El 2 de julio ingresó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley, impulsado por el gobernador Axel Kicillof, que busca fomentar el aumento de la oferta de productos fabricados por pymes en las góndolas de la provincia. Se trata de la iniciativa conocida como “la ley de góndolas bonaerense”, que ingresó por el Senado y que actualmente se encuentra bajo análisis en la Comisión de Usuarios y Consumidores de esa cámara. Será presentado allí oficialmente la semana próxima por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, pero de antemano ya recibió infinidad de críticas no sólo de parte del gobierno nacional, que apenas asumió derogó la Ley de Góndolas nacional, sino también del sector supermercadista y de las grandes empresas alimenticias.
De todos modos, el gobierno provincial tiene la firme intención de avanzar con el proyecto y que pueda finalmente tratarse en el recinto durante el próximo mes. “El corazón de esta ley es generar más oferta. Hay muchas pymes que están necesitando trabajo en la provincia y la idea es ayudar a que ganen espacio en góndola. Estamos proponiendo una cantidad mínima de 5 proveedores por producto en las grandes superficies y 3 en los autoservicios. También planteamos que hay abusos que hay que regular, como por ejemplo los plazos de pago que se les ofrece a las pymes”, manifestó a Infobae el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de inversiones de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar.
Según el proyecto, las góndolas físicas deberán exhibir una cantidad mínima de proveedores MiPyMEs y/o proveedores MiPyMEs bonaerenses por producto, que será definida por la Autoridad de Aplicación en la reglamentación. No habrá, como en la derogada Ley nacional, exigencias respecto de cuánto debe medir cada espacio de la góndola a cubrir por cada proveedor, lo que era -y fue- bastante impracticable y de imposible control.
De todos modos, en el supermercadismo ya elevaron la señal de alarma y están intentando, por todos los medios, influir para que el proyecto no avance. De hecho, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) le envió una carta a la senadora Gabriela Demaría, presidenta de la comisión de Usuarios y Consumidores, en la que realiza un profundo descargo en contra de la iniciativa y llama a los legisladores a desestimarlo. Algunos de los puntos de la misiva son los siguientes:
-”Debemos comenzar por desterrar la falsa imagen de que en las cadenas de supermercados sólo están presentes las ´grandes marcas´ pertenecientes a los ´grandes grupos económicos´. Efectivamente, 76% de los proveedores de productos generales y el 92% de los de marca propia son pymes. Desde hace muchos años las cadenas de supermercados, especialmente las grandes cadenas, han implementado programas de desarrollo de proveedores pyme que han permitido a muchas de esas empresas alcanzar estándares de competitividad que les han dado un importante espacio en góndola.
Además, la entidad señaló que participan activamente del programa Producción Bonaerense mediante el cual se generan nuevos vínculos comerciales entre supermercados y pymes y se cierran acuerdos en rondas de negocios. Y que actividades como ésas son mucho más eficaces que “ciertas imposiciones normativas”.
-”La experiencia reciente de la derogada Ley 27545 nos ha dejado una serie de perniciosos efectos prácticos:
1) Faltante de producto en góndola, ya que al reducirse el espacio destinado a los productos de alta rotación se generaban quiebres de stock o faltantes en la góndola.
2) Sobre-stocks: la mera presencia en góndola impuesta por la fuerza por el hecho de ser productos pyme o pyme bonaerense no garantiza la preferencia del público por dicho producto. Todos aquellos que no recibieron la aceptación del público generaron stocks inmovilizados y, en consecuencia, mayores costos de inventarios e ineficiencias que terminaron trasladándose a los precios
3) Con menor espacio del que necesitan en góndola de acuerdo a su nivel de venta, los productos de alta rotación debieron reponerse con mayor frecuencia generándose con ello mayores costos de personal de reposición y de operación logística. Estos mayores costos terminaron impactando en el precio de los productos.
4) Numerosas pymes no estaban (ni están en la actualidad) preparadas para cubrir el flujo de pedidos regularmente con el volumen y la rotación que las grandes superficies demanda, lo cual terminó generando faltantes en góndola.
La carta de ASU también hace referencia a la violación de ciertos derechos constitucionales, como por ejemplo el “derecho al libre comercio”. “La libertad de elección del surtido de productos a comercializar forma parte del núcleo duro de las actividades típicamente comerciales o de intermediación, desde que el mismo es uno de los principales factores de la competencia en el mercado. De allí, el derecho del empresario a disponer de autonomía para la determinación de su oferta comercial sea esencial para el ejercicio del derecho constitucional antes citado”, dice la carta. Al respecto, Aguilar dijo a Infobae que lo que se les impondrá es la cantidad mínima de proveedores pymes, pero el comercio podrá elegir los que quiera.
También desde la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que nuclea a las grandes firmas del sector, se está avanzando en la redacción de una misiva con cuestionamientos al proyecto provincial. Desde el gobierno nacional, en tanto, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, también cuestionó la iniciativa de Kicillof ni bien fue enviada al parlamento bonaerense. “El DNU 70/2023 de nuestro gobierno derogó la Ley de Góndolas, de Abastecimiento y el Observatorio de Precios porque obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos, promovían un rol persecutorio del Estado y no generaban ningún tipo de beneficio. Queda claro que al no tener agenda de futuro, el gobernador Kicillof apela a políticas del pasado que ya han fracasado”, señaló vía la red social X el funcionario oportunamente.
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