Avanza la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelanta contra la casi desaparecida aerolínea colombiana Viva Air por presunta estafa en masa, luego de que vendieron tiquetes a miles de pasajeros en Colombia a sabiendas de que cesarían sus actividades a finales de febrero de este año, lo que causó que miles de ellos quedaran varados en los aeropuertos del territorio nacional.
El mismo fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que, derivado de esos hechos, decidió abrir una investigación solicitada por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien instauró acciones legales contra los directivos de Viva Air por estafa. Sin embargo, desde el organismo acusador dieron a conocer que los indagarán, pero con una carga adicional en los presuntos delitos que habrían incurrido.
“Hay una estafa en masa que se está denunciando por todos los usuarios que se vieron afectados por la compra de tiquetes y por el cese de operaciones de esa empresa”, aseguró Eduar Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía, en diálogo con la emisora Caracol Radio.
Además, ni Barbosa ni Calderón descartan que, una vez avancen las pesquisas, los dirigentes de la empresa de vuelos que podría unirse a Avianca, deban comparecer ante la Fiscalía para rendir declaratoria sobre los hechos que paralizaron, por varios días, el transporte aéreo en Colombia y obligó al Gobierno nacional, así como a otras aerolíneas, a tomar cartas en el asunto para ayudar a los afectados.
“Estamos tratando de evaluar cómo fue la actuación de esta empresa y qué responsabilidad le asistía a cada uno de los directivos y gerentes para poder establecer posibles responsabilidades, una vez tengamos eso, seguramente y de ser necesario se llamará a interrogatorio”, aseguró el fiscal Calderón.
La mayoría de dependencias del ente acusador están al tanto de estos hechos. De hecho, el fiscal Barbosa reveló, días atrás, que desde el despacho de la vicefiscal general Marta Mancera también tienen bajo la lupa a los directivos de esa empresa, que con la decisión de suspender operaciones generaron afectaciones en más de un millón de pasajeros y una posible estafa que sobrepasa los 200 mil millones de pesos, según señaló el ministro de Transporte en su demanda.
En esa línea, Mancera está reuniendo todo el material probatorio para determinar los crímenes en los que habría incurrido Viva Air al permitir que sus colaboradores en todo Colombia vendieran tiquetes aéreos, a pesar de que sabían que sus aviones se quedarían en tierra.
“La señora vicefiscal está al frente del asunto y muy seguramente investigará, pero lo repito, los hechos de carácter social que los resuelvan socialmente. El derecho penal no le va a resolver un problema al Gobierno, que probablemente se ha generado por acciones de tipo administrativo. Por eso yo invito a que resuelvan sus problemas y nosotros en paralelo vamos a ver si hay un hecho constitutivo de delito”, aseveró el fiscal Barbosa.
Hay que recordar que, instantes previos a que Viva Air anunciara que no mandaría más vuelos por los cielos colombianos porque la Aeronáutica Civil no les había permitido su fusión con Avianca, en sus oficinas y en la página web seguían vendiendo vuelos. De hecho, varios de los usuarios aseguraron que les alcanzaron a recibir las maletas, les hicieron check in a los vuelos; incluso, hay otros pasajeros que denuncian que la aerolínea ya sabía que no funcionarían más y a pesar de todo siguieron vendiendo vuelos.
De hecho, a esta interminable novela, días atrás se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda contra el ministro de Transporte, Guillermo Reyes y el director de la Aeronáutica Civil, Sergio Paris, instaurada por los trabajadores sindicalizados de la aerolínea de bajo costo, quienes cuestionaron que el Gobierno nacional, del que claramente hacen parte Reyes y Paris, no permitieron la vinculación de la empresa para la que trabajan con la aerolínea Avianca.
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