(Jorge Torres/)
En junio de 2020 el Estado de Nicaragua donó al señor Javier Ernesto Morales Cuadra una rica y apetecida propiedad playera de 4.3 hectáreas llamada “Pie de Gigante”, localizada en una península del municipio costero de Tola, departamento de Rivas.
La justificación que esgrimió la Procuraduría General de la República (PGR) para la donación de la propiedad estatal es que el señor Morales “ha estado en posesión sin título legítimo, de manera pública, pacífica y de buena fe, durante un período de más de 10 años”.
“Dando cumplimiento a la función social del Estado de la República de Nicaragua, reconoce los derechos posesorios”, apuntó la PGR.
Sin embargo, una investigación periodística conjunta, impulsada por las plataformas Artículo 66, Darío Medios y Nicaragua Investiga descubrió que Javier Ernesto Morales es uno de los asistentes del dictador Daniel Ortega, y que según los vecinos del lugar nunca ha vivido en la zona.
No solo eso. Las tierras fueron rápidamente vendidas a un empresario que construye un complejo turístico y ofrece lotes en el mar a través de internet a quien quiera comprarlos.
“El principal hallazgo de la investigación es que dimos con un asistente de Daniel Ortega. La propiedad había sido donada por el Estado a un supuesto campesino bajo el argumento que tenía 10 años de vivir en esa zona, pero ese campesino luego se la había vendido a un gran empresario inversionista de la zona del Pacífico”, explica Álvaro Navarro, director de Artículo 66, uno de los medios de comunicación integrados en la investigación.
Otro personaje que resultó premiado con la generosidad de Estado es la señora Sonia Elisa Martínez Téllez quien recibió como donación una propiedad de poco más de tres hectáreas en la comarca San Antonio, del mismo municipio costero de Tola.
Sonia Elisa Martínez Téllez es esposa de Javier Ernesto Morales Cuadra. Antes fue pareja sentimental de Rafael Ortega Murillo, el hijo mayor de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con quien procreó un hijo llamado Laureano Ortega Martínez, según los datos expuestos por la investigación.
“Martínez Téllez y Javier Ernesto Morales Cuadra están casados y son padres de la joven Rosalinda Javiera Morales Martínez, quien se desempeñaba como asistente de Camila Ortega Murillo, hija de los dictadores, hasta que falleció en agosto de 2020 en un accidente de tránsito en Managua”, indica.
El Estado también donó a Javier Ernesto Morales Cuadra una propiedad de poco menos de una hectárea (10,914.81 varas cuadradas) en Punta Teonoste, comarca Las Salinas, situada también en las costas del Pacífico.
La familia Morales Téllez pertenece al círculo inmediato de empleados que rodea a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, cuyo patrón es contratar familias enteras con el propósito de ejercer mayor control sobre el comportamiento de cada uno de ellos. A Javier Ernesto Morales Cuadra se le puede ver en videos o fotografías asistiendo al dictador nicaragüense.
Todo queda en familia. Javier Ernesto Morales Cuadra es hermano mayor de Eduardo Germán Morales Cuadra, alguien que aparece como socio en ocho de las 22 empresas que la familia presidencial usa para hacer negocios con el Estado, según una investigación del periodista Octavio Enríquez, publicada en Confidencial, sobre los testaferros de Daniel Ortega.
La familia gobernante de Nicaragua maneja una intricada red de negocios que alcanza a por lo menos 22 empresas de diferentes ramas de la economía, forjadas tras el regreso de Daniel Ortega al poder y “apuntalada en la apropiación privada de la millonaria cooperación estatal proveniente de Venezuela, calculada en 5.000 millones de dólares entre 2007 y 2016″, expuso la investigación de Enríquez.
Ese conglomerado empresarial de la familia presidencial es manejado por un círculo estrecho de 18 ejecutivos y cinco abogados, parientes o cercanos la familia presidencial.
Eduardo Germán Morales Cuadra, uno de ellos, aparece como socio de Radio Ya, una de las principales emisoras del conglomerado de medios que defienden al régimen de Ortega. Además, según los trabajos publicados recientemente, es dueño del 30 por ciento de Royal Realty, una empresa en la que Sonia Elisa Martínez Téllez, la esposa de su hermano Javier, aparece como propietaria del 35 por ciento.
Otro personaje es el inversionista que compró la propiedad donada a Javier Ernesto Morales Cuadra. Se trata de Armel González, un empresario que se hizo famoso en 2007, cuando Ortega recién había llegado al poder, porque denunció en el programa televisivo Esta Semana que estaba sufriendo extorsión de parte de personeros del gobernante partido Frente Sandinista, quienes le exigían cuatro millones de dólares para solucionarle un conflicto de propiedad en Tola.
“A nosotros nos despertó interés y resultó muy sospechoso, que Armel, habiendo sido enemigo del Frente Sandinista, luego pase a ser aliado, hasta el punto que negocios en los que hay una persona que creíamos en ese momento que era un simple campesino, le hubiera traspasado después una propiedad que está siendo vendida en más de tres millones de dólares”, señala Navarro.
González está vendiendo la propiedad comprada a Javier Ernesto Morales Cuadra en una página que se llama www.oxigenoni.com, donde se ofrecen lotes a precios que oscilan entre los 154,000 y 243,000 dólares.
Esta zona costera se volvió apetecible para la familia Ortega Murillo porque el Estado comenzó hace unos meses a construir una carretera costanera que elevara exponencialmente el precio de las propiedades por donde pase.
La investigación periodística, que comenzó hace tres años, comprobó que en la zona se encuentra maquinaria de la alcaldía local y empresas constructoras trabajado sobre el terreno que hasta hace pocos años era prácticamente inaccesible.
La finca Miramar, con 835 hectáreas (1,180 manzanas) en la zona, aparece como propiedad de José Mojica Mejía, un conocido testaferro de los Ortega Murillo, quien incluso fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en julio de 2020 porque “actúa como representante personal de Ortega, creando compañías fantasmas para lavar dinero y ocultar su propiedad y ganancias ilícitas”.
“Esas tierras van a tener muchísimo más valor y serán mucho más atractiva si al final los destinan para grandes complejos turísticos o para grande espacio hoteleros, por la carretera costanera y porque además están en una zona paradisíaca del Pacífico Sur del país”, apunta Álvaro Navarro.
La carretera costanera, que se construye con un préstamo de 380 millones de dólares financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está diseñada para pasar frente a las propiedades donadas a los cercanos a Ortega y a la finca Miramar.
“Nosotros pudimos conversar con empresarios de pequeñas inversiones hoteleras y turísticas en la zona de Tola y a ellos les preocupa que gente como Armel González esté entrando en ese proceso de inversiones porque saben que son grandes cantidades de dinero que se están moviendo para ahí, pero sobre todo con ese mecanismo de donación que está usando el Gobierno”, dice Navarro
“El temor es que mañana declaren sus propiedades de utilidad pública, les paguen o no les paguen, o simplemente se las arrebatan y le digan por aquí va a pasar un proyecto de interés nacional como lo han hecho siempre”, añade.
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