Habiendo trascendido que el Gobierno cedió en 100 modificaciones al proyecto original de la Ley Ómnibus y que ya no serían 19 sino 36 los rubros agroindustriales exentos del pago de derechos de exportación (DEX), este casi monotema es todavía un punto de la discordia entre los bloques oficialista y de la oposición dialoguista de Diputados, que entre mañana y pasado deberán definir, en el plenario de comisiones, un dictamen que llegaría al recinto probablemente este jueves.
Si bien hay muchas más actividades y economías regionales que no serían gravadas con el 15% de DEX que el Gobierno propuso originalmente en su proyecto de ley, algunas quedarían incluídas, como el caso la harina y los pellets de trigo o la carne aviar y porcina -según la lista que trascendió esta semana que no los incluye como complejos que quedarían exentos, a pesar de que continúan las negociaciones en este capítulo- lo que no solo provoca quejas en los actores del sector. También genera fricciones entre los diputados de los 4 bloques que deben acordar un dictamen que supere en votos al rechazo que Unión por la Patria (UP) le dará a proyecto.
Ángeles Naveyra, presidente de la Fundación Barbechando, la entidad del agro que hace lobby por la actividad en el Congreso Nacional y que asegura que ya hay una bancada-agro multipartidaria de unos 40 legisladores, también tiene críticas para las correcciones que ofrece ahora La Libertad Avanza (LLA), en medio de las frenéticas negociaciones de las próximas horas, que tienen final abierto.
“Es preferible definir qué es una economía regional e incluir ese concepto en la ley, para no dejarle la discrecionalidad de subirle retenciones a algunas sí y otras no al Ejecutivo o a los lobbies sectoriales” (Ángeles Naveyra)
Para la dirigente, el listado que trascendió -que incluye actividades tales como los sectores olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arvejas, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos, lana, maíz pisingallo, floricultura, ovoproductos, jojoba, girasol confitero, alpiste, mijo, trigo sarraceno, quinoa, lupinos, lino, vitivinícola, esencia del limón, algodón textil, forestal y la alfalfa- podría ser paradójicamente impreciso.
“En economías regionales es preferible definir que es una economía regional e incluir ese concepto en la ley, para no dejarle la discrecionalidad de subirle retenciones a algunas sí y otras no, al Poder Ejecutivo o a los lobbys sectoriales. Si eso no es posible, es recomendable ir al Nomenclador Común del Mercosur y detallar, por sección y numeración específica, cada producto exportable y así no dejar espacio a la discrecionalidad u omisión”, detalla la dirigente respecto de las posiciones arancelarias de cada producto que, en la Aduana, no dejan dudas de qué queda gravado y qué queda exento.
Pero más allá de este detalle técnico para nada menor, a Naveyra le preocupa qué pueda pasar en las próximas 48 horas en las negociaciones para acordar un dictamen entre los cuatro bloques no kirchneristas que junto a la UCR y LLA suman al PRO y a Hacemos Coalición Federal (HCF), el bloque que integran peronistas no K, cordobesistas y legisladores socialistas de Santa Fe, entre otros.
Escenarios legislativos
Naveyra explicó que una opción es que el lunes o martes salga un dictamen de mayoría de LLA, PRO, UCR y HCF, que implicaría un acuerdo en el texto del proyecto de Ley Ómnibus, y, al mismo tiempo, el plenario de comisiones emitiría un dictamen de minoría impulsado por UP, de rechazo a ese dictamen de mayoría. En ese caso se tratan ambos en el recinto y prevalecería el de mayoría porque tiene el aval de más cantidad de legisladores sumados los de LLA, PRO, UCR y HCF, explicó la titular de Barbechando.
Pero entre estos cuatro bloques hay puntos de tensión que, entre otras cuestiones, incluyen los DEX. Varios diputados relacionados con el agro de la UCR y del peronismo cordobés de HCF están totalmente en contra de las retenciones porque afectan de lleno a las provincias. Lo que podría saldar esas diferencias es que se plantee un esquema de baja gradual o que se determine que las retenciones regirán sólo por un plazo y luego se volverán a revisar.
Ese es el gran punto de discordia sobre el que debería haber “fumata blanca” para que LLA avance con su proyecto de Ley Ómnibus, según indican desde Barbechando.
Si esto no se da y no hay acuerdo entre los mencionados cuatro bloques, sobre todo entre LLA con la UCR y HCF, entendiendo que con el PRO están bastante de acuerdo, el escenario cambia. En ese caso el dictamen de rechazo de UP sería el de mayoría, con lo cual están obligados a tratarlo en el recinto, si convocan a una sesión. En ese caso el efecto sería el contrario al deseado por el oficialismo, y se trataría un dictamen de rechazo de UP al proyecto del Gobierno. Por eso lo más probable sería que LLA intente evitar ese escenario.
“El mejor escenario para que la ley salga es que se pongan de acuerdo LLA, PRO, UCR y HCF para sacar un texto acordado, con dictamen de mayoría y poder ir al recinto a sesionar. Si no se ponen de acuerdo, se podrían complicar bastante las cosas en el recinto y que se vote un proyecto de ley que no era del espíritu de los libertarios que deberían trabajar para bloquearlo”, sintetizó Naveyra.
