El Ministerio de Justicia y el presidente Gustavo Petro recibieron un informe de la Fiscalía General de la Nación de 25 páginas en las que el ente acusador señala que no existieron los 200 homicidios por parte del Clan del Golfo.
“Que la indagación que fue objeto de publicación en la prensa nunca ha dado cuenta, desde el punto de vista probatorio, de la comisión de 200 homicidios”, señala el informe entregado al Ejecutivo.
Además, tiene pendientes por materializar 688 órdenes de captura en contra del Clan del Golfo, de las cuales 184 son contra cabecillas.
El motivo por el que hasta el momento no se pueden capturar a estas personas es la falta de garantías y política pública de prevención y seguridad, para poder llegar a zonas rurales de conflicto y ejecutarlas, señala el ente acusador en este informe.
También se señala que la Fiscalía ha logrado capturar 376 integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC. De estas capturas, 74 han sido sobre cabecillas y ha obtenido medida de aseguramiento en 356 de los casos.
El presidente Petro se ha referido a estos presuntos homicidios por medio de una publicación de un periodista, y le ha reclamado en varias ocasiones al fiscal Francisco Barbosa un informe completo sobre esta situación, a tal punto generarse encontronazos entre el jefe de Estado y la cabeza visible del ente acusador.
El periodista en una publicación en Twitter aseguró que las supuestas 200 muertes se habrían podido evitar y que el fiscal Daniel Hernández habría omitido unas denuncias para cubrir a 14 cabecillas del Clan del Golfo.
Gustavo Petro insistió en que un alto fiscal estaría encubriendo homicidios del clan del Golfo
El presidente le solicitó a la cartera de Justicia, Néstor Osuna, que revise detalladamente las acusaciones contra Hernández Martínez y en su cuenta de Twitter señaló el 2 de mayo, que es necesario revisar al interior de la Fiscalía qué está pasando, ya que no solo estaría involucrado el fiscal que omitió las denuncias, sino otros funcionarios que tampoco reaccionaron cuando conocieron las denuncias presentadas por un miembro de la Fiscalía que denunció los hechos.
“El Estado no puede cruzarse de brazos ante las denuncias tan graves que viene haciendo el periodista Guillén sobre centenares de homicidios y desaparición de ciudadanos por el Clan del Golfo. De ello informó con antelación un funcionario del CTI a altos miembros de la Fiscalía y estos se negaron a actuar, permitiendo las muertes”, escribió el jefe de la Nación.
Las acusaciones que salieron a la luz en un artículo publicado por La Nueva Prensa señalan que en varios ocasiones, durante los últimos tres años, al funcionario se le advirtió de amenazas que estaban recibiendo personas por parte del grupo narcoparamilitar, pero este no hizo nada, incluso, se acusa de estar encubriendo, presuntamente a 14 jefes del grupo armado.
“El perfil del Clan del Golfo en la costa norte y de sus 14 principales cabecillas también fue elaborado por investigadores del CTI con el apoyo de fuentes humanas reconocidas judicialmente. Avanzaban a pesar del sabotaje de la propia Fiscalía General y del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, quien terminó por amenazar él mismo a uno de los funcionarios que le anticipaba los homicidios que se iban a cometer y que luego se los reportaba como hechos cumplidos para dejar constancia de la desidia institucional”, se lee en la denuncia.
La delicada situación se habría desarrollado de forma puntual en la costa caribe colombiana y según se dio a conocer, los criminales serían encubiertos por el fiscal serían: Julio Alberto Benavides Lapeira, alias El Tigre o El Patrón; José Luis Pérez Cantillo, ‘Chichiwi’ o ‘El Pin’; Manuel Alejandro Catalán Pérez ‘El Flaco del retén’; Benjamín Segundo Gracia Gutiérrez ‘Maicol’; alias Lulú o AlExander Villalba Reyes; Ángel María Benavides Lapeira ‘Angelo’; Geisa María Mora Caballero, José Daniel Pacheco Valencia ‘Fujimory’, Alberto Padilla Sarmiento ‘Brayan’ o ‘Javier’; Ender Caro Martinez ‘El Burro’, ‘Helder’, ‘Pepe’ o ‘El Negrito’; Haumed Ahumada Gomez ‘El Valluno’; Eliecer Rafael Hernández Ursola ‘El Mono’, Nicolás Alberto Lemus Hernández ‘Choque’, y Hernández Alias Chapa o Pedro.
Además, el funcionario del ente judicial no solo le habría incumplido a la justicia colombiana, sino que habría ocultado las denuncias de la justicia de Estados Unidos. Adicionalmente, se señala que todo habría sido presuntamente escondido del fiscal general, Francisco Barbosa, y la fiscal, Martha Mancera.
“El traslado del expediente a Bogotá fue ordenado por el fiscal general, Francisco Barbosa, y por la vicefiscal, Martha Mancera, para que Daniel Ricardo Hernández Martínez lo congelara ante el temor de que los desmanes y crímenes de lesa humanidad del Clan del Golfo pudieran estar asociados al expresidente Iván Duque a través del narcotraficante y asesino José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe”, que le financió la campaña electoral y le compró votos en siete departamentos del norte del país”, se lee en la publicación periodistica.
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