La cadena de complicidades en el encubrimiento del crimen del futbolista juvenil Lucas González, ocurrido en el barrio de Barracas en noviembre de 2021 a manos de tres agentes de la Brigada de la Policía de la Ciudad, podría haber tenido eslabones clave en la cúpula de la fuerza de seguridad del Gobierno porteño. Dos defensores de los acusados, y luego el fiscal del juicio y el abogado de las víctimas, pidieron a la Justicia que se investigue el rol del jefe de la fuerza Gabriel Oscar Berard.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°25, a cargo del juicio contra 14 agentes por el homicidio y posterior encubrimiento del crimen de Lucas, ordenó al final de la audiencia de este martes extraer testimonios y remitirlos a la Justicia de instrucción para que el fiscal Leonel Gómez Barbella investigue el rol de Berard.
El fiscal de instrucción varias veces había pedido la detención del comisario mayor Fabián Lencina, responsable del Área II de la Policía de la Ciudad -a cargo de las comunas 4, 8 y 9-, inmediatamente “abajo” de Berard en la jerarquía. Sin embargo, los jueces se lo negaron. Gómez Barbella podrá pensar esta semana que, entonces, quizás no estaba equivocado en involucrar en la hipótesis a las máximas autoridades.
Habrá que ver cómo sigue ahora su investigación, que permanece en marcha tras la detención reciente de Facundo “Cachorro” Torres, apuntado en la secuencia del encubrimiento.
El TOC 25 avanzó en la investigación contra Berard después de que Guillermo Pérez de la Fuente, fiscal del juicio, y Gregorio Dalbón, abogado de las víctimas del crimen, pidieran que la Justicia actúe con rapidez como consecuencia de lo dicho en los alegatos de las defensas de dos de los policías acusados por el encubrimiento en el que se intentó hacer pasar el asesinato como un enfrentamiento armado y, para eso, se “plantó” un arma de juguete en el auto de los chicos que salían de entrenar en el club Barracas Central, en un predio adentro de la villa 21-24 porteña.
El primero que dejó la sospecha de la participación de Berard fue Augusto Nino Arena, defensor del inspector Héctor Cuevas, el hombre que semanas atrás se “quebró” y contó cómo fue que el agente de la Brigada Gabriel Isassi -uno de los acusados de matar a Lucas- plantó el arma en el Volkswagen Suran con la ayuda del oficial Torres (recientemente detenido y procesado) y después de recibir la orden del subcomisario Rubén Orlando Inca, segundo en el orden de jerarquía de la Brigada 6 de la comuna 4.
”Cuando declaró (Marcelo) D’Alessandro (ex ministro de Justicia y Seguridad porteño) dijo que el jefe de Policía le contó que hubo un enfrentamiento armado. ¿Vamos a creer que el jefe de Policía de la Ciudad no sabía nada? Cuevas le tiene pánico a esta gente, pánico por su vida, la de sus hijas y esposa. ¿Realmente ustedes creen que el jefe de Policía no sabía?”, preguntó Arena a los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu.
Arena está convencido de que la cúpula de la fuerza, no solamente Berard, estuvo al tanto del encubrimiento. Cree que en cuestión de minutos la jerarquía policial de la Brigada y de la comisaría 4D debieron avisarle. “Estos tipos no hacen nada sin el aval de arriba”, comentó en los pasillos de tribunales al salir de su alegato.
Más contundente con la acusación fue Natalia Arévalos, hermana y defensora del policía Ángel Darío Arévalos (34), otro de los 11 acusados por el encubrimiento en este juicio, y uno de los primeros policías en llegar a la esquina de Alvarado y Pedriel, donde se detuvo el auto de las víctimas después de haber sido acribillado a tiros por los agentes Gabriel Isassi (42), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (38).
“La madre de Lucas merece saber la verdad. Quienes son los verdaderos encubridores de esto no son los de menor jerarquía sino que viene de más arriba”, dijo la abogada.
Arévalos contó que se reunió con las autoridades de la Policía de la Ciudad el 23 de febrero de 2022, dos meses después de la detención de su hermano, para quien pidió la absolución. ”Pensábamos que nos iban a dar una respuesta y la verdad que nos encontramos con lo peor que le pueden decir a una familia en ese momento, ya que el jefe de Policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: ‘Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros’”, relató.
Y agregó: “Le respondí: ‘Si ustedes me afirman que mi hermano es inocente es porque saben quién es responsable’, a lo que se miraron y no dijeron nada. Yo ahí entendí que no teníamos en quién confiar”.
“Berard sabía”, aseguró Gregorio Dalbón a Infobae. “No se puede no saber en un hecho de estas características. Se cortaron 800 metros cuadrados para delimitar la zona, en un River-Boca se corta menos. Ocho manzanas. Las autoridades de la Policía no podían no estar al tanto del crimen y del encubrimiento”, agregó el querellante.
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Para Dalbón, que en otras causas ajenas a este caso defiende a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, opinó sobre la versión de Arévalos: “Lo que hace ruido es que ellos mismos decían es un tema político pero este tema nunca fue político. El carácter de político se lo terminan dando ellos. Se acordaron bastante tarde de decir que esta gente sabía. ¿Por qué? Porque están convencidos de que van a la cárcel, que será una sentencia de penas altas y condenatorias y los dejaron solos”.
En ese sentido, el abogado consideró que no hay responsabilidad política en el crimen de Lucas y el posterior encubrimiento. “El mismo día del hecho D’Alessandro puso a disponibilidad a los tres tipos. No le damos responsabilidad, pero era imposible que los partes que mandaban los mandos intermedios no les lleguen a los jefes policiales”, agregó.
Berard fue formado en la Policía Federal Argentina. Ingresó en 1982 y estuvo hasta 2017, cuando fue transferido a la Policía de la Ciudad, donde cumplió funciones como Superintendente de Operaciones y Subjefe y donde es el jefe máximo desde 2019.
El juicio continuará el próximo jueves a las 9. Alegarán las defensas del comisario inspector Daniel Alberto Santana (43), y de los comisarios Fabián Alberto Du Santos (52) y Juan Horacio Romero (51), y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), también juzgados por el encubrimiento del hecho y la omisión en las torturas a los sobrevivientes.
Se espera que el martes 4 de julio sea el alegato de los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi, defensores de los principales acusados, Isassi, López y Nieva, para quienes el fiscal Pérez de la Fuente pidió la pena de prisión perpetua.
Para el jueves 6 de julio se programó el alegato del abogado del oficial Sebastián Jorge Baidón (28), otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento, pero puntualmente por la tortura a los sobrevivientes. Finalmente, el veredicto se daría a conocer a más tardar el 13 de julio en Comodoro Py.
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