Fuera de juego
Mientras toda la rosca política vivirá horas frenéticas en Diputados, al comenzar la semana, entre los sectores damnificados al estar fuera de la lista de eximidos (que no fue oficializada por el Gobierno), está la industria molinera. La harina de trigo y los pellets (cáscara del grano prensada y usada para alimentación animal), tienen actualmente 7% de DEX, y pasarían al 15%, si el proyecto de ley avanza con las modificaciones que hasta ahora transcendieron.
Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) señala que en esa institución funciona un consorcio integrado por casi 70 molinos que exportan esos pellets a Marruecos y Arabia Saudita, donde se los usa para alimentar camellos. “Pasar del 7 al 14% de DEX es directamente salir del mercado. Dejar todo el negocio en manos de Turquía, que es el gran exportador de harina y de afrecillos de trigo. En los productos industriales uno no pone el precio de sus mercaderías, sino el mundo. Es un producto que vale 160 dólares por tonelada. Ponerle el 15% de retención es matarlo. Así no cierra el negocio”, que en ese caso no arrojaría ganancia ni pérdida, según explicó el dirigente empresario.
Pero no pasa lo mismo con el principal producto de exportación de la molinería argentina. “En la harina pasamos a perder casi USD 30 por tonelada. Así, no hay motivación para exportar. En harina estamos exportando a algunos pocos países porque Argentina tiene costos logísticos muy altos y nos han quedado como mercados casi solamente Brasil y Bolivia”.
Cifarelli dice que en ambos mercados con los DEX al 15% va a ser muy difícil mantener la competitividad. “No vamos a perder puestos de trabajo, pero lo que se está matando es la potencialidad de crecimiento porque las exportaciones nuestras en los últimos 10 años vienen decreciendo. Al 7% de retenciones, como están ahora, por lo menos permite sacar mercadería, no perder plata y mejorar los costos para vender más barata la harina en el país. Se mejoran los costos y no trabajamos con rentabilidad, sino con una contribución marginal que dan los costos fijos que impactan menos”.
En este sentido, agrega que “hay mucha ociosidad en las plantas. El país puede abastecer dos Argentina con toda su molinería. Tenemos una ociosidad del 51%. Actualmente vendemos el 85% en el mercado interno y el 15% o menos se exporta, entonces cualquier tonelada que vos sumes de exportación tiene contribución positiva que con el 15 por ciento de retenciones no la va a tener”.
Retenciones sin criterio
Desde La Pampa, una provincia donde el trigo es uno de los cultivos fuertes y también hay industria molinera, criticaron la medida que discrimina a la industria molinera. El diputado nacional del PRO por ese distrito, Martín Ardohain, señaló que “no estamos de acuerdo en la suba de impuestos para las economías regionales y particularmente con elevar de 7 a 15% las de harinas y pellets de trigo”.
Agregó que a los molinos trigueros “los afecta de manera directa, porque los saca de la competencia. Si queremos como país generar mano de obra y valor agregado a las economías regionales, no es razonable gravar las exportaciones”, sostuvo.
Por su parte su colega y comprovinciano, Ariel Rauschenberger (UxP), sostuvo que “necesitamos desarrollar la agroindustria y eso no va a ser factible con más retenciones, que se empiezan a aplicar sin un criterio y por eso caemos en esto que según las presiones o los votos que puedan aportar los legisladores, saco, pongo, aumento o bajo retenciones, incluidas en el proyecto original para lograr un dictamen”, dijo, refiriéndose a las negociaciones aún en marcha entre los distintos bloque legislativos.
La molinería argentina está distribuida en todo el país, tratándose en muchos casos de empresas pyme, una escala de industrias para las que el proyecto de Ley Ómnibus no dedicó ningún capítulo ni sección. Según el legislador pampeano de UP, “es una de las actividades económicas con mayor influencia en las economías regionales locales, que genera directa e indirectamente 112.000 empleos. En los últimos 5 años, anualmente se exportaron 570.000 toneladas de harina y 230.000 toneladas de pellets, por un valor promedio que supera los USD 230 millones”, aseguró.
Rauschenberger agregó que “La Pampa se ve seriamente afectada por el proyecto de Ley Ómnibus, tanto en su redacción original como con las supuestas modificaciones que están circulando periodísticamente. Se aumentan las retenciones al 15% de los productos más representativos de las exportaciones de la provincia como carnes, aceites, harina, pellets, maíz y trigo, con el evidente perjuicio que esto genera. Se trata de una transferencia de nuestra provincia a la Nación de unos USD 28 millones anuales no coparticipables, considerando los distintos productos que afecta”, precisó.
Exportan el 40% de la producción
Incluido finalmente en la lista que circuló en estos días de complejos no gravados por los DEX, quedó la vitivinicultura. No obstante, desde Cuyo también se expresaron al respecto. El diputado nacional Lisandro Nieri (UCR/Mendoza) enfatizó que “poner derechos de exportación es achicar la economía, perder mercados y sacarle competitividad a nuestro producto. Para una economía regional es inadmisible poner una retención. Así lo hemos planteado y afortunadamente creo que se está revisando. En el sector vitivinícola con retenciones se achican las exportaciones”, recalcó.
