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El Gobierno le anticipó a un grupo de empresarios que buscará derogar la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y que eliminará los fideicomisos del trigo y el aceite como paso inicial de las medidas en las que intervendrá la Secretaría de Comercio e Industria. Por otra parte, el Poder Ejecutivo dará fin al programa de Precios Justos y pondrá en revisión las actas y multas que fueron labradas durante el mandato de Alberto Fernández.
El titular de esa cartera Pablo Lavigne tuvo una reunión este mediodía con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que también adelantó que desarmará el esquema de controles de precios y pondrá a revisión, además, las multas impuestas a empresas en el contexto de Precios Justos.
Lavigne convocó este jueves a la plana mayor del a entidad industrial para plantear sus primeros lineamientos de gestión, que estarán basados en la eliminación de regulaciones que estuvieron vigentes durante los últimos años. Algunas de esas medidas formarán parte del proyecto de ley de desregulación de la economía en la que trabaja el gobierno de Javier Milei y otras serán decisiones puntuales de Comercio e Industria.
El titular de esa cartera Pablo Lavigne tuvo una reunión este mediodía con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que adelantó que desarmará el esquema de controles de precios
Según pudo saber Infobae, en la ley ómnibus estará incluida la eliminación de tres leyes que forman parte de los reclamos más habituales en las empresas de consumo masivo: las de Abastecimiento (que data de 1974 y que tuvo una actualización en 2014), la del Observatorio de Precios (es la Ley 26.992 de fines de 2015) y la de Góndolas, más cercana en el tiempo.
La Ley de Abastecimiento faculta al Poder Ejecutivo a determinar precios, realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos, junto con la aplicación de multas, clausuras de establecimientos por 90 días, inhabilitación para recibir préstamos o beneficios impositivos. Es una herramienta en manos del Estado para actuar en caso de desabastecimiento o escasez. También daba derecho el Gobierno a establecer márgenes máximo de ganancia para las empresas.
Un antecedente ampliamente citado de aplicación de esta ley fue en 2011, cuando el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno dictó una resolución contra la petrolera Shell para que retrotraiga aumentos de naftas en los surtidores, algo que determinó bajo el amparo de esa normativa. Durante el mandato de Alberto Fernández, en el inicio de la pandemia pero también en meses posteriores, el gobierno del Frente de Todos blandió esa posibilidad en distintas ocasiones ante ejecutivos de consumo masivo o de materiales de la construcción.
Otra ley que Comercio e Industria busca derogar será la del Observatorio de Precios, una medida que creó el gobierno de Axel Kicillof a fines de 2015. Tiene como objetivo, según los fundamentos de la norma, “monitorear, relevar y sistematizar información de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios producidos, comercializados y prestados en el país”.
El Poder Ejecutivo abandonará el despliegue de controles con inspectores de manera presencial mientras que discontinuará las fiscalizaciones porque consideraron que insumían “una gran cantidad de recursos”
La tercera es la Ley de Góndolas, cuya vigencia empezó en mayo de 2021. Determina de qué manera los productos deben ser ordenados en los supermercados, en una normativa que incluye a tengan una superficie superior a 800 metros cuadrados. La ley indica, entre otros puntos, que los artículos de menor precio “deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y el último estante”.
Por fuera de las modificaciones normativas, el Poder Ejecutivo abandonará el despliegue de controles con inspectores de manera presencial mientras que discontinuará las fiscalizaciones porque consideraron que insumían “una gran cantidad de recursos” para supervisar in situ el cumplimiento de precios acordados, stock y la exhibición de productos de acuerdo a la ley. En paralelo, el fin de Precios Justos implicará una revisión de actas y multas que el Gobierno anterior haya impuesto por incumplimiento de ese programa.
Por último, los fideicomisos del trigo y del aceite al finalizar el año dejarán de tener vigencia y no serán renovados. El Gobierno de Fernández los había creado tras la suba de los precios internacionales de los alimentos por la guerra en Ucrania como mecanismo para subsidiar al consumidor el precio de productos a base de harina y aceites en botella.
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