará el fondo pensional, que estará a cargo el Banco de la República.
El cambio principal consiste en que los regímenes público, como Colpensiones, y privado se complementarán con un sistema de pilares solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario, lo que implicará diferentes impactos para los trabajadores.
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La reforma pensional introducirá dos componentes en el pilar contributivo. El primero, de prima media, incluirá a trabajadores con ingresos entre uno y 2,3 salarios mínimos, quienes cotizarán en Colpensiones. Sus aportes irán a un fondo de ahorro administrado por el Banco de la República para pagar pensiones futuras.
El segundo componente, de ahorro individual, aplicará a quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos, cuyos recursos extras que superen el tope se podrán destinar a fondos privados. Con la reforma, las pensiones serán menores para quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos y que estén realizando su ahorro pensional con el sistema actual.
El pilar semicontributivo beneficiará a quienes cotizaron al menos 300 semanas en el Régimen de Prima Media o 900 semanas en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, mientras que el pilar solidario apoyará a adultos mayores en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad.
El pilar de ahorro voluntario lo integrarían las personas que hagan un ahorro voluntario a través de los mecanismos que existan en el sistema financiero, según el régimen que establezca la ley, con el fin de complementar el monto de la pensión integral de vejez. Estas personas recibirán un bono pensional de 250.000 pesos.
Según el Gobierno, el proyecto de reforma pensional establece que la tasa de cotización en el Pilar Contributivo será del 16% del ingreso base, con los empleadores asumiendo el 75% y los trabajadores el 25%. Aquellos con ingresos mensuales de cuatro salarios mínimos o más deberán aportar un adicional del 1,5% a su base de cotización, destinado al Fondo de Solidaridad Pensional.
Para quienes ganen siete salarios mínimos o más, el aporte adicional será del 1,8%, y se incrementará progresivamente: del 2,5% para ingresos entre 11 y 19 salarios mínimos, del 2,8% para ingresos entre 19 y 20 salarios mínimos, y del 3% para ingresos superiores a 20 salarios mínimos. Estos aportes adicionales también se destinarán al Fondo de Solidaridad Pensional, según lo estipulado en la ley.
A quiénes se les aplicará la nueva reforma pensional
Los cambios no aplicarán a los hombres que tengan más de 900 semanas y a las mujeres que tengan 750 semanas al 1 de julio de 2025, ya que estos serán determinado como pertenecientes al régimen de transición. Es decir, a estas personas se les continuaría aplicando la Ley 100 de 1993, actual sistema.
Además, la reforma no aumentará la edad de pensión y se mantendrá en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Sin embargo, uno de los ajustes que se realizaron implica que las personas solo podrán recibir su mesada tres años después de alcanzar su edad de pensión.
Los cotizantes que cumplan con esas condiciones todavía podrán pasarse de un fondo privado a Colpensiones, o viceversa, y para hacerlo tienen plazo hasta el primero de julio de 2027. A partir de esa fecha, el Gobierno decide si su pensión quedará en el fondo público, o en las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP).
La Procuraduría lanza una advertencia al nuevo sistema pensional
La Procuraduría General de Colombia emitió el 15 de julio una advertencia sobre el nuevo modelo pensional que está a punto de ser implementado en el país. El ente de control expresó preocupaciones sobre los riesgos que esta nueva estructura podría representar para la población y la capacidad de Colpensiones para manejar la demanda.
En un comunicado reciente, la Procuraduría destacó que las inquietudes no solo se centran en cómo los trabajadores cotizarán para sus pensiones y cómo se distribuirán esos recursos, sino que también se refieren a posibles problemas operativos dentro de Colpensiones, la administradora de pensiones. Por ello, se ha solicitado a la Superintendencia Financiera de Colombia detalles sobre el seguimiento realizado a Colpensiones y otros actores del sistema frente a la puesta en marcha del nuevo esquema pensional.
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