Al respecto, recordó que Chile no sólo no tiene DEX, sino que tiene tratados de libre comercio con otros países con arancel cero y Argentina tiene un promedio de 5% de aranceles para ingresar a otros países. “Gravamos la exportación y adicionalmente se nos grava la importación. Entendemos que hubo un sinceramiento en lo cambiario, que es el argumento que a veces se expone, pero también suben impuestos, insumos y costos internos. Años y años de generar mercados que se pueden perder”, recordó y advirtió al mismo tiempo.
“Poner derechos de exportación es perder mercados y sacarle competitividad a nuestro producto. En el sector vitivinícola con retenciones se achican las exportaciones” (Lisandro Nieri)
En tanto, desde Mendoza, explicaron técnicamente cómo los DEX afectan la rentabilidad de la producción de vino, en mucho más de lo que indican los porcentajes que se preveían y que ahora estarían desestimados. Sergio Villanueva, presidente del Fondo Vitivinícola Argentino, indicó que “en una caja de vino de USD 40, con el vino van las etiquetas, el vidrio, el tapón y la cápsula, si se le aplica el 8% (los DEX que el Gobierno había propuesto) da USD 3,2 en una caja de 40 dólares. Pero esa caja de USD 40 tiene solamente USD 10 de vino, de líquido”, precisó.
Explicó que al aplicarse esos USD 3,2 sobre los insumos que lleva el vino da casi 32% de retención. “Y si eso lo aplicás sobre el valor de la uva, que es el producto primario, te da casi el 50%. En estas condiciones, el negocio de la exportación es muy poco rentable, o en algunos casos inviable, porque empezás a perder las categorías de mayor volumen”.
Villanueva recordó que se dirigieron a los gobernadores y tuvieron reuniones con los legisladores de las provincias vitivinícolas. “El costo fiscal que esto implica para la nación es muy bajo; son USD 60 millones. Para nosotros no es bajo porque ese monto en la economía regional es mucho dinero”.
En tanto, Daniel Rada, director del Observatorio Vitivinícola Argentino, dijo que 2023 los DEX sobre el vino, mientras estuvieron vigentes, representaron 1,4 veces la exportación de graneles (vino en contenedores), y más que la exportación de todo el jugo concentrado, quitándole mucho ingreso al sector.
Señaló que si se aplicaran retenciones “en algunos productos la exportación se torna inviable como en los jugos a concentrados y en el vino a granel, donde los márgenes no son ni siquiera del 10 o 15%, y lo que importa es la venta en volumen”. Los DEX afectan sustancialmente al vino fraccionado. Implica perder mercados en un contexto mundial de menor demanda y donde la participación argentina también viene declinando. “Es una política que no alcanzo a entender ya que el vino que es un exportador neto respecto a las importaciones que realiza y un generador de divisas”, destacó.
En el mismo sentido, Villanueva destacó que el sector vitivinícola entre vinos, jugos concentrados, uvas frescas y desecadas (pasas) exporta aproximadamente un 40% de la producción de vid de la Argentina.
Sin retenciones y con menos plantaciones
Otro de los sectores “salvados” de las retenciones es el complejo citrícola del limón cuyo epicentro está en Tucumán. Pablo Padilla, presidente de la Asociación Citrícola del NOA (Acnoa), con sede en esa provincia, confirmó que en el proyecto que se aprobaría estarán exentos de DEX tanto la fruta fresca como los aceites esenciales y la cáscara, que se exportan con diferentes destinos.
Esto le daría cierto aire a una actividad que de por sí está en problemas, dado que se están desmontando plantaciones de limones en Tucumán. Tal situación “se da como resultado de la crisis de precios de los derivados industriales, generada por la sobreoferta, lo cual ha llevado a la pérdida de rentabilidad del sector, que ha hecho que muchos productores hayan migrado a otras actividades productivas, especialmente a la producción de caña de azúcar”, explicó Padilla.
El dirigente agradeció las gestiones del gobierno y los legisladores tucumanos en el Congreso Nacional, “ya que cada uno contribuyó al objetivo de defender y visualizar que para nuestra actividad la aplicación de retenciones era un grave error, ya que no estamos en condiciones de afrontarlas”.
Finalmente señaló que “al sector le interesa seguir trabajando articuladamente con los gobiernos provinciales del NOA y el gobierno nacional en la resolución de dos temas fundamentales, que nos permitirán volver al camino del crecimiento y recuperar el círculo virtuoso de nuestra actividad. Queremos avanzar en la instalación de una planta de producción de nuevos derivados industriales (ácido cítrico, terpenos, bioflavonoides) y establecer contacto en los próximos días con la canciller Diana Mondino. Es para ayudar al presidente Milei para plantear ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos una situación de inequidad para con las condiciones impuestas para la importación en ese país al jugo de limón argentino”, anticipó.
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