Carlos Alfonso Pontón, exdirector de la cárcel Buchely en Tumaco, Nariño, fue imputado por la Procuraduría General de la Nación por presuntamente permitir a presos del penal que administraba viajar por el país. Además de ello, el sindicado habría concedido a los reos otro tipo de permisos a cambio de altas sumas de dinero u objetos de valor.
Pontón, que estuvo al frente del penal en el 2018, habría contratado la empresa transportadora que servía al centro reclusorio, sin contar con los requisitos legales. Por ello, la Procuraduría Regional de Nariño le imputó los delitos de concusión, cohecho, abuso de función pública, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
“Para la Procuraduría Regional de Nariño, por estos hechos, Alfonso Portón incurrió, presuntamente, en delitos de concusión, cohecho, abuso de función pública, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, todos ellos imputados con culpabilidad gravísima y a título de dolo”, dio a conocer la Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado en su página web.
Además, el Ministerio Público señaló que, junto con Carlos Alfonso Pontón, también iniciaron investigaciones contra Leniz Yohana Camacho, una funcionaria del centro penitenciario que también habría estado involucrada en los hechos registrados en el 2018. Estos hechos habrían incidido en que el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, hubiera anunciado algunas medidas sobre los funcionarios que laboren en las cárceles del país a comienzos del 2023.
En entrevista con RCN Radio, el director de la entidad comentó que a raíz de los reiterados casos de corrupción que registraron en los centros reclusorios en el territorio nacional, las autoridades implementaron el uso, inicialmente, de 170 cámaras en la cárcel de la Picota, en Bogotá. Él indicó que las imágenes que emiten estos dispositivos tienen un centro de control en la dirección general del Inpec y, junto con ello, la institución trabajaría en el lanzamiento de una sala de imágenes y análisis de información para erradicar esta problemática.
“Son varias estrategias las que estamos trabajando y articulando con Fiscalía y Procuraduría para lograr mejores resultados y prevenir la corrupción en los 128 centros carcelarios que tenemos a cargo”, indicó el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, a comienzos de enero del 2023.
En el mismo penal, el Inpec ha impulsado múltiples proyectos de resocialización entre guardias y reclusos que, según indicó el funcionario, generan confianza entre ambos bandos. Estas medidas crearían compromiso con las condiciones propias de los reclusos en los centros penales, además de que eliminarían las posibilidades de que presos con cierto rango establezcan su poder en los diferentes pabellones de las cárceles, lo que fomentaría los hechos de corrupción.
Y es que el panorama de la corrupción en las cárceles del país es trágico, teniendo en cuenta lo que el mismo director del Inpec le reveló a Los Informantes en mayo del 2023. El funcionario indicó que los guardias de penales como La Picota cobrarían entre $50.000 y $100.000 por permitir las visitas de los seres queridos de los reclusos.
“Le cobran por las visitas, entonces resulta que no para poder entrar a las 7 de la mañana hay que pagar una cantidad. Puede cobrar $50.000, $100.000 pesos y la movida a través de Nequi. Cobran por las visitas, cobran por el planchón, cobran por la comida y eso es lo que nos hemos dado cuenta en estos seis meses. Cada día encuentro más cosas y más cosas”, indicó el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, en mayo del 2023.
Las autoridades trabajan en la implementación de más estrategias que permitan la erradicación de este tipo de prácticas en los centros reclusorios del país, en medio de un panorama complejo, teniendo en cuenta la masiva presencia de estructuras criminales en las distintas regiones del país.
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