A través de un comunicado emitido en la mañana del jueves 4 de mayo de 2023, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la imputación de cargos en contra de un exfuncionario debido a presuntas irregularidades en un proceso de contratación en el Amazonas en el que no solo incumplió, sino que presentó información falsa.
La entidad informó que Carlos Arturo Rodríguez Celis, quien ejercía en este departamento como gobernador y quien tendría a su cargo los recursos respectivos al proyecto, habría omitido las alertas proporcionadas por diferentes entidades, las cuales le solicitaban la detención del trámite en curso.
De acuerdo con el documento, la Fiscalía presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá con control de garantías a Rodríguez Celis, como el presunto responsable de irregularidades que se identificaron en el proceso de contratación de un proyecto que se enfocaba en la generación alternativa de energía.
Según indicó, el exfuncionario Rodríguez Celis se habría dirigido en marzo de 2015 ante el órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Centro, con el fin de que este espacio aprobara la iniciativa y de esta manera, cubrir los recursos necesarios para la ejecución del Sistema General de Regalías.
Se trataría de un proyecto que buscaba desarrollar una serie de soluciones estratégicas híbridas, las cuales permitirían que las comunidades indígenas de San Martín de Amacayacu, Puerto Nariño y Macedonia, pudieran acceder a energía eléctrica. Este trámite implicaría un valor superior a 26.869 millones de pesos.
Las investigaciones permitieron conocer que las comunidades ya tenían servicio de energía y otras alteraciones en la información. En este proceso, también señaló que en el trámite, desconoció varios de los requisitos fundamentales que tendría que haber considerado para lograr la autorización de dichos procesos.
De hecho, señaló que:
“… la propuesta no estaba contenida ni soportada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas 2012 – 2015, como lo exige la ley; ni tenía el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), que era la entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento”.
Por esta razón, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó cargos a Rodríguez Celis por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, sumado a fraude procesal, aunque el exfuncionario no aceptó los cargos.
Con información falsa se pretendía la viabilidad para el proyecto
La Gobernación habría presentado dos certificaciones con el fin de subsanar las anomalías. Allí, la Fiscalía encontró que una de ellas tenía información falsa con la cual se buscaba justificar la presencia del proyecto dentro del plan de desarrollo, aunque no había una mención respectiva.
Sobre el segundo documento, se trataría de una certificación que estaría suscrita a una empresa que tenía a cargo el suministro de energía, previo a la suscripción de ENAM, la cual no podía, tampoco, certificar técnicamente el proyecto presentado.
Esta información permitió que los funcionarios del OCAD, autorizaran el plan de inversión. Sin embargo, posteriormente, la Fiscalía señaló que tanto el ENAM, como el Ministerio de Minas y Energía, alertó al exgobernador: “… sobre la inconveniencia de continuar con la licitación del proceso contractual por las deficiencias previas detectadas”.
Aun así, el exfuncionario terminó por consolidar el contrato No. 955 del 21 de septiembre de 2015, señalando que tenía como objetivo poner en marcha soluciones estratégicas híbridas para facilitar el abastecimiento de energía eléctrica a las comunidades indígenas, información que luego sería verificada.
Los resultados de la investigación
La Fiscalía General indicó que el proceso investigativo permitió conocer las irregularidades de la información que presentó el exgobernador, dado que las poblaciones que se habían mencionado serían las beneficiadas del proyecto, ya contaban con el servicio de energía. Incluso, una de ellas no sería la misma que se registró en el proyecto inicial que fue presentado por la Gobernación de Amazonas frente al OCAD.
Además, en el curso de este proceso, también se pudo constatar que el objetivo al que se había dirigido el proyecto y que fue descrito en el contrato de obra no se completó.
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