(CEZARO DE LUCA/)
El juicio por la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, entró formalmente en su etapa de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Y el Gobierno de Javier Milei hizo la primera movida en esta extensa causa de más de 8 años por la que el estado argentino ya fue condenada a pagar la friolera de USD 16.000 millones, una cifra que además se incrementa con intereses día a día. En las últimas horas se presentaron los argumentos para evitar pagar el fallo condenatorio que el año pasado emitió la jueza Loretta Preska, a cargo de una corte del sur de Manhattan que trató el caso porque la petrolera cotiza en Wall Street. Básicamente, el estado Argentina insiste en que el caso no debe tratarse en EEUU.
A ese estrado acudieron en 2014 dos accionistas minoritarios que aseguran haber sido perjudicados por el accionar expropiatorio del kirchnerismo y que le vendieron sus derechos de litigar al bufete inglés Burford Capital, quien es el beneficiario principal del fallo de Preska.
En su presentación, los abogados del Estado local –Argentina está representada en EEUU por el estudio Sullivan & Cromwell y la estrategia la lleva adelante la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra– plantearon ante la Corte de Apelaciones que Preska podría haber cometió un error al ejercer jurisdicción sobre casos “que involucran las demandas de accionistas de una empresa argentina bajo la ley argentina contra la República Argentina, ya sea por cuestiones de foro no conveniente o de reconocimiento de leyes de otro país”.
“Si un tribunal extranjero permitiera a los demandantes demandar al Gobierno de los Estados Unidos bajo la ley estadounidense por conductas que ocurrieron en los Estados Unidos, creara una causa no previamente reconocida por los tribunales estadounidenses, y luego dictara un fallo de más de $2 billones (la proporción equivalente del gasto federal de los Estados Unidos el año pasado), el Gobierno de los Estados Unidos, el sistema legal estadounidense y la comunidad internacional estarían justamente sorprendidos”, agregaron los abogados que representan a Argentina, según recogió Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista en esta larga demanda contra Argentina (la empresa quedó fuera de la acusación el año pasado).
El 25 de marzo Burford presentará sus argumentos en la apelación.
Menos del 10%
“Son los argumentos iniciales para revertir 8 años de fallos adversos. Es la primera presentación en la era Milei”, detalló en X Maril. Se espera una audiencia que podrá darse en junio y según sus cálculos, basados en los tiempos que suele tomarse ese tribunal, no habrá fallo antes de fines de este año.
Además, el analista dejó un dato más que inquietante para la pretensiones del país de revertir el fallo en la instancia de apelación: “Según los datos publicados por US Courts, esta corte revierte sólo el 9,4% de los fallos emitidos por las cortes del Distrito Sur de Nueva York, donde se encuentra la Juez Preska”.
O sea, menos del 10 por ciento de chances según la estadísticas judiciales de EEUU. Parece demasiado poco y, en ese contexto, parte de la estrategia local seguramente pasará por ganar tiempo para negociar mejor.
“En enero de 2017, Argentina e YPF, presentaron en la Corte del Segundo Circuito una apelación para revertir el fallo de la Juez Loretta Preska sobre la Inmunidad Soberana (FSIA) que poseía el país para expropiar la petrolera en 2012. En julio de 2018, cerca de 18 meses más tarde, los jueces Winter, Calabresi y Chin opinaron que la Juez Preska actuó correctamente en su fallo inicial (Winter tuvo un disentimiento en un tema no relacionado con el FSIA). Hoy, 7 años después de esta primera apelación, Argentina nuevamente acude a la misma corte, esta vez intentando revertir siete (7) fallos emitidos por la Juez Preska desde 2015, incluyendo el FSIA presentado en 2017″, detalló Maril.
Embargos
A comienzos de enero, Preska confirmó que el país era pasible de embargos porque no presentó activos como garantía mientras dura la apelación.
Así, eventualmente, activos locales en el exterior, en EEUU u otros países, podrían pasar a manos del querellante. Aún no hubo noticias al respecto de Burford, quien tendría que accionar formalmente en ese sentido. Los lugares posibles para embargar no pueden ser, por ejemplo, embajadas u otras dependencias diplomáticas. En uno de sus fallos, Preska ejemplificó diciendo que los avales podrían ser parte de las acciones que el Estado tiene en YPF (algo que tiene que autorizar el Congreso) y una vieja deuda que el Ente Nacional Yacyretá tiene con el país por USD 2.000 millones.
Esos eventuales activos los tiene que encontrar y postular el querellante. Podría ser desde regalías petroleras hasta aviones de Aerolíneas Argentinas, pero en todos los casos deben contar con el visto bueno de la justicia local. En su momento, un activo embargado –por el juez Thomas Griesa, en la causa por los holdouts, en 2012– fue la Fragata Libertad, que estaba en un puerto de Ghana, en África.
En los últimos días de 2023, Milei habló del caso. Aseguró que “hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos USD 16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”. Fue la primera vez que a lo largo de esta extensa demanda –que atravesó los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Milei– un presidente argentino habló de intenciones de pagar.
No sólo eso. El mandatario dijo que va a proponer un nuevo impuesto para pagar la deuda con Burford. Lo bautizó: “tasa Kicillof”, por el gobernador bonaerense que era viceministro de Economía en 2012 y fue uno de los impulsores de la expropiación.
También en enero, Infobae estimó que la Argentina podría terminar pagando casi el triple de lo que vale actualmente la compañía. Es que la sentencia de la justicia de EEUU contra el país y otros gastos generaron un costo total de USD 26.000 millones, mientras que la petrolera tiene un actual valor de mercado que ronda los USD 9.400 millones.